Un alto cargo del Gobierno de Andalucía, el director general de Pesca, José Manuel Martínez Malia, incumplió "indiciariamente" dos leyes, la ley de incompatibilidades y la ley de régimen jurídico del sector público al conceder ayudas a empresas en las que trabajaban parientes suyos y sobre las que tenía intereses.

Así lo recoge un documento de la Oficina Andaluza Antifraude, un órgano de extracción parlamentaria, que se encarga de los conflictos de intereses y que detecta tres puntos de fricción con las leyes, por lo que propone abrir un procedimiento sancionador contra Martínez Malia que podría desembocar en su obligado cese.

Por un lado, al no abstenerse el director de Pesca a la hora de dar ayudas a empresas en las que trabajaban parientes suyos; por otro, al tomar decisiones sobre empresas en las que había tenido participaciones, y por último, al mantener durante un tiempo un cierto control sobre compañías, cuando la norma lo prohíbe.

En el trabajo, a la que ha tenido acceso Público, la Oficina identifica dos resoluciones de concesión de ayudas (por la paralización temporal de la flota en modalidad cerco) firmadas por el propio director de Pesca, que concede a sus hermanos, tripulantes, en total 9.500 euros, una de 5.700 euros y otra de 3.800 euros.

La Oficina no considera el asunto un supuesto de fraude. En un comunicado, señaló que se trata de "infracciones de carácter administrativo, nunca delictivas, en las no se han detectado ningún tipo de alcance contable o de perjuicio económico".

Toque de atención al Gobierno

La Oficina propone ahora abrir un expediente sancionador y le da también un toque de atención a la consejería de Agricultura.

Así, insta al Gobierno "a valorar la necesidad de implantar protocolos de detección temprana y prevención y/o cualesquiera mecanismos eficaces para velar por la ausencia de conflictos de intereses de los altos cargos". El PSOE, que denunció el caso, exigió este miércoles al presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), la dimisión del director de Pesca.

La ley andaluza recoge que los incumplimientos de los deberes de abstención e inhibición, como es el caso, suponen o bien una infracción grave o una muy grave. Las infracciones muy graves y graves, recoge la ley, "serán sancionadas con la declaración del incumplimiento de la Ley y la publicación de esta declaración en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía".

Y después, "quienes hubieran sido sancionados por la comisión de una infracción muy grave […] serán, en su caso, cesados y no podrán ser nombrados para ocupar cargos por un período de entre tres y diez años". Y "quienes hubieran sido sancionados por la comisión de una infracción grave serán, en su caso, cesados y no podrán ser nombrados para ocupar cargos por un período de hasta tres años".

Filtraciones

La Oficina Antifraude, después de la publicación de esta información y otras en diversos medios, puntualizó en un comunicado, recogido por Europa Press, que "las informaciones publicadas se refieren a una propuesta de resolución provisional, no finalizadora del procedimiento" y agregó que "la parte denunciante y la parte denunciada disponen de un plazo de presentación de alegaciones que aún no ha concluido".

La Oficina señaló además que su director, por resolución de 13 de noviembre de 2023, "declaró el procedimiento reservado en virtud de la Ley contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, lo que implica la obligación del deber de sigilo y de confidencialidad sobre los hechos que son objeto de investigación e inspección, así como las personas y entes sobre los que se producen dichas actuaciones".

"En este sentido, –advierte la Oficina– la filtración de información en la investigación que cause graves perjuicios a la propia investigación o al denunciante está tipificada como una infracción muy grave en virtud del artículo 43.g de la Ley 2/2021, de 18 de junio, y en consecuencia se podría estar incurriendo en un incumplimiento del mismo lo que conllevaría sanciones que oscilarían entre los 30.001 y los 100.000 euros".

Finalmente, este órgano ha querido aclarar que, "en cualquier caso, no está investigando ningún supuesto de fraude, las acciones que son objeto de filtración hacen referencia únicamente a infracciones de carácter administrativo, nunca delictivas, en las no se han detectado ningún tipo de alcance contable o de perjuicio económico para la Junta de Andalucía en el reparto de ayudas", recoge Europa Press.