A finales del pasado mes de agosto, Atekeh Rajabi, maestra y defensora de los derechos humanos, fue condenada a seis meses de prisión por un tribunal de Mashhad, la segunda ciudad más poblada de Irán situada a unos 800 kilómetros al norte de Teheran.

Fue acusada de realizar "actividades de propaganda contra el Estado" tras denunciar en redes sociales las violaciones de los derechos del profesorado, de los detenidos por el régimen tras las protestas y, especialmente, la represión contra las jóvenes y el envenenamiento de miles de niñas en diversas escuelas del país.

Tal como relatan organizaciones de derechos humanos como Front Line Defenders, el juicio se llevó a cabo sin ninguna garantía y Rajabi sólo tuvo conocimiento de su citación un día antes de su condena, sin haber podido tener acceso a las acusaciones que se vertían contra ella. 

El de Rajabi no es un caso aislado y ni siquiera el más grave que se ha producido en el país tras las protestas que estallaron por la muerte de la joven kurda de 22 años Mahsa Amini, de la que este 16 de septiembre se cumple un año. Pero muestra un patrón de violencia y represión que se ha ido agudizando en los últimos meses cuando las autoridades consiguieron apagar las cámaras e invisibilizar hacia el exterior las protestas y la represión que se ha recrudecido con fuerzas renovadas en la cercanía del aniversario.

Amini murió mientras estaba bajo custodia de la Policía de la moral iraní tras haber sido detenida por llevar mal puesto el velo. Poco después fue ingresada en coma en un hospital, donde murió. La versión oficial afirmó que sufrió un paro cardíaco, pero diversos testigos de su detención han relatado que fue golpeada dentro de la furgoneta que la transportó a la comisaría y que tenía signos de maltrato.

Su muerte inició las protestas más masivas desde que se instaurara la República islámica en 1979, con una característica importante: el liderazgo lo han llevado las mujeres y las jóvenes.

Tras las primeras movilizaciones masivas de septiembre del año pasado, las autoridades afirmaron que desmantelarían la Policía de la moral. Pero lejos de cumplir con este anuncio, la vigilancia y el control han ido en aumento.

Estado de terror

Tal como relatan diversos activistas, se ha instalado un estado de terror y control que se cierne contra la población en general, pero que se ceba especialmente con las mujeres, que son las más activas para mantener viva la protesta. En las grandes ciudades, como Teherán, hay furgonetas en las esquinas y la opresión se ha visto reforzada con la instalación de cámaras con tecnología de vigilancia masiva, capaces de identificar y realizar reconocimientos faciales.

Sólo en los tres meses y medio que van desde mediados de abril a finales de julio de este año, más de un millón de mujeres han recibido mensajes de texto en los que las multaban, se les advertía de la posibilidad de que les fuera confiscado su vehículo tras haber sido captadas por cámaras sin llevar velo dentro del coche o llevarlo de forma inapropiada. 

Además, son innumerables las mujeres a quienes se les ha suspendido o expulsado de la universidad, prohibido presentarse a los exámenes finales y negado el acceso a servicios bancarios y al transporte público.  Cientos de empresas han sido obligadas a cerrar por no hacer cumplir el uso obligatorio del velo.

"Lamentablemente estamos viendo que la situación es cada vez peor. A un año del estallido no han disminuido las protestas ni la presión de la población por el descontento social. Pero al mismo tiempo hay un incremento de la represión. Tanto en las protestas como en los procesos judiciales ilegales. Especialmente contra los artistas, abogados y estudiantes", afirma a Público Macarena Sáez, responsable de división de los derechos de las mujeres de Human Right Watch (HRW).

La represión sobre las familias

Esta organización ha entrevistado en las últimas semanas a 36 familiares de ejecutados o de condenados en juicios sumarísimos, para entender la represión que se está ejerciendo sobre los familiares. A muchos se les ha negado un funeral o el entierro digno de sus seres queridos tras ser asesinados. En otras ocasiones, se los presiona para que no hablen ni tomen acciones bajo amenaza de represalias. 

Es lo que le ocurrió el pasado 11 de septiembre a Amjad Amini, el padre de la joven asesinada hace un año, cuando fue citado por funcionarios de Inteligencia para ser interrogado.

Le exigieron que diera marcha atrás en su decisión de celebrar el aniversario de su muerte y que se retractara del comunicado emitido por la familia al respecto, un texto en el que anunciaban una "ceremonia tradicional religiosa" en la tumba de Mahsa en su ciudad natal de Saghez, al noroeste del país, en el Kurdistán iraní. Los funcionarios lo amenazaron con arrestar a su otro hijo, Ashkan, en caso de "cualquier actividad, entrevista o discurso" por su parte o de cualquier miembro de la familia. 

