Publicado: 03.08.2015 23:08 |Actualizado: 04.08.2015 18:06

El 'alcalde Fittipaldi' de Alcañiz (PP) se aferra al cargo pese a su inminente juicio rápido

Ni siquiera contestó en el pleno a las peticiones de dimisión de PSOE y Ganar Alcañiz, cuyos portavoces fueron abucheados por una parte del público que asistió al pleno de este lunes por la noche

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El alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso.

El alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso.

ZARAGOZA.- Juan Carlos Gracia Suso (PP) se aferra a sus cargos de alcalde de Alcañiz y diputado provincial pese a su inminente juicio rápido, señalado para este miércoles en el Juzgado número 2 de Teruel, por exceso de velocidad: la Guardia Civil de Tráfico le interceptó el pasado viernes cuando circulaba a 211 kilómetros por hora por un tramo de la carretera N-420 en la que el límite es de cien.

Gracia se enfrentó ayer al pleno de su ayuntamiento, en el que gobierna en minoría apoyado por su grupo de siete concejales frente a tres formaciones con tres ediles –Ganar Alcañiz, PSOE y PAR- y uno más de Ciudadanos.

Al final del pleno, en el apartado de “ruegos”, y sin que el alcalde se hubiera referido en toda la sesión al episodio que ha llevado a su imputación como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, los portavoces de Ganar Alcañiz y del PSOE solicitaron su dimisión entre abucheos de una parte del público. Ni siquiera les contestó. “Me ha quedado estupefacta al ver que hay gente que pueda apoyar una conducta como la del alcalde”, indicó la portavoz de Ganar Alcañiz, María Milián.

Ciudadanos le pidió que dimitiera de su cargo de diputado provincial para darle “una segunda oportunidad” como alcalde, mientras el PAR está a la espera de que se resuelva el proceso judicial. Gracia Suso sí aseguró que el procedimiento judicial “no va a costar ni un euro de dinero público”. Los cuatro partidos de la oposición anunciaron que efectuarán un seguimiento de las cuentas públicas para vigilar que el consistorio no pague los gastos de la defensa del alcalde.



Citado para el miércoles a las 10

Gracia Suso está citado para las diez de la mañana de este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel, donde será sometido a un juicio rápido en el que tiene dos opciones: aceptar la pena que proponga aplicarle el fiscal, lo que le garantizaría una rebaja de un tercio de la pena, o negar la mayor, lo que daría lugar a la apertura de un proceso judicial “convencional”.

El Código Penal castiga a quien supere el 80 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en una vía con penas de entre tres y seis meses de prisión, una multa de seis a doce meses o entre 31 y 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad, además de una retirada del carnet de entre uno y cuatro años. Su permiso fue requisado el viernes por los agentes de Tráfico que lo interceptaron a la entrada de Teruel, a 30 kilómetros del punto en el que el radar detectó a su Mercedes cuando circulaba a 111 kilómetros por hora más de lo permitido.

Esas son las penas para el delito básico. En el caso del alcalde de Alcañiz, los guardias civiles no apreciaron que hubiera puesto “en concreto peligro la vida o la integridad” de alguna persona, caso en el que las penas se endurecen.

El tercer cargo institucional del PP aragonés

Gracia Suso es, hoy por hoy y tras el desplome de los conservadores en las elecciones del pasado 24 de mayo, que les dejó fuera del Gobierno autonómico y sin el control de ninguna diputación provincial, el tercer cargo electo en la jerarquía institucional de su partido, por detrás solo de los alcaldes de Teruel y de Calatayud. Ningún dirigente de los conservadores se ha pronunciado públicamente sobre la situación del edil.

El Código de Buena Prácticas del PP obliga a sus militantes a comunicar a la dirección “la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito”, así como a “poner a disposición del partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública”.