Gallardón ha comenzado este miércoles la campaña de márketing de su Ley de Enjuiciamiento Criminal. El ministro ha anunciado las teóricas novedades de la futura norma que, según ha vendido el titular de Justicia, acabará con los 'privilegios' de los cargos públicos cuando declaran ante el juez.

A efectos prácticos, esas limitaciones suponen que ya no podrán testificar por escrito o en su despacho, como ocurre en la actualidad y como hizo el pasado mes de diciembre Esperanza Aguirre, que sigue siendo diputada en la Asamblea de Madrid.  

Así lo ha adelantado el titular de Justicia en el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación que le ha dirigido la portavoz parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia, (UPyD), Rosa Díez. Sin embargo, las novedades se han quedado ahí. El texto seguirá permitiendo que los imputados por corrupción puedan seguir siendo candidatos en una lista electoral.

La única novedad en este punto es que no se dejará que lo hagan cuando se abra contra ellos un juicio oral, el último proceso de una instrucción judicial. Es decir, que hasta el propio Luis Bárcenas podría ir en las listas del PP en unas elecciones. Contra el extesorero de los conservadores, encarcelado, todavía no se ha abierto juicio oral. Además, tampoco se encuentra entre los supuestos de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General que impone las causas de inelegibilidad recogidas en los artículos 6, 154, 177 y 202.

Los imputados por corrupción pueden seguir siendo candidatos en una lista electoral  

La norma recuerda que, entre otros supuestos, no pueden presentarse a unos comicios 'los condenados por sentencia firme', es decir, aquella contra la que no cabe interposición de ningún recurso, y 'los condenados por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo'.

La reforma de Gallardón mantiene inamovibles esos requisitos a pesar de las bondades de las medidas que el ministro de Justicia pretende difundir. La comisión de expertos entregó al Ministerio el texto para la elaboración del nuevo Código Penal y que se incluirá en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que trabaja el departamento.

Curioso es que, durante su intervención, Gallardón haya subrayado que para el Gobierno es 'una prioridad absoluta' la lucha contra la corrupción, 'un cáncer -ha dicho- que nos puede matar a todos', y ha mostrado el deseo del Ejecutivo de poder llegar a acuerdos con los grupos de la oposición para encontrar medidas que pongan fin a esas prácticas. 'Ésta no debe ser una batalla que gane sólo un Gobierno', ha enfatizado el ministro, antes de poner en valor la reunión que el pasado 19 de marzo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, mantuvo con las distintas fuerzas parlamentarias para lanzarles este mismo mensaje. 'El Gobierno quiere esa medalla pero no para él', ha insistido. 

Gallardón defiende que el Gobierno atiende todas las medidas propuestas por los grupos parlamentarios 

Así contestaba Gallardón a la portavoz nacional de UPyD, quien aunque le ha reconocido los 'avances' en materia de lucha contra la corrupción, ha lamentado que ha habido 'mucho más medidas' anunciadas que de las que se han puesto en marcha, algo que ha achacado a la falta de voluntad política. Tras pedir al ministro pasar 'de las palabras a los hechos' para frenar la cada vez mayor preocupación de los ciudadanos por los casos de corrupción en España, Díez ha denunciado que el Gobierno no esté dando instrumentos a quienes tienen que perseguir esta lacra, entre los que ha citado la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria o los jueces.

En su turno, Gallardón ha hecho un repaso de algunas medidas aprobadas por el Gobierno, entre las que ha citado la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración, y ha hecho especial mención a la mejora que en el combate contra la corrupción supone el reaccionario Código Penal -actualmente en tramitación parlamentaria- garantizando que cuando éste salga del Parlamento contendrá todas las medidas anticorrupción que pacten los grupos parlamentarios.

El titular de Justicia también ha destacado en el Congreso que la futura Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, suprimirá la figura de los magistrados autonómicos que hasta ahora eran designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir de la terna presentada por los cámaras autonómicas. 'Carece de cualquier sentido democrático que un poder del Estado pueda elegir a quien esté ejerciendo jurisdicción', ha argumentado.