El Parlamento Europeo ha aprobado este martes en Bruselas una estrategia global para luchar contra la violencia machista en la los 27 países de la Unión Europea, que incluye medidas como la obligación por parte de los estados miembros de garantizar la defensa legal gratuita para las mujeres maltratadas. 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento ha presentado en Pleno un informe, que no tiene carácter vinculante, que insta al aumento del nivel de protección y asistencia de las mujeres que sufren violencia machista dentro de los límites de la Unión. 

La Eurocamara ha respaldado con amplia mayoría el texto que propone la redacción de una carta europea de servicios mínimos de asistencia para las víctimas de la violencia contra las mujeres, entre los que 'debería' incluirse  el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Además, el documento solicita que los países se aseguren de que los agresores 'son castigados de acuerdo con la gravedad del delito' y  que quede garantizada 'la formación de funcionarios especializados' sobre este tema, así como la puesta en marcha de centros de ayuda y acogida para las mujeres maltratadas; servicios que ya existen en España. 

No es delito algo que no está tipificado como tal, por lo que el texto insiste en la necesidad de la tipificación propia del delito de violencia machista.

Este punto ya está incluido en la legislación española, pero no está reconocido en toda la Unión ya que, en algunos países, la violencia de los hombres contra las mujeres en forma de violación 'no se considera un delito perseguible de oficio'.

Es 'una de las formas más graves de violación de los derechos humanos' Para poder condenarlo, el texto pide que se defina la violencia contra las mujeres como 'una de las formas más graves de violación de los derechos humanos' por motivos de género, y destaca la necesidad de sacar a la luz 'el fenómeno oculto' de la violencia doméstica contra otras víctimas como niños, hombres y personas de edad avanzada.

La formación se destaca como un elemento básico de protección y localización, por lo que se plantea el desarrollo de métodos más eficaces de detección de este tipo de violencia, y en particular, la elaboración de protocolos de investigación específicos para la policía y los profesionales del sector sanitario capaces de obtener pruebas de los abusos.

En el mismo sentido, se propone la oferta de formación específica sobre violencia de género para jueces, funcionarios de la policía criminal, profesionales de la salud y la educación y personal de apoyo a las víctimas.

También queda incluido en el informe la solicitud a la Comisión de poner en marcha un observatorio de la violencia contra las mujeres a nivel europeo, una medida destinada a evaluar el alcance de este problema en toda la Unión Europea y que ya han respaldado los países miembros.

Según los datos que maneja el informe, la Unión Europea emplea 33.000 millones de euros anuales en los problemas derivados de la violencia machista, que afecta a una de cada cuatro mujeres.