Publicado: 23.10.2014 19:20 |Actualizado: 23.10.2014 19:20

Cifuentes y ETA

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La desestimación de la demanda por injurias interpuesta por Ada Colau, ex portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, obliga a discutir el alcance de la libertad de expresión que merece un cargo público cuando exhuma el espantajo de ETA para desacreditar a sus adversarios. La activista acusaba a la política del PP de vulnerar su derecho fundamental al honor al vincularla al "entorno de ETA". Cifuentes declaró en el 2013 en una entrevista radiofónica  que "la PAH y su lideresa últimamente parece que tienen ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras". Y más tarde especificó que Colau había manifestado su apoyo hacia "grupos que tienen mucho que ver con el entorno de ETA".

Para la jueza Atarés, aunque la opinión de la política fuera inexacta estaba amparada por el derecho de expresión como posición personal alrededor del debate sobre los límites de los escraches. En la sentencia, el motivo principal para bajar el listón de protección al honor de la activista fue que en el pasado ésta hubiera recurrido a duros calificativos (como "gentuza") para referirse a los miembros del PP.

A pesar de su aparente razonabilidad, estos argumentos presentan serios problemas. Pretender otorgar el mismo alcance a la libertad de expresión de quien ostenta el poder de quien carece de él es un claro despropósito.  En primer lugar porque no es lo mismo ser un cargo público que un tertuliano o ciudadano cualquiera. Por razón de su cargo, precisamente, cuando la delegada atribuye hechos concretos a personas con nombre y apellidos goza  de una especial fiabilidad. No por casualidad, algunos no dudaron en creer el falso apoyo "a grupos filoetarras" y la injuria corrió como pólvora por todas las redacciones de los medios de comunicación. Determinar lo que es una opinión o una información a menudo no es fácil. No pocas opiniones se apoyan en datos que constituyen informaciones. A la práctica, algo decisivo es saber quién es el emisor de las palabras controvertidas. En este caso, no resulta ocioso recordar que Cifuentes es responsable de la seguridad pública de los madrileños. Difícilmente sus valoraciones personales puedan deslindarse de las propias de su función pública. Sea en una entrevista o en una rueda de prensa, sus opiniones en materia de seguridad tienen un evidente sesgo informativo. Es, por eso, que debe medir siempre sus expresiones, contrastar la información y evitar causar alarmas innecesarias en cuestiones tan sensibles como las vinculadas al terrorismo.

En verdad, cuando se escuchan las palabras de la delegada es imposible ocultar la sensación de que, precisamente, lo que pretendía era despertar el rechazo hacia Colau. Hacia la portavoz de una organización que gozaba de un creciente respaldo social (de hasta el 90% según las encuestas) en un momento en que los índices de popularidad del PP estaban por los suelos. Durante muchos años, el recurso al comodín del terrorismo ha formado parte del manual de la derecha española cuando ésta se ha visto en apuros. Y ese sí es un rasgo distintivo de ella respecto a las derechas catalanas o vascas, quizás por no compartir su pasado antifranquista. La invocación de ETA para descalificar la acción de un adversario suele tener un gran impacto emotivo y es útil cuando se pretende expulsar a alguien del campo de juego. Por allí empiezan o terminan muchas discusiones. Cuando un dirigente político, o un periodista, logran estamparle el epíteto de "proetarra" a quien les incomoda, el plano de debate se desplaza al terreno propio y todo empieza a girar en torno eso.

En el caso de Colau la infamia se inoculó con una gran carga de virabilidad en la opinión pública y con un efecto inmediato. Tanto en los medios como en las redes su nombre quedó irremediablemente asociado al de ETA. Eso fue, sin duda, el pistoletazo de salida de todo tipo de insultos, amenazas de muerte contra ella y su hijo de 3 años, acusándola de "terrorista". Pronto llegaron también los vetos en los platós televisivos y las infatigables interpelaciones para que pidiera perdón a las víctimas. De la mano del diputado Iturgaiz, la injuria voló hasta el Parlamento europeo cuando el PP solicitó que se le retirara el prestigioso galardón Premio Ciudadano Europeo 2013.

Subrayar las coincidencias más aparatosas con ETA, y si no existen inventarlas, forma parte de una estratagema habitual del PP especialmente aberrante. En primer lugar porque se mantiene vivo el fantasma del terrorismo para ganar posiciones políticas a costa de estigmatizar y proyectar una sombra de sospecha sobre los adversarios políticos. Ese es el caso reciente de Pablo Iglesias. En segundo lugar porque se banaliza el sufrimiento de ciertos colectivos sociales, ya sea el de las miles de familias que pierden sus casas con la estafa de las hipotecas ya sea el de las propias víctimas del terrorismo. Sin ir más lejos, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) calificó las injurias contra Colau como "una falta de respeto" hacia ellas. Las muestras de rechazo llegaron también de Amnistía Internacional, Human Right Watch u otras entidades del mundo de la justicia o los derechos humanos. La propia asociación Jueces para la Democracia emitió un duro comunicado en el consideraba que se trataba de una "difamación gratuita y tremendamente censurable".

Igualmente preocupante es que haya jueces con dificultades por distinguir el nivel de protección de la libertad de expresión y del honor destinado a un cargo público y el del resto de los ciudadanos. En efecto, no puede tratarse igual en una sociedad democrática la crítica efectuada desde el poder que la crítica de quien no lo ostenta. Y más cuando ésta última se dirige no contra otros particulares sino, precisamente, contra él. No en vano, tribunales como el de Estrasburgo han recordado en varias ocasiones que esa crítica  goza de mayor protección y que el Estado, por la posición dominante que ocupa, debe procurar evitar criminalizar al disedente. "Los límites a la crítica aceptable -mantuvo el Tribunal en 1998- son más amplios respecto al Gobierno que respecto a un simple particular". Y recordó que "sus actos deben situarse bajo el atento control no sólo de los poderes legislativos y judiciales, sino también de la opinión pública".

Lo cierto, no obstante, es que a la práctica sucede justo lo contrario. Las multas indiscriminadas y el acoso sistemático de la delegada del gobierno contra los manifesantes en Madrid son un buen ejemplo de ello. La impunidad de declaraciones difamatorias de cargos públicos contrasta también con la dureza exhibida cuanto son otros los que se exceden. La petición de 4 años de prisión y condena a un ciudadano por haber llamado "puta" en twitter  a la propia delegada es otra prueba de ese doble rasero. A la luz de este relato, no resulta extraño que se generalize la percepción de que existe un trato de favor hacia los más fuertes. Lo que para ellos es un simple ejercicio de libertad de expresión, para los más débiles se convierte en un grave exabrupto a castigar. En verdad, cada vez que eso sucede las alarmas deberían dispararse. Para recordarnos que cuando un responsable político quiere mantener a raya a un disidente u opositor, acusandole impunemente de "terrorista" o "filoterrorista", no solo degrada su honor e imagen púbica. Degrada a la sociedad que lo tolera. Y a sus espacios de crítica, irrenunciables en cualquier sistema democrático.

(*) Jaume Asens Abogado