Hay veces (demasiadas) en las que la institucionalidad choca estrepitosamente con la democracia misma, uno de cuyos puntales para que funcione y sea lo más perfecta posible es la transparencia. Y no, no es una cuestión periodística: las líneas entre seguridad y falta de transparencia son bastante obvias y fáciles de demostrar, por ejemplo; o, lo que es lo mismo, utilizar la excusa de la seguridad institucional para hurtar información a la opinión pública es un pésimo signo de pobreza democrática. Éste es quizás un caso extremo -aunque sigue siendo recurrente- de la falta de transparencia en las democracias, pero no es el único.

Asisto con estupefacción -aparte de la repugnancia que me provoca la corrupción, particularmente, con muertos encima de la mesa- al debate que se ha dado en el seno del Gobierno, del PSOE, del Poder Legislativo o en los medios, sobre todo, sobre si la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado tras el rey y el presidente del Gobierno, debe comparecer y explicar el contrato no satisfactorio de compra de mascarillas a la empresa principal de la trama Koldo, llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, cuando Francina Armengol era presidenta de Illes Balears. Es cierto que a los periodistas que hemos preguntado por este asunto estos días a los exresponsables autonómicos socialistas durante la pandemia, se nos han suministrado datos, documentos y explicaciones, salvo uno que entiendo crucial: cómo y quién contactó con el Govern balear para que fuera la empresa presuntamente corrupta y no otra la elegida para suministrar las mascarillas a las Illes, sobre todo, cuando La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura la rechazaron. 

Por lo que vamos conociendo, es fácil imaginar por qué -en unas circunstancias tan difíciles e inéditas de enfermedad y muerte- y quién (o en nombre de quién) consiguió esos contratos, pero quiero creer que Armengol responderá este martes a esa y otra preguntas. La presidenta de la Cámara Baja ha decidido saltarse la excusa cursi del "Es que es la tercera autoridad del Estado ..." y va a comparecer públicamente en las próximas horas para explicar cómo se llegó al contrato con la empresa presuntamente corrupta; por qué se guardaron las mascarillas si no eran las solicitadas (FFP2), sino las menos seguras (KN95, las quirúrgicas), o si es verdad que se reclamó el dinero a la trama Koldo y el nuevo Govern balear del PP frenó esa devolución, como asegura el PSOE blandiendo datos que lo confirman. Veremos.

Lo cierto es que ante un caso como éste, tan grave y repulsivo, no caben formalismos y son los propios interesados puestos en cuestión quienes tienen que dar todas las explicaciones, sean la tercera autoridad del Estado o la primera, de la cual, por cierto, mucho hemos escrito en Público sobre esas "explicaciones" que aún espera, desde hace años, la segunda autoridad del Estado, Pedro Sánchez, del rey emérito sobre sus andanzas, comisiones, fortuna oculta, ... durante cuatro décadas de Jefatura de este pobre Reino. Ni reyes ni presidentes ni ministras ni consejeros ni alcaldes: explicaciones políticas, siempre, porque la opción del silencio es el peor de los síntomas tras la mentira, para acusar o para defenderse. Ahí tienen a Juan Carlos, que con su silencio y sus mentiras, ha pasado de ser la primera autoridad del Estado a ostentar el título de corrupto aventajado de España. Y tan feliz.

Armengol se aferra a que almacenó las mascarillas del 'caso Koldo' para poder reclamar el dinero a la empresa