No corren tiempos tranquilos para la Corona de Inglaterra. La semana pasada el diario The Guardian acusaba al príncipe Carlos de intentar influir en las decisiones del Gobierno británico tratando de favorecer a sus organizaciones.

Este lunes el diario The Independent vuelve a la carga. El periódico ha ganado una batalla legal de tres años y tendrá acceso a las cuentas de la reina Isabel II.

Ambas informaciones vienen del mismo sitio: la correspondencia entre Buckingham Palace y Whitehall. Con más de un centenar de cartas enviadas desde palacio a la sede del Gobierno, dicho periódico quiere demostrar que el gasto público destinado a la reina va cada vez más en aumento.

El primer ministro, Gordon Brown, y la Casa Real llevan tiempo moviendo los hilos legales para impedir la publicación de dicha correspondencia. La Comisión de Información del Reino Unido ha decidido que no hay motivo para ocultarla.

Su subdirector, Graham Smith, dijo al diario que el interés del público en este caso está por encima del derecho de la Familia Real: 'La publicación de estos documentos puede ayudar a que el público tenga un mayor conocimiento y comprensión sobre el gasto público y el patrimonio de la Casa Real'.

Entre otras cosas, el Gobierno argumentaba que la publicación de esas cartas podría entorpecer la comunicación de la Casa Real con los ministerios.

Estos términos, según la Comisión, no son correctos ya que desde su punto de vista lo que hará será 'aumentar la transparencia y el control' sobre los temas de la Casa Real.

Algunos diputados criticaron recientemente el aumento en el gasto de la Corona. En 2009, la Casa Real gasto 42,5 millones de euros, 2 millones más que el año anterior. El príncipe Carlos, sólo en 2008, gastó 3 millones y medio de euros.

El diario cree que la publicación de esta correspondencia ayudará a conocer cómo ha llevado la crisis económica la reina.

Palacio, como cabía esperar, no ha reaccionado bien. Conscientes de lo que se puede venir encima, la Casa Real se quejó en un comunicado de que 'es un derecho fundamental de nuestra constitución que las conversaciones de la reina con los ministros tengan un carácter confidencial. La información que va a ser publicada no es la que realmente tiene interés para el público'.