BARCELONA. El activista Quim Gimeno ha presentado este miércoles en el Colegio de Periodistas de Barcelona la querella por coacciones contra los dos supuestos agentes de seguridad del Estado que intentaron captarlo como confidente de los movimientos sociales de la ciudad. El activista ha detallado la información destapada por el medio La Directa, por la que los dos supuestos policías quisieron atraerlo como infiltrado de determinados espacios sociales, como el Ateneu La Base del barrio de Poble Sec. Con esta denuncia pública, tanto penal como mediática, Gimeno ha querido dar cuenta de su “compromiso contra la impunidad policial”. “Hago un llamamiento a toda esa gente que está en una situación similar a la mía para que denuncie públicamente este tipo de actuaciones de los poderes del Estado”, ha reclamado.

Junto a él, su abogado Andrés García Berrio, del Centro por la defensa de los Derechos Humanos Iridia, ha incidido en que la denuncia por coacciones se fundamenta en la “intimidación psicológica” a la que ha sido sometido el activista, acusado desde 2015 por el caso Pandora y chantajeado por los dos supuestos agentes con recibir ventajas judiciales si les facilitaba información. El abogado entiende que la infiltración en los movimientos sociales “no es una práctica excepcional” y puede estar amparada por la legalidad, pero en este caso se trata de “una clara vulneración de la libertad individual” de Gimeno por estar involucrado en un proceso judicial. El objetivo de la denuncia, según ha explicado, no es sólo investigar a los dos supuestos agentes, sino “el modus operandi del Cuerpo Nacional de Policía”.

El ex diputado de la CUP David Fernández, quien ha participado en la rueda de prensa en calidad de periodista y activista, ha confirmado “abiertamente” que uno de los dos supuestos agentes es un miembro de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, conocido como Jordi por activistas y periodistas desde hace más de una década en Catalunya. Fernández, como autor del libro Crónicas del 6 que ya documentaba los episodios de persecución de infiltrados en los que había participado su grupo de brigada, ha defendido que el supuesto agente identificado como Jordi “lleva reventado la intimidad de la gente desde hace 17 años”. Del otro supuesto agente que primero se hizo pasar por periodista aún no existe sospecha sobre su verdadera identidad. El periodista de La Directa Jesús Rodríguez ha informado a Público de que ubican a los dos supuestos agentes como miembros de la Policía Nacional y que la falta de respuesta del cuerpo policial ya demuestra que están involucrados.

No es un caso aislado

Aunque Fernández considera que la captación de confidentes del activismo social “es una práctica cotidiana del Estado” y los “antecedentes son la impunidad policial”, también avisa de que “es la primera vez que se puede documentar la guerra sucia del Estado” gracias a la denuncia pública de Gimeno. “En nombre de la seguridad del Estado cada vez se extiende más la sombra de la sospecha sobre los movimientos sociales”, ha advertido. Por ello, ha sido tácito: “Esto se llama corrupción policial y está absolutamente penado pedir datos privados por parte de funcionarios del Estado”.

Una integrante del espacio Ateneu La Base ha declarado no sorprenderse de la tentiva de persecución policial, ya que desde hace años saben de la existencia de “ficheros ilegales de los colectivos sociales” de la ciudad. A este respecto, David Bondia, presidente del Institut dels Drets Humans de Catalunya (IDHC), ha defendido que se está criminalizando, además de a los movimientos sociales, “a las asociaciones de barrios como el ateneo de Poble Sec”. “Nos estamos cargando el Estado de derecho cuando en el nombre de la seguridad se justifica hasta la coacción de una persona”, ha añadido. Por ello, ha emplazado a la Fiscalía a actuar conforme lo revelado en las grabaciones de La Directa para acabar con la impunidad y el silencio de estas prácticas policiales.

Durante los próximos días, los abogados del activista Quim Gimeno informarán del curso de la querella presentada y del juzgado encargado de tramitar el caso.