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La Comisión parlamentaria aprueba abrir el juicio político contra Rousseff

Los contrarios al Gobierno brasileño avanzan en el proceso que busca la destitución de la presidenta, acusada de un delito de responsabilidad fiscal que no ha sido demostrado.

Miembros del comité del 'impeachment' contra Rousseff celebran el resultado de la votación. - REUTERS

PÚBLICO / AGENCIAS

MADRID. - Una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó este lunes con 38 votos a favor y 27 en contra la apertura de un juicio político contra Dilma Rousseff. Tras esta decisión, que supone un avance con la mira puesta en la destitución de la presidenta brasileña, el caso pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde se determinará si es admisible para remitirlo al Senado.

Rousseff podría ser suspendida de sus funciones si la Cámara alta acuerda por una mayoría simple llevarla a un juicio acusada de la violación de leyes presupuestarias para presuntamente favorecer su reelección en el año 2014. Partidarios del Gobierno insisten en que la presidenta no cometió ningún delito y dicen que el proceso es un intento de "golpe" de Estado. 

Tras nueve horas de sesión, en las que no faltaron los incidentes entre los 65 diputados que participaron en la votación, la mayoría de los parlamentarios optaron por apoyar el informe final del instructor del Partido Laborista Brasileño (PTB), Jovair Arantes, el cual se mostró abiertamente a favor del proceso contra la líder del Partido de los Trabajadores (PT). Después de la votación, los gritos de "Fuera PT" de algunos de los diputados fueron recriminados por aquellos que se mostraron contrarios a un proceso que muchos han calificado como el inicio de un "golpe parlamentario" contra el mandato legítimo de la presidenta Rousseff por un motivo, el delito de responsabilidad fiscal, que no ha podido ser demostrado.

Según Arantes, las acusaciones contra Rousseff "son de elevada gravedad" y tipifican un "delito de responsabilidad", que es lo que la Constitución establece para la destitución de un mandatario. En la misma sesión, el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, reiteró que el "delito de responsabilidad" no llegó a ser tipificado, e insistió en que, si las hubiera, esas irregularidades no pasarían de ser meras "faltas" administrativas. "Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado", declaró Cardozo, quien apuntó que "la historia no perdona" y "no olvidará esto".

Por su parte, el líder del PT en la Cámara de los Diputados, Afonso Florence, criticó amargamente la decisión de los miembros de la comisión. Además, llamó "traidor" al vicepresidente de la República, Michel Temer, por incitar la salida del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) de la alianza de gobierno. Cabe recordar que este mismo lunes el diario brasileño Folha de Sao Paulo filtró una grabación de 15 minutos de duración en la que Temer ensayaba su discurso de investidura como presidente interino tras un hipotético éxito del proceso contra Rousseff.

A pesar del duro revés para el Gobierno brasileño, el verdadero destino del proceso se decidirá el próximo domingo cuando los 513 miembros de la Cámara de los Diputados procederán a la votación del impeachment. Los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos) para que el proceso continúe. No obstante, todos los analistas coinciden en que esos 342 votos aún no están garantizados.

En caso de que el proceso sea respaldado en el pleno de la Cámara Baja, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se inicia lo que sería el propio juicio político contra Rousseff. Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo por un periodo de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara Alta para el desarrollo del proceso. El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Temer, del PMDB, que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista ha decidido romper con el Gobierno. Sin embargo, el propio Temer está bajo la amenaza de un juicio político por firmar algunos de los decretos que facilitaron las maniobras fiscales que sustentan la acusación contra Rousseff.

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