Que el sistema público de salud financie al 100% las gafas a menores de edad que lo necesiten y, en función del nivel de renta, ayude a los mayores en su compra y convertir así la "salud visual en un derecho universal" es la esencia de la proposición de ley que Adelante Andalucía ha registrado este martes en el Parlamento autonómico.

De este modo este partido abre, por así decir, –más allá de declaraciones públicas y de intenciones– el primer debate oficial sobre este asunto: en la Cámara los partidos tendrán que votar y decidir al respecto.

Una idea similar a la de Adelante tienen PSOE y Sumar recogida en su acuerdo de Gobierno. En ese documento, la guía de actuación del Ejecutivo de coalición a lo largo de esta legislatura, se recoge esta disposición: "Propondremos un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años para familias con menos recursos".

Fuentes del Ministerio de Sanidad afirmaron a Público que el asunto, aunque sin avances, sí está entre sus prioridades: "Abordar este tema esta en los compromisos [de Gobierno]. Es un tema fundamental y abriremos la negociación en el Gobierno y con los ministerios implicados con la máxima premura".

Adelante estima, con todas las cautelas (es muy difícil saberlo), que el coste de pagar las gafas a los menores podría ser para el Estado de unos 261 millones de euros cada año, de los que 50 corresponderían a Andalucía. Este cálculo se hace partiendo de que se podrían cambiar las gafas cada 2 años.

La referencia utilizada por Adelante es el precio medio de unas gafas (monturas más 2 lentes oftálmicas graduadas) que asciende a 197,35 euros, según recoge el Libro Blanco de la Salud Visual.

Los 50 millones son más o menos la mitad de lo que el Gobierno andaluz dejó de recaudar, 93 millones, cuando su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), suprimió el impuesto de patrimonio, que solo pagaban los que más tienen entre los que tienen, unas 17.000 personas.

Mayores de edad

En el caso de la financiación de los productos ópticos y de salud visual a personas mayores de edad, el planteamiento de Adelante "es que [el Ministerio de Sanidad] establezca un sistema de financiación parcial por parte de la administración en función de las condiciones socioeconómicas de la población". 

El partido fundado por Teresa Rodríguez y José María González Kichi pretende que gafas y lentillas "se le sufraguen íntegramente a las personas en riesgo de pobreza". La estimación de Adelante es que esto supondría al Estado un desembolso de 447,31 millones de euros, de los que 90 irían a la Junta de Andalucía. 

El 61% de la población de 15 o más años utiliza gafas o lentillas. A nivel andaluz, esa cifra es del 54,89%. En el caso de menores, el 31% presenta algún problema visual no resuelto, según los datos que Adelante ha extraído de la última Encuesta Europea de Salud del año 2020.

Un dineral

"Se nos ha olvidado que no ver bien es un problema de salud y debería ser atendido por las administraciones igual que cualquier otro problema de salud. No se entiende que las gafas y lentillas cuesten un dineral al que muchas personas no pueden acceder", manifestó el portavoz de Adelante, José Ignacio García.

Este aportó las siguientes cifras: "Hay un millón de andaluces que tienen problemas económicos para poder costearse las gafas o las lentillas, el 20% de la población no se cambia las gafas o se las gradúa en al menos 5 años a pesar de que los oftalmólogos recomiendan que se haga entre 1 y 2 años". 

Adelante agrega que el INE (Instituto Nacional de Estadística) señala que "la diferencia entre las clases sociales más altas y más bajas en el uso de las gafas es de un 12% y que Andalucía es la Comunidad Autónoma con menor utilización de gafas de todo el Estado, 7 puntos menos que la media estatal".

"Esto está indudablemente condicionado por el coste de los productos ópticos y de salud visual por lo que de aplicarse esta medida cambiarían estas cifras de manera muy significativa", considera el partido de izquierdas y andalucista.

Tramitación en el Congreso

La idea de Adelante es que el tema supere Despeñaperros y se vea en Madrid para lo que han recurrido a una fórmula que técnicamente se llama proposición de ley a tramitar ante el Congreso de los Diputados. La Constitución permite que las asambleas y parlamentos autonómicos presenten legislación a debate en Madrid.

Adelante ha elegido esta opción, que, tal y como lo han planteado, requiere modificaciones en la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, de aplicación en todo el Estado, en lugar de la de reclamar cambios normativos solo en Andalucía, donde el partido tiene la representación, al Gobierno de Moreno, por dos razones, explican.

"Por un lado porque queremos que salga y creemos que así habrá más posibilidades, de la otra manera puede que el PP nos diga que no hay dinero. Y también porque creemos que es un derecho que podría ampliarse también al resto de comunidades y sería positivo", según dijeron a Público las fuentes consultadas.

García le añadió carga ideológica a la decisión: "Es lo más viable porque queremos que esta ley se lleve a término, pero además con una filosofía de fondo, el andalucismo no es como otros soberanismos, es universal para todos, queremos abrir en Andalucía el tabú sobre el derecho a una salud digna y queremos que se cumpla para todos en todos los territorios".

Para que la proposición de Adelante llegue hasta el Congreso, necesita primero que el PP, que cuenta con mayoría absoluta en Andalucía, apoye la iniciativa. Este diario ha preguntado al PP por su posición en este debate. Fuentes del grupo parlamentario dijeron que tendrían que ver las implicaciones que tiene el texto (afectaría a más Comunidades) y que "de momento" lo van a estudiar "atentamente".

Fuentes de Adelante indicaron a Público que son "optimistas" respecto a la decisión que tome el PP, aunque no está "nada claro". También indicaron que aún no han hablado con el ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García (Sumar, Más Madrid), pero que tienen la intención de hacerlo.

Una vez que el PP tome una decisión, si esta es favorable, el tema llegaría al Congreso, donde las mayorías son diferentes a las de Andalucía. En Madrid se vería qué decisión toma el Gobierno para cumplir con su compromiso escrito.