La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, la Unión Europea y la propia ONU, ha mostrado su preocupación unánime por la situación del Estado de derecho en El Salvador tras la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general por parte de la Asamblea Nacional, con el apoyo del presidente Nayib Bukele, que tuvo enfrentamientos en más de una ocasión con estos funcionarios por decisiones judiciales e investigaciones del Ministerio Público.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, es la personalidad de mayor rango que se ha pronunciado por el gobierno de EEUU, con el que el Ejecutivo de Bukele no pasa por su mejor momento. "Tenemos profundas preocupaciones por la democracia de El Salvador, a la luz de la decisión de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la Corte Suprema. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte", ha defendido Harris.

Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente de EEUU Joe Biden, también criticó la petición. "Así no se hace", escribió en español en su cuenta de Twitter el alto cargo, al reaccionar a un mensaje que publicó en la misma red social el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco. 

La ONU y la Unión Europea (UE) se han sumado a las reacciones. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes a El Salvador respeto a la Constitución y a la separación de poderes para mantener los avances democráticos que el país alcanzó tras 12 años de guerra civil (1980-1992). 

El pronunciamiento de la Unión Europea (UE) fue más crítico al considerar las acciones del Legislativo, respaldadas por Bukele, como un atentado contra el Estado de derecho; es decir, en la mima línea de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, que emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la decisión por atentar contra el sistema de gobierno. "Las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 1 de mayo (...) atentan contra el Estado de derecho y la separación de poderes en el país", según un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior.

La UE dijo que espera que "los derechos legales y la integridad física de los magistrados estén garantizados en todo momento en el ejercicio de sus funciones". Debe salvaguardarse, añadió la UE, "la independencia del Poder Judicial en El Salvador para asegurar la plena separación de poderes y preservar la sólida tradición democrática del país".

Bukele responde a la comunidad internacional

Ante las reacciones de representantes de gobiernos de otros países, Bukele señaló en Twitter que "estamos limpiando la casa". "A nuestros amigos de la comunidad internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa" y "eso no es de su incumbencia", publicó el mandatario.

"Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza. Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones (hay vídeos de eso)", indicó, pero sin presentar pruebas. Y agregó: "el pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos".

Bukele y algunos de sus compañeros de partido (Nuevas Ideas) intentaron imponer una versión de los hechos a través de las redes sociales para extender sus mensajes, según recoge el diario salvadoreño El Faro. Los representantes recurrieron a las burlas hacia los opositores e, incluso, al hostigamiento policial y al uso de teorías de la conspiración que plantean que el multimillonario George Soros es la persona que se encuentra detrás del rechazo que ha expresado la comunidad internacional.