Publicado: 14.11.2013 09:59 |Actualizado: 14.11.2013 09:59

Abucheos a los miembros de ETA excarcelados por la Audiencia Nacional

El Pleno de la Sala de lo Penal establece que las decisiones de libertad de miembros de ETA por la anulación de la 'doctrina Parot' las tomen las secciones

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Olga Oliveira, miembro de los Grapo, ha abandonado la noche de este jueves la cárcel de Albolote (Granada). Alrededor de las 22.00 horas hacían lo propio de la prisión de Herrera de la mancha, en Ciudad Real, los etarras Gonzalo Rodríguez Cordero, Francisco Javier Lujambio Galdeano y Miguel Turrientes Ramírez.

También dormirá en su casa Andoni Alza, el primer preso de ETA perteneciente a la denominada "vía Nanclares", del mismo modo que  José Antonio López Ruiz, Kubati, el asesino de la etarra Yoyes, que abandonó la banda, y de otras 12 personas más, además de otros 16 intentos frustrados de asesinato. Ha cumplido 26 años de prisión de los 1.210 que sumaban sus penas.

Kubati ha abandonado esta noche la cárcel de Puerto I, en medio de las protestas, insultos y zarandeos de un grupo de familiares de víctimas de la banda terrorista ETA. Ha salido de la cárcel alrededor de las 22,15 horas acompañado por un abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz, mientras un grupo de unas cuarenta personas, entre las que había familiares de víctimas del terrorismo, le han insultado gritado asesino.

Al cruzar la barrera de salida la Policía ha tenido que intervenir ante la avalancha de manifestantes que han rodeado, intentado abordar y consiguieron zarandear y dar patadas al automóvil en el que Kubati abandonó el lugar. Entre los congregados en las inmediaciones de la prisión se encontraba Encarna Carrillo, esposa del concejal del PP Manuel Indiano, asesinado en Zumárraga (Guipúzcoa) en agosto del 2000, cuando ella estaba embarazada de siete meses.

La Audiencia Nacional ha decretado este jueves la puesta en libertad de 13 etarras, un miembro del Grapo y la del violador del ascensor tras la anulación de la llamada doctrina Parot.

Los trece etarras a los que la Audiencia Nacional ha excarcelado se suman a los once que han sido puestos en libertad desde que el pasado 21 de octubre fuera notificada la sentencia de Estrasburgo en el caso de Inés del Río (la primera beneficiada por ese fallo), con lo que son ya 24 etarras los que han sido puestos en libertad a raíz de la deregación de la doctrina Parot

Tras examinar durante algo más de una hora y media un total de 15 recursos, dos más de los inicialmente previstos, los 16 magistrados de la Sala (faltaba José Ricardo de Prada) han acordado por unanimidad la puesta en libertad de estos reclusos y la extinción de sus responsabilidades penales, tal y como solicitó la Fiscalía en consonancia con el criterio adoptado el pasado martes por el Tribunal Supremo.

Entre los terroristas excarcelados se encuentran José Antonio López Ruiz, 'Kubati', a quien varios manifestantes faliares de víctimas del terrorismo han intentado zarandear y han propinado paratadas al coche con el que ha abandonado la prisión. Fue condenado entre otros asesinatos por el de la disidente etarra María Dolores González, Yoyes; Gonzalo Rodríguez Cordero, condenado por participar en 19 asesinatos; y la miembro del 'comando Madrid' Inmaculada Noble, que participó en 1986 en el asesinato del comandante Ricardo Saénz de Ynestrillas.

Además de 'Kubati', Rodríguez Cordero y Noble, la Audiencia Nacional ha acordado este jueves la excarcelación de los etarras Francisco Javier Lujambio Galdeano, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Pedro Juan Odraizola Aguirre, Juan María Gabirondo Agote, Pedro María Rezabal Zurutuza, Miguel Turrientes Ramírez, José Félix Zabarte Jainaga, María Josefa Urkudun Etxenagustia, Antonio Alza Hernández (preso de la denominada 'vía Nanclares') y Raúl Ibáñez Díez.

También saldrán de prisión la integrante de los GRAPO Olga Oliveira, que ha desarrollado varias huelgas de hambre en los últimos años en protesta por la política penitenciaria del Gobierno, y el almeriense Pompeyo Miranda, que fue condenado en Bolivia por varios asesinatos.

El Pleno también ha acordado que a partir de ahora las peticiones de excarcelaciones que todavía están pendientes sean resueltas por las cuatro Secciones que componen la Sala de lo Penal, de acuerdo a estos mismos criterios.

En los casos de etarras que pidieron amparo al Tribunal Constitucional y solicitaron la excarcelación en la Audiencia Nacional, el Pleno ha decidido preguntar a la Fiscalía si procede acordar su salida de prisión y poner esta decisión en conocimiento del tribunal de garantías.

La Sala de lo Penal no ha valorado la situación del también miembro de los GRAPO Laureano Ortega, condenado por el asesinato del empresario Claudio San Martín en 1988, aunque su caso se estudiará por acumulación de condenas y no por la aplicación de la 'doctrina Parot'.

Tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que el pasado 21 de octubre dio la razón a la miembro del 'comando Madrid' Inés del Río, que fue puesta en libertad al día siguiente, la Audiencia Nacional acordó la excarcelación de otros diez etarras, entre los cuales se encontraba Domingo Troitiño, autor del atentado que costó la vida en 1987 a 21 personas en el centro comercial Hipercor de Barcelona.

Además de Del Río y Trotiño, la Audiencia Nacional ha puesto en libertad a los también etarras Juan Manuel Píriz López, Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu, Luis María Azkargorta Belategi, Isidro María Garalde Bedialauneta, Jokin Mirena Sancho, José Ignacio Urdiain Ciriza, Joseba Koldobika Artola, Elías Fernández Castañares y Juan Francisco Gómez López.

En estos casos, la mayoría del Pleno, formada por nueve magistrados, argumentó que no se podía "demorar una privación de libertad irregular" con el pretexto de esperar la decisión que debía adoptar el Tribunal Supremo cuatro días después. Los ocho jueces de la minoría creen que la sentencia de Estrasburgo es de obligado cumplimiento aunque su ejecución no debería corresponder a la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió este martes, por doce votos frente a cuatro, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuya aplicación da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.