Profundamente dividido, el Congreso estadounidense sopesa abrir una comisión de investigación para establecer responsabilidades y determinar quién, dentro del Gobierno de George Bush, autorizó el uso de la tortura contra algunos de los sospechosos del 11-S.

El asunto promete complicarse. El fiscal general (cargo equivalente al de ministro de Justicia), Eric Holder, anunció ayer que en la medida de lo posible desclasificará nuevos informes de la CIA 'para permitir un mejor entendimiento de lo ocurrido'. Holder, que decidirá si se enjuicia o no a funcionarios de Bush implicados en los abusos, se limitó a repetir que los que actuaron 'de buena fe, siguiendo las directrices que se les dieron', es decir, los agentes de a pie 'no serán llevados ante los tribunales'.

La tormenta desatada tras la difusión de informes secretos de la CIA que detallan el uso de la asfixia simulada, entre otras técnicas brutales, y las revelaciones de dos comisiones del Senad o, han cavado trincheras ideológicas en el Capitolio, algunas de ellas en el seno del propio partido demócrata.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha pedido que se convoque una comisión de la verdad para determinar responsabilidades, pero su colega en el Senado, Harry Reid, se ha opuesto a la idea. Otros, como el representante por Vermont, Patrick Leahy, han pedido que la investigación llegue a lo más alto del escalafón.

Los republicanos han montado en cólera. En un comunicado conjunto, el senador y ex candidato presidencial, John McCain, y dos de sus colegas, Joseph Lieberman (ultraconservador) y Lindsey Graham, aseguraron que enjuiciar a funcionarios de Bush podría perjudicar la acción de la CIA, cuando 'el país está en guerra'.

En un virulento editorial, el Wall Street Journal, acusaba ayer a Obama poco menos que de traición. 'El presidente ha inyectado a nuestra política un veneno que él y el país vivirán para lamentar', decía.

Pero las críticas no sólo vienen de la derecha. La Unión de Libertades Civiles, que pidió la desclasificación de los informes de la CIA, teme que una comisión de la verdad deje en manos de unos legisladores divididos por rencillas políticas un tema que debería juzgarse ante un tribunal. Piden al menos que se nombre a un investigador especial para poder llevar el caso ante la justicia.

'Si empiezas una comisión de la verdad lo complica todo', declaró Michael Ratner, presidente del Centro por los Derechos Constitucionales.

Como resaltaban ayer varios especialistas en la prensa estadounidense, será muy difícil enjuiciar a los que decidieron autorizar la tortura, tanto a los expertos, como a la cúpula del Gobierno.

'Los que quieren que rueden cabezas se van a sentir frustrados', opinaba Daniel Richman, profesor de derecho criminal de la Universidad de Columbia. Los expertos argumentan que, aunque se determinen culpables como los consejeros legales del Departamento de Justicia Jay Bybee, Steven Bradbury y John Yoo, autores de los informes desclasificados, será muy complicado elaborar un dossier sólido.

Entre los nuevos responsables en el punto de mira se encuentran ahora la ex consejera de Seguridad, Condoleeza Rice, y el ex vicepresidente Dick Cheney. Si el informe del Comité de Servicios Armados apuntaba el pasado martes hacia el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, como principal instigador de la generalización de la tortura, otro informe, el del Comité de Inteligencia, acusa a Rice y a Cheney de ser los máximos responsables.

Sitúa a la consejera en varias reuniones clave celebradas a principios de 2002, en las que se empezaron a elaborar las nuevas instrucciones para la CIA. Subraya también que responsables considerados poco receptivos a la nueva estrategia, como el entonces secretario de Estado, Colin Powell, fueron informados mucho después, en septiembre de 2003.

'Los informes de la CIA demuestran que la Secretaría de Justicia que dio su visto bueno a las nuevas técnicas de interrogatorios en agosto de 2002 no operó en el vacío', declaró el demócrata John Rockefeller, ex presidente del Comité de Inteligencia del Senado. 'El entonces vicepresidente y la consejera estaban en el centro de estas discusiones' aseveró.

Janis Karpinski, la ex general que fue degrada por admitir que en Abu Ghraib se practicaron torturas cuando ella era responsable, acusó ayer al Gobierno de George Bush de ordenar aquellos abusos. Karpinski siempre defendió que los maltratos a detenidos “no se diseñaron solos” y denunció la implicación de altos funcionarios.