Han pasado seis años desde que más de 150 países adoptaran el Pacto Mundial para una Migración, Segura, Ordenada y Regular. De todo ese título, la realidad es que las personas siguen migrando, la gran mayoría no puede hacerlo de manera regular, ni ordenada, por el contrario para muchas supone jugarse la vida.  

Poco o nada se ha avanzado desde entonces en la apertura o articulación de vías regulares de entrada. Al contrario, se está imponiendo un modelo cada vez más restrictivo de la movilidad, priorizando el cierre de fronteras y su securitización. Un claro ejemplo es la adopción del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que implica un marco más restrictivo de derechos y un refuerzo del control de fronteras exteriores de la Unión Europea, alejándose así de los principios con enfoque de derechos humanos que vertebran el Pacto Mundial, que debería ser el referente.   

Se han impuesto las posturas más duras dentro del Consejo de la Unión Europea que enarbolando conceptos como "instrumentalización" o "crisis" abren agujeros negros en el derecho internacional de los derechos humanos, consolidando la inclusión de la infancia en procedimientos rápidos de frontera (en contradicción con el interés superior de los niños/as y el derecho al asilo), el refuerzo de la externalización de fronteras y el descarte de las vías legales y seguras. Si ese es el marco en el que se van a mover las políticas migratorias españolas, desde luego nuestro país no podrá cumplir el compromiso de una migración con derechos.  

Para ver cómo vamos con los deberes, hace pocas fechas tuvo lugar la revisión regional sobre la implementación del Pacto de Europa, Asia Central y América del Norte, organizado por la Red de Migraciones de Naciones Unidas. Un encuentro que España co-presidió, lo que debería ser un signo de que se toma este asunto en serio.  

Sin embargo, el informe "Miradas de la sociedad civil: evaluación y perspectivas antes la revisión regional europea del Pacto Mundial de Migraciones", presentado en esta revisión por varias organizaciones sociales, alerta sobre los lentos avances de España en la incorporación efectiva de medidas que garanticen los derechos de las personas migrantes en el marco de las políticas públicas. Aunque hay algunos avances, estos son deficientes y no se aplican a todas las personas. Por ejemplo, la Ley de Igualdad de trato deja fuera a las personas migrantes en situación irregular o la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería que, aún con mejoras, lejos de abrir vías legales y seguras, mantiene largos períodos de irregularidad sin reconocimiento de derechos. Estas deficiencias también las señalan los órganos encargados de evaluar el cumplimiento del Pacto. Es de destacar el pronunciamiento de la ONU que calificó de inaceptable la defensa que España y Marruecos hicieron de los hechos ocurridos en la valla de Melilla en 2022, en un incidente que costó la vida al menos a 37 personas y cientos resultaron heridas.  

Este foro, en el que participan los Estados y la sociedad civil, también podría haber sido una oportunidad para la colaboración y el diálogo regional. Sin embargo, hay que lamentar que el formato de este espacio en el que los Estados se limitan a informar sobre las medidas adoptadas para la implementación de los objetivos establecidos y la sociedad civil a poner de manifiesto las deficiencias en su implementación, se desaprovecha una ocasión única para articular un foro de diálogo real. 

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Dicho esto, hay mucho margen de mejora. La externalización de la seguridad de las fronteras, las devoluciones en caliente, los Centros de Internamiento de Extranjeros y las pruebas de determinación de la edad a menores, son cuestiones urgentes que España debe resolver. Igualmente, para cumplir con las recomendaciones realizadas por Naciones Unidas sería necesario avanzar en dos frentes: mejorar la actual normativa de extranjería que limita y dificulta las vías de entrada regular y adoptar medidas concretas para garantizar los derechos de las personas migrantes, particularmente aquellas en situación administrativa irregular, que no están suficientemente protegidos. 

España tiene la enorme responsabilidad de poner los cimientos para construir una sociedad más cohesionada. De lo contrario corremos el riesgo de tener una sociedad a dos velocidades: personas autóctonas con derechos y migrantes sin derechos. Es necesario invertir más en inclusión que en securitización.  

Nota:  

Las organizaciones Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Catalunya (CASC), CONVIVE Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge y Asociación Rumiñahui, responsables del informe (en el que han colaborado más de 40 organizaciones, especialmente de personas migrantes) impulsan la Red de seguimiento de la sociedad civil del Pacto Mundial para las Migraciones, a la que pueden adherirse más organizaciones.

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