Este viernes es el turno de Israel para presentar sus alegaciones ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras la denuncia presentada por Sudáfrica por el genocidio en Gaza. El país africano ha sido contundente y considera que el Estado judío ha impuesto en la Franja un régimen de guerra y muerte. Ante ello, y para tratar de sacudirse las acusaciones, Tel Aviv ha movilizado su maquinaría propagandística.

En medio de la campaña mediática lanzada por Israel, algunos de los familiares de los israelíes que siguen cautivos en poder de Hamás y la Yihad Islámica se han congregado en La Haya, sede del tribunal de Naciones Unidas donde se desarrolla el proceso. Desde allí, han demandado la liberación de los rehenes.

Además, un día antes de la primera audiencia, el Gobierno israelí lanzó una nueva web con imágenes en bruto procedentes de cámaras corporales que los propios milicianos de Hamás llevaban encima en el momento del ataque del 7 de octubre de 2023. El Ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu defiende el uso de "medios impactantes para garantizar que el mundo" no se olvide del horror que vivieron.

En un intento similar, las autoridades israelíes trataron de desplegar en La Haya, Rotterdam y el aeropuerto de Schiphol-Amsterdam vallas publicitarias mostrando el rostro de algunos de los rehenes, además de un subtítulo que decía "no pudo testificar hoy", según un comunicado oficial. La empresa de publicidad canceló la propuesta en el último momento.

Israel se ha encargado de promocionar la opinión de varios analistas, todos israelíes, que consideran que la denuncia de Sudáfrica no tiene legitimidad y defienden el derecho a la autodefensa, en la línea de la postura oficial. El propio Netanyahu se ha pronunciado este jueves y ha argumentado que su Gobierno -que define como "el más moral del mundo"- lucha "contra el terrorismo y contra las mentiras", en alusión a los argumentos presentados por Sudáfrica en la primera sesión del proceso. 

"Hoy volvemos a ver un mundo al revés: el Estado de Israel es acusado de genocidio mientras lucha contra el genocidio", ha afirmado el primer ministro israelí en un videomensaje. "Una organización terrorista que cometió el crimen más terrible contra el pueblo judío desde el Holocausto, y ahora hay quienes vienen a defenderlo en nombre del Holocausto. Que audacia, el mundo al revés", ha incidido.

Israel está siendo representado ante el tribunal de la ONU por el expresidente del Tribunal Supremo israelí Aharon Barak, reconocido jurista de 87 años de corte liberal. El Ejecutivo israelí no ha mostrado ningún temor ante las posibles consecuencias del proceso e, incluso, considera que la Corte no llegará a ordenar parar los ataques contra Gaza.

Según varios funcionarios del Ministerio de Justicia de Israel, citados por el diario Haaretz, entre las medidas cautelares que puede tomar el máximo tribunal de la ONU estarían las de pedir un mayor acceso de la ayuda humanitaria, iniciar una investigación o autorizar el regreso de los palestinos desplazados.

Las audiencias de la Corte no entrarán aún en el fondo del caso y solo se centrarán en la necesidad de las medidas pedidas por Sudáfrica para "proteger los derechos del pueblo palestino contra daños mayores, graves e irreparables". Dados los periodos definidos por los estatutos, el caso ante la CIJ podría tardar años en alcanzar un veredicto que, a pesar de ser legalmente vinculante, el tribunal no tiene herramientas para hacerlo cumplir y depende de la voluntad de Israel de respetar el fallo.

El Gobierno de Sudáfrica ha exigido "la suspensión inmediata de las operaciones en y contra Gaza". "Lamentablemente, el mundo no ha logrado detener el genocidio que se está desarrollando. La comunidad internacional ha permanecido en gran medida pasiva en respuesta a estas atrocidades", ha asegurado este jueves el ministro sudafricano de Justicia, Ronald Lamola.

La ofensiva israelí contra Gaza ha devastado el enclave palestino en poco más de tres meses. Según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, Israel ha matado a más de 23.400 palestinos. Los ataques han dejado 59.600 heridos, mientras que 1,9 millones de personas se han visto obligadas a dejar sus hogares.