La decisión del Tribunal Constitucional portugués de declarar legal la norma que permite aumentar la jornada laboral de los funcionarios ha sido recibida hoy con sorpresa por oposición y sindicatos, que esperaban su invalidación. Aunque sin consenso, la mayoría de los jueces que conforman el Alto Tribunal (siete sobre un total de trece) dieron su visto bueno a esta ley, que eleva de 35 a 40 horas la carga de trabajo semanal en la función pública a cambio del mismo salario.

El Gobierno portugués de Pedro Passos Coelho propuso esta alteración de la jornada laboral cumpliendo con las imposiciones de la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) dentro del memorando que aplica desde el año 2011. La norma recibió el apoyo de los partidos conservadores en el Parlamento ─ que juntos cuentan con mayoría absoluta ─ y fue sancionada por el jefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva, el pasado mes de agosto, aunque los grupos de la oposición solicitaron la fiscalización del Constitucional.

Socialistas, comunistas, marxistas y ecologistas confiaban en que el Alto Tribunal anulara esta propuesta, tal y como hizo en los últimos meses con varios importantes recortes presentados por el Ejecutivo, consolidándose como la autoridad que marca los límites de la austeridad en el país. Sin embargo, los jueces consideraron en este caso que la medida 'tiene por objetivo salvaguardar intereses públicos relevantes', relacionados con la sostenibilidad de las cuentas del Estado y no vulnera ninguno de los principios recogidos por la Carta Magna.

Según los cálculos divulgados por el Gobierno del primer ministro Pedro Passos Coelho, el aumento de la jornada laboral de los funcionarios ─ junto a la reducción del número de trabajadores públicos por jubilación─ ahorrará 153 millones de euros el próximo año a las arcas del Estado. El fallo del Constitucional causó 'estupefacción' al líder del sindicato UGT, Carlos Silva, quien en declaraciones a medios estatales recordó que este incremento de la carga laboral no va acompañado de una mejora del sueldo, lo que implica una rebaja del salario cobrado por hora.

Desde la CGTP, el mayor sindicato luso, destacaron que no concuerdan con la sentencia del Alto Tribunal e instaron a los funcionarios a 'luchar' por la reducción del horario en un futuro a corto plazo. Ya en el plano político, los responsables del principal grupo de la oposición, el socialista, aseguraron que acatan la decisión, aunque incidieron en que no fue aprobada por consenso.

Más críticos se mostraron el Partido Comunista y el marxista Bloque de Izquierda, desde el que se lamentaron por el visto bueno del Constitucional a un recorte que 'ataca' a la función pública.