En las más de 800 páginas que componen Leave None To Tell The Story (1999), el volumen más completo sobre el genocidio ruandés, la investigadora Alison Des Forges detalló cómo el régimen hutu preparó y ejecutó el genocidio contra los tutsis y hutus moderados. Hoy, con sus críticas a las violaciones de derechos humanos del actual régimen tutsi, Des Forges se ha ganado la enemistad del Gobierno de Paul Kagame. "Tratan de convencer al mundo de que soy una genocidaire", ironiza. La autora considera que la investigación española es "un paso importante", dado que los presuntos crímenes del Frente Patriótico Ruandés no han sido juzgados por nadie, si bien observa múltiples inconsistencias en el auto del juez.

¿Qué investigaciones hubo sobre los presuntos crímenes del FPR?

Tres agencias de la ONU lo investigaron. La comisión de expertos creada por el Consejo de Seguridad decía que había habido crímenes cometidos por ambas partes. El informe de la Comisión de Derechos Humanos afirmó que hubo violaciones de la ley internacional por las tropas del FPR. Y el tercero es el famoso Informe Gersony [nunca publicado por la ONU, cifraba entre 25.000 y 45.000 los muertos atribuibles al FPR en tres meses]. Como consecuencia, se puso en el mandato del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) que juzgara los crímenes de ambas partes.

Pero el TPIR no ha procesado a nadie del FPR.

El TPIR ha fallado a la hora de procesar. No podemos decir que no hayan investigado. El fiscal Jallow no deja de decir que está analizando las investigaciones. Pero el resultado es el mismo: no hay procesamiento.

¿Por qué nadie lo ha juzgado?

Una razón es que todo palidece comparado con el genocidio. La actitud de muchos se resumía así: "Ha habido un genocidio, incluso si éstos [FPR] son culpables de ciertas cosas, mejor tenerlos a ellos que al régimen anterior. Así que quedémonos callados". Ello permitió que el FPR asumiera que podía actuar como quisiera. En abril de 1995 murieron 8.000 personas en la masacre de Kibeho, no hubo reacciones, y el FPR sintió que estaba protegido contra las consecuencias y podía entrar a Congo y perseguir indiscriminadamente a civiles.

El juez español califica los presuntos crímenes del FPR como genocidio. ¿Está de acuerdo?

A lo largo de 1994 y hasta finales de 1996, creo que no hay base para sustentar un cargo de genocidio. A partir de 1996, con la invasión de Congo, la situación es más ambigua. Si sólo persigues a civiles, hablamos de crímenes de guerra. Lo que caracteriza al genocidio es que la población a la que persigues pertenece a un grupo determinado. Hay que probar la intención de exterminar a todos sus miembros. Y veo difícil que el juez pueda probar la intención. Porque [tras el genocidio, el FPR] entró en pactos políticos con muchos hutus, incluso algunos culpables de genocidio que incorporó al Gobierno sin pestañear. Es diferente a una cruzada genocida. Yo no he visto nada que pueda determinar que la intención estaba ahí.

¿Cómo valora el auto del juez?

Se supone que los jueces deben ser cautos y no entrar en un terreno en el que no están seguros, ¿no? Eso creía yo. Quizá los jueces son más cautos en EEUU. En fin, lo importante es que hay evidencia de crímenes cometidos por ambas partes, que las víctimas tienen derecho a la Justicia, y que hasta ahora la Justicia sólo ha juzgado a una parte. Así que a pesar de que hay aspectos del auto que me parecen no probables y algunos directamente erróneos, como vincular cuatro millones de muertos en Congo con el FPR -desafortunado, por usar un término amable-, hay que esperar que el juicio sea capaz de establecer la verdad. Y que se centre en los aspectos jurídicos, dejando de lado las consideraciones políticas. Son las víctimas quienes sufren la politización de la Justicia.

¿Los españoles eran testigos molestos?

Sí. Conocí a Vallmajó. Pregunté por él al FPR en Europa y me admitieron que lo habían matado. En algunos casos, las pruebas son sólidas.