Más de 500 muertos

Según organizaciones internacionales, los muertos desde que comenzaron las protestas se cuentan por centenares. El recuento, afirman, no es sencillo, porque no hay cifras oficiales. Según Amnistía Internacional (AI), en el último año de protestas han sido condenados a pena de muerte y ejecutados al menos siete personas por participar en las protestas. Otras 500 fueron asesinadas en las protestas en el último año y una cifra superior a las 20.000 personas han sido detenidas.

Algunas de estas han sido liberadas, no sin antes amedrentarlas y obligarlas a firmar documentos en los que se comprometen a no participar en protestas, bajo amenazas de represalias.

Entre los detenidos destacan, además, profesores, periodistas y abogados. Según AI, desde que comenzó la protesta en septiembre del año pasado, unos 90 periodistas y 60 abogados han sido detenidos. Entre ellos figura Salé Nikbajt, el que defiende a la familia de Mahsa Amini, que se encuentra en libertad provisional y puede ser condenado por propaganda contra el Estado por hablar con los medios de comunicación.

Niñas y mujeres en la diana

"El sector más revolucionario de la población iraní en la lucha para acabar con el régimen está siendo el de las mujeres jóvenes de entre 13 y 30 años que han nacido y vivido toda su vida en el régimen de la República islámica", constata Nazanin Armanian, periodista y activista iraní afincada desde hace décadas en España.

Por las informaciones que maneja, una de cada cinco mujeres que viven en grandes ciudades como Teherán (la capital) no llevan el velo en la calle como forma de protesta. "No es que lo lleven mal puesto, es que salen con la cabeza descubierta y se exponen a represalias".

Esta periodista y activista política explica que muchas se arriesgan porque saben que las cárceles están llenas y que por este motivo es difícil que las encarcelen, aunque se arriesgan a ser detenidas, fotografiadas y amonestadas de otras formas.

Las mujeres jóvenes y las niñas han sido en los últimos meses la diana de los ataques. Durante las protestas masivas del año pasado, mujeres jóvenes y estudiantes quemaban sus velos en público o en vídeos que subían a las redes sociales. En los meses siguientes, en cientos de colegios femeninos del país se produjeron envenenamientos por los sistemas de ventilación. Según estiman algunos activistas, cerca de 17.000 estudiantes han sufrido estos ataques. 

Organizaciones internacionales de derechos humanos contactadas por este diario no confirman si estos incidentes fueron provocados por las autoridades, pero sí ponen el acento en que ante la gravedad de los hechos, éstos no han sido investigados. Algunas activistas afirman que al menos tres niñas murieron debido a estos envenenamientos masivos cuyo fin era amedrentar a las jóvenes y a los padres.

Muchos padres, ante el temor, prohibieron a sus hijas acudir a las escuelas. La mayoría dejó de quitarse el velo dentro del centro. Carlos de las Heras, experto de Amnistía Internacional sobre Oriente Próximo, relata que hasta finales de diciembre pasado y en los cuatro primeros meses de 2023 se han producido más de 300 ataques en más de 100 escuelas de todo el país.

El velo como forma de control

Desde julio de este año, el Parlamento de Irán avanzó en la elaboración de una nueva ley que envió al Consejo de los Guardianes y que está casi a punto de ser aprobada. Tiene el sugerente nombre de Proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hiyab y propone medidas más duras sobre el uso del pañuelo. Contiene 70 artículos que incrementan las multas, propone pena de cárcel de hasta 10 años o regula la pérdida del empleo si el velo no se utiliza correctamente.

Para algunos activistas consultados para este reportaje, el velo es un símbolo de dominación y si las autoridades ceden en aliviar su uso, esto puede abrir la espita de otros cambios sociales y el cuestionamiento del régimen.

"La obligación de usar el velo es una imposición y control de la conducta a las mujeres. Es un símbolo visible, pero hay otros que no lo son. Como la obligación que tienen las mujeres de pedir permiso a un varón para viajar, estudiar o conducir. El velo representa la punta del iceberg de problemas mas estructurales que no afectan solo a las mujeres. Las condenadas no son solo por el velo. Se trata de una autoridad represiva que no respeta los derechos básicos a la libertad de expresión, de movimiento, de los derechos humanos más básicos", añade Sáez.

"Perder la batalla del velo es perder la parcela de control sobre las mujeres. Se han empeñado en el control absoluto sobre ellas y la obligatoriedad del velo es el símbolo", recalca De las Heras. "Si cae este símbolo, abriría la puerta para reclamar todo el resto de derechos de libertad de expresión, reunión, laborales...", añade. 

"Existe una represión sistemática, profunda, al tiempo que no disminuyen las protestas. En este contexto, lo que es tremendamente preocupante es ver cómo disminuye la presión internacional sobre lo que está ocurriendo en Irán. Esta presión internacional no puede disminuir. Los países que creen en la libertad, en los derechos humanos, tienen que seguir empujando por lo que está ocurriendo", concluye Sáez.