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Afiliados y exdirigentes del PP copan los máximos órganos reguladores

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Seguridad Nuclear o el Banco de España son los principales casos de militancia conservadora que se suman al destapado con Pé

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La militancia en el Partido Popular del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, no es un caso excepcional entre los altos cargos del Estado. Desde su ascenso al Gobierno en noviembre de 2011, el PP ha colocado en el cargo de máxima responsabilidad de los principales organismos reguladores a personas afines al partido. El carácter oficialmente independiente de estas entidades provoca que las suspicacias en torno a dicha afiliación política sean mayores.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Seguridad Nuclear o el Banco de España son los principales casos de militancia conservadora que se suman al destapado el pasado jueves con Pérez de los Cobos.

Al frente de la presidencia de la CNMV se encuentra Elvira Rodríguez, quien en el momento de ser nombrada en su actual cargo todavía era diputada del PP en el Parlamento. Su ascenso estuvo rodeado de polémica, llegando a ser calificado de 'escandaloso' por las fuerzas políticas, debido a que Rodríguez previamente había sido presidenta de la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2011 y ministra de Medio Ambiente durante el Gobierno de José María Aznar. Que sucediera a un presidente como Julio Segura, considerado independiente, provocó que su nombramiento fuera considerado 'demasiado político'.

El nombramiento de Elvira Rodríguez al frente de la CNMV fue calificado de 'escandaloso'

Ramón María Álvarez de Miranda preside actualmente el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de los presupuestos de las administraciones públicas. Álvarez de Miranda, tras ser diputado por la Unión de Centro Democrática (UCD) entre 1979 y 1982, entró en el Tribunal en 1984 hasta convertirse en su presidente, a petición del Partido Popular, en julio de 2012.

Presidiendo el Consejo de Seguridad Nuclear se encuentra Fernando Martí Scharfhausen, ex Secretario de Estado de Energía, Industria y Turismo entre diciembre de 2011 y finales de 2012, cargo que ocupa a instancias del Partido Popular desde principios de este año.

La veterana Soledad Becerril, ministra de Cultura con la UCD a principios de los años 80 y alcaldesa de Sevilla entre 1995 y 1999, es la actual Defensora del Pueblo desde junio de 2012. Después de ocupar un escaño como diputada con el extinto partido de centro, pasaría a ocuparlo durante tres legislaturas consecutivas integrando las filas del PP.

El Banco de España tiene al frente a Luis María Linde, un gobernador amigo personal de Luis de Guindos, actual ministro de Economía y Competitividad, y es un hombre de confianza de su homólogo de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Su nombramiento, en junio de 2012, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, vino acompañado de Fernando Restoy como subgobernador, también afín a los conservadores.

Bruselas temía que la CNMC no llevara a cabo 'una regulación efectiva e imparcial'

El Gobierno del Partido Popular planeaba unificar siete organismos en un único órgano regulador independiente: la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Entre las entidades susceptibles de ser reagrupadas se encontraban la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, cuyas presidencias no habían sido renovadas en la reciente legislatura y, por tanto, sus máximos dirigentes cumplen con un perfil progresista que contrasta con el color del actual Ejecutivo: Joaquín García Bernaldo de Quirós, Alberto Lafuente y Bernardo Lorenzo, respectivamente.

Sin embargo, el proyecto del Partido Popular no solamente se encuentra congelado sino que a principios de año recibió críticas de la Comisión Europea que, por voz de su vicepresidenta Neelie Kroes, amenazó con abrir un expediente a España si el Gobierno sacaba adelante su plan de reunificación. Kroes mostraba su preocupación ante el temor de que la CNMC no llevara a cabo 'una regulación efectiva e imparcial'.