Un gran jurado de Atlanta, Georgia, imputó al expresidente Donald Trump con cargos de asociación ilícita y otros 12 delitos graves relacionados con sus presuntos intentos de revertir su derrota en las elecciones de 2020 en el estado. Marca su cuarta imputación en tan solo cinco meses y, según expertos, la respuesta fiscal más agresiva en contra del expresidente hasta ahora.

En el documento de imputación publicado por el estado figuran 41 cargos delictivos, entre ellos 13 dirigidos directamente a Trump. Estos cargos detallan cómo el expresidente y sus cómplices engañaron al público con mentiras en un intento por mantenerse en el poder. Además, el documento acusa a los abogados de Trump y a su círculo íntimo de coordinar un plan para crear listas de electores falsos y bloquear el conteo de votos en el Congreso.

Las acusaciones abarcan un amplio rango de personas involucradas en el delito, y no exime a quienes interfirieron con los equipos de votación o intimidaron a los trabajadores electorales. La imputación de Georgia puede, a diferencia de las demás, juzgar y acusar a varios miembros del Partido Republicano implicados en el delito de Trump.

La ley federal de Washington DC vs. la ley estatal de Georgia

En su acusación contra Trump presentada en Washington, Jack Smith, abogado de dicho estado, recurre a la ley federal para imputar al expresidente, mientras que la fiscal general del condado de Fulton, Fani Willis, se basa en leyes más y específicas que aplican en el estado de Georgia para su imputación. A pesar de que ambas acusaciones son por cargos similares, las leyes de Georgia dejan al expresidente en una posición legal más vulnerable.

La ley de asociación ilícita de Georgia permite a los fiscales imputar, entre otros delitos, una serie de leyes sobre declaraciones falsas como parte de un esquema criminal generalizado.

En otras palabras, en lugar de considerar cada mentira con consecuencias legales como un acto delictivo independiente, esas mentiras también pueden ser agrupadas como parte de un conjunto más amplio: una presunta empresa de asociación ilícita diseñada para alterar los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia. Eso es precisamente lo que se está usando para imputarlo en Georgia.

La ley RICO

La Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, o ley RICO, se ha utilizado para enjuiciar a personas involucradas en grupos que cometen actividades violentas, especialmente para pandillas callejeras y la mafia. La ley permite a la fiscal Willis imputar a cualquier persona cercana a Trump que haya participado en sus intentos para revertir el resultado electoral.

En una entrevista con el medio estadounidense The Conversation, Willis explica que, según la ley RICO, a diferencia de un caso de conspiración tradicional, se acusa a un gran número de personas involucradas en el caso, sin que sea necesario que se hayan reunido específicamente para acordar cometer el delito. Explica que la ley RICO abarca a aquellos que trabajan para lograr el objetivo final de derrocar las elecciones, aunque no haya un acuerdo expreso entre ellos.

Las sanciones por violar la ley RICO del estado son severas. Existe una sentencia mínima de cinco años para los infractores, y también puede haber una larga condena de prisión para cualquier coacusado.

En los casos en donde se emplea la ley RICO, existe un gran incentivo para que las personas que están enlistadas como coacusadas proporcionen pruebas en contra de los otros acusados, con el fin de evitar castigos y asegurar acuerdos favorables, algo que podría jugar en contra de Trump.

¿Un perdón presidencial?

Trump ha planteado la idea de que, en caso de ser elegido, podría indultarse a sí mismo de delitos federales. Aunque ningún presidente se ha indultado a sí mismo, hay pocas restricciones sobre la autoridad de indulto presidencial establecida en la Constitución. Sin embargo, en el caso de Georgia, Trump no tendría ese poder si fuera reelegido, ya que los indultos presidenciales se aplican únicamente a delitos federales.

Asimismo, las personas condenadas por delitos estatales en Georgia son elegibles para solicitar indultos solo cinco años después de haber cumplido sus sentencias, lo cual significa que no podría solicitarlo durante su presidencia.

El apoyo del Partido Republicano

Desde la publicación de sus últimos cargos, el apoyo que ha recibido por los republicanos ha aumentado significativamente. En Truth Social, la plataforma de redes sociales de extrema derecha propiedad de Trump, más de 20.000 cuentas dieron "me gusta" a un mensaje que publicó el martes en el que acusaba a los fiscales de Georgia de llevar a cabo una "caza de brujas". La cifra fue inusualmente alta para Trump, quien publica en el sitio a diario y normalmente obtiene cifras más cercanas a 10.000 personas que dan "me gusta" a sus publicaciones.

Es poco probable que la reciente imputación disuada a sus votantes, por lo que sigue siendo el favorito para postularse como candidato por el Partido Republicano en las elecciones del próximo año.

¿Quiénes han sido acusados en la imputación de Georgia?

Entre las 19 personas han sido acusadas de ayudar a Trump a revertir el resultado electoral de 2020 se encuentran Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, y John Eastman, abogado clave en el esfuerzo por mantener a Trump en el poder utilizando listas falsas de electores en estados ganados por Biden.

La mayoría de los acusados son abogados prominentes en el equipo legal del expresidente, pero la imputación también incluye a individuos que desempeñaron funciones en el equipo electoral durante las elecciones, como Misty Hampton, supervisora de elecciones del condado de Coffee, Georgia. Se le acusa de haber colaborado para permitir que partidarios de Trump accedieran al equipo de votación confidencial del condado.

Cámaras en el juicio

El de Georgia será el juicio más público. Las primeras tres comparecencias del expresidente Donald Trump en Manhattan, Washington y Miami no fueron captadas por cámaras de televisión ni fotógrafos. Y es probable que esto continúe cuando esos casos lleguen a juicio en el próximo año.

Sin embargo, en Georgia, los tribunales estatales suelen permitir cámaras en la sala del tribunal. Esto significa que el extenso caso de conspiración podría brindar la mejor oportunidad para que el público pueda presenciar el desarrollo de los procedimientos legales.

"Los tribunales abiertos son un elemento indispensable de un sistema judicial eficaz y respetado", establece una orden de 2018 referente a la ley de Georgia sobre dispositivos de grabación en las salas de tribunal. "Es la política de los tribunales de Georgia promover el acceso y la comprensión de los procedimientos judiciales, no solo por parte de los participantes, sino también por el público en general y los medios de comunicación que informarán sobre los procedimientos al público".