Chile anula el sistema electoral de Pinochet y prepara una nueva Constitución

SANTIAGO DE CHILE.- Un cuarto de siglo después de la caída de Augusto Pinochet, Chile anuló este lunes el sistema electoral creado durante la dictadura. La presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que reemplaza el régimen binominal por uno proporcional y este martes, además, anunció un duro plan de medidas anticorrupción para la política y los negocios que incluye la elaboración de una nueva Constitución.

"Hoy es un gran día para la democracia y un día feliz para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria. Hemos esperado un cuarto de siglo para este momento", proclamó la mandataria al abrir la solemne ceremonia que tuvo lugar en La Moneda, el emblemático palacio escenario de la historia reciente del país.

La reforma para cambiar el sistema electoral de Pinochet se había convertido en el anhelo frustrado de los cuatro presidentes de la Concertación que se sucedieron en el poder, Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y la propia Bachelet en su primer mandato (2006-2010).

Incluso Sebastián Piñera, único presidente democrático que ha tenido la derecha en el último cuarto de siglo, se mostró a favor de una reforma que nunca hasta ahora logró cuajar debido, precisamente, a que el sistema otorgaba una sobrerrepresentación a los parlamentarios ultraconservadores. "La democracia ha hecho posible derrotar aquello que la dictadura quiso hacer eterno; rompemos así con esa herencia que ahogaba la vida republicana", enfatizó Bachelet.

La reforma promulgada establece un aumento de los diputados de 120 a 155 y de 38 a 50 en el caso de los senadores. Bajo el sistema binominal hasta ahora vigente se elegía a dos representantes por cada distrito o circunscripción. Para que una lista obtuviera los dos escaños debía sumar más del 66%, lo cual resultaba bastante improbable; sin embargo, con sólo un 33%, la segunda lista más votada conseguía la misma representación que la primera.

Este mecanismo había permitido que la derecha controlara la mitad del Congreso con poco más de un tercio de los votos, lo que, a su vez, había venido obstaculizado la eliminación del aparato institucional chileno de ciertas ataduras heredadas de la dictadura.

Sin embargo, la tan ansiada reforma llega en uno de los momentos más delicados en lo que a la confianza ciudadana en las instituciones se refiere, debido a los recientes escándalos financieros que han sacado a la luz una insana relación entre poder y negocios.

Esta situación no pasó desapercibida en la ceremonia del lunes en La Moneda, como quedó de manifiesto cuando la jefa de Estado aludió en su discurso a que "la ciudadanía quiere que sus anhelos estén legítimamente representados en los más altos quehaceres del Estado".

Un día más tarde, en un mensaje transmitido en la cadena nacional de radio y televisión, Bachelet anunció una profunda reforma legal para acabar con "las irregularidades, la corrupción y las faltas a la ética" puestas de manifiesto en los recientes escándalos que han minado la confianza ciudadana en la clase política y el mundo empresarial.  "Esto es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad", advirtió la mandataria, quien reconoció que "los chilenos y chilenas están molestos" por esta situación.

El plan incluye medidas administrativas y reformas legales que serán tramitadas de forma urgente en el Parlamento y que incluyen las recomendaciones que el pasado viernes le entregó un consejo asesor anticorrupción. Pero además, la mandataria anunció que en septiembre, cuando Chile celebra el Mes de la Patria, se iniciará un proceso abierto a la ciudadanía con el fin de aprobar una nueva Constitución que sustituya a la actual, que aún contiene reminiscencias legales de la dictadura.

Esta iniciativa, la más importante del programa con el que Bachelet fue reelegida en 2013, será el colofón de una profunda reforma política para acabar con "las irregularidades, la corrupción y las faltas a la ética" que están minando la confianza ciudadana en la clase política y el mundo empresarial.

"Mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero", enfatizó la presidenta, quien anunció que será ella quien conduzca "personalmente" este proceso "con toda la energía y sin temor de ningún tipo".

Una de las medidas más severas anunciada por la presidenta chilena supone que "todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar (a los ciudadanos) en los cargos de elección popular y perderán sus escaños".

Y para poner freno a la corruptela que anida en escándalos como los casos Cascadas, Penta o Soquimich, Bachelet anunció un registro público de lobistas y medidas para "regular y fiscalizar de manera estricta la relación entre la política y los negocios".