El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avaló el pasado mes de diciembre, en una sentencia que se ha conocido este martes, la actuación de la Junta de Andalucía al tumbar, en los años de Gobierno de Susana Díaz, uno de los cuatro proyectos gasísticos, el llamado Marismas Oriental, que una filial de la empresa Naturgy quiere construir en el Espacio Natural Doñana, en el entorno del Parque Nacional.

En la resolución, además de reconocer la competencia de la Junta para frenar o autorizar proyectos en Doñana, y de la adecuación a derecho, en este caso, de la decisión tomada finalmente en marzo de 2016, la justicia andaluza se apunta a la lógica predominante hoy en Andalucía de protección del equilibrio ecológico en el Parque Nacional.

Al hilo de la defensa de la Autorización Ambiental Integrada, fórmula que sirvió para tumbar el proyecto gasístico y que la legislación autonómica configuró como “un verdadero avance para afrontar el reto de la mejora progresiva de la calidad ambiental de Andalucía”, el TSJA afirma: “No ofrece controversia la particular importancia que presenta el espacio natural de Doñana, sobre el que sin duda deben compartirse las particulares características ambientales que ofrece y que exige […] un plus de cautela en lo que se refiere a la realización de nuevas actuaciones”.

Patrimonio mundial

La sentencia añade una cita de una prueba pericial presentada por la Junta de Andalucía en el juicio, que los magistrados consideran “adecuada”. Esta es la cita completa: “Debe tenerse en cuenta que estamos tratando con un ámbito (Doñana) que ostenta en su conjunto las máximas categorías de protección autonómica, nacional y mundial, siendo foco permanente de atención internacional, por lo que debe extremarse la precaución en cuanto que las actuaciones a desarrollar en el entorno sean acordes con los objetivos marcados de gestión y conservación. […] El Parque Nacional de Doñana es el único espacio natural andaluz distinguido como Patrