Treinta líderes históricos del Consejo Mayor del Río Anchicaya, en Colombia, han emprendido una marcha a la capital del país para exigir al Gobierno y al poder judicial que hagan cumplir las decisiones judiciales para reparar a sus comunidades por el vertido tóxico que hace veinte años provocó en la zona la empresa gallega Unión Fenosa, hoy propiedad de Naturgy.

Los líderes comunitarios, que el año pasado ganaron el Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia, se manifestarán el próximo 1 de diciembre por las calles de Bogotá para llevar sus reivindicaciones ante la sede del Ministerio de Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la Corte Constitucional, el equivalente al Tribunal Constitucional español.

"Hacemos un llamamiento a comunicadores, prensa, periodistas, activistas y defensores de los derechos Humanos y demás interesados a que nos acompañen en esta Manifestación Por la Dignidad del Río Anchicayá y de sus Comunidades", aseguran en un comunicado.

En el año 2001, la empresa gallega Unión Fenosa, fundada por el franquista Pedro Barrié de la Maza y que gestionaba la explotación hidroeléctrica del embalse sobre el río Anchicayá, a unos 500 kilómetros al suroeste de Bogotá, abrió las compuertas de la presa y vertió 500.000 metros cúbicos de lodos putrefactos que se habían acumulado en ella durante decenios.

El vertido envenenó el cauce y los cultivos aledaños y acabó con los ecosistemas piscícolas y vegetales de la zona, de los que vivían alrededor de 6.000 personas.

Muchas de ellas han tenido que abandonar sus viviendas en los últimos años, en varios procesos de desplazamientos masivos de población, al no poder mantener sus modos de vida y ante las amenazas de los grupos armados que operan en la zona, que pretenden ahora beneficiarse de las indemnizaciones que les corresponderían.

En el año 2009, la justicia colombiana condenó a Unión Fenosa a pagar a las comunidades y familias afectadas 34 millones de euros, que éstas nunca recibieron. Además Naturgy, que con su antigua marca -Gas Natural- acababa de adquirir la compañía gallega, decidió vender su filial colombiana a Celsia, sociedad del grupo Argos, una multinacional local de la construcción.

Ni Naturgy ni Argos cumplieron tampoco su compromiso con el Gobierno colombiano de reparar los daños medioambientales sobre el río y su entorno, ni de llevar a cabo proyectos de desarrollo local sobre la economía de la zona para devolver a los pobladores sus medios de vida.

Las comunidades también pretenden que Colombia declare al río Anchicayá como sujeto de derechos, y han pedido a Naturgy que reconozca el daño causado por el vertido de Unión Fenosa. Ese reconocimiento constiuiría una "reparación moral" que, aseguran, serviría para demostrar que el compromiso con la defensa de los derechos humanos y medioambientales de la compañía que preside Francisco Reynés no es una mera creación de imagen de marca carente de contenido.

"Este caso histórico puede marcar la legislación en Colombia referente a la protección de los ríos y también a la responsabilidad social y ambiental de las empresas", aseguran las comunidades indígenas, que recuerdan que su trabajo ha recibido en los últimos años el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, así como de organizaciones internacionales y nacionales como International Rivers, Earth Low Center, Red Internacional de Derechos Humanos, Abogados sin Fronteras Canadá, Global Greengrants Fund, Fundo Casa Socioambiental, Movimiento Ríos vivos, Censat-Agua Viva, Onuira, EDLC - Environmental Defender Law Center y el Colectivo Human Conet, entre otros.