Un total de 355 presos murieron el martes en el incendio registrado en la Granja Penal de Comayagua, situada en el centro de Honduras. Es la cifra definitiva de las víctimas que ha ofrecido la Fiscalía.

Una fuente del Ministerio Público ha informado de que el dato incluye a dos reclusos que fallecieron en hospitales donde eran atendidos por las heridas que sufrieron durante el siniestro, cuyas causas investigan las autoridades. De momento, se barajan dos hipótesis: un cortocircuito o la posible responsabilidad de dos reclusos, que podrían haber incendiado un colchón para escapar de la cárcel.

Esta madrugada finalizó el traslado de la totalidad de los cuerpos a Tegucigalpa, donde equipos forenses ya trabajan en la identificación de las víctimas. Por su parte, el fiscal General, Roy Urtecho, ha trasladado a la prensa local que los restos de los reos que fallecieron en los hospitales fueron entregados a sus familiares. Una treintena de reclusos fueron llevados a dos hospitales de Comayagua y Tegucigalpa, para ser atendidos por quemaduras y fracturas, y algunos ya han sido devueltos al penal, situado a unos 80 kilómetros de la capital hondureña.

Los familiares de las víctimas han pedido que se agilice la identificación de los cuerpos para que se los entreguen, aunque las autoridades han aclarado que esa tarea 'llevará tiempo'. En ese sentido, el secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo, presentó anoche una moción para que se permita la entrega sin autopsia de los cuerpos de los reos que puedan ser identificados por sus parientes, ha informado este jueves la prensa local.

Entre las víctimas de la que ha sido la peor tragedia en los 24 centros penitenciarios hondureños se encuentran un mexicano, un guatemalteco, un salvadoreño y un brasileño, cuyas identidades no fueron reveladas, según informó el diario La Prensa de Honduras, que cita declaraciones de la coordinadora de fiscales del Ministerio Público, Danelia Ferrera.

Tras conocer lo ocurrido, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, decidió destituir al director del sistema penitenciario del país y al responsable de la Granja Penal de Comayagua, con el objetivo de que la investigación se desarolle con 'total transparencia'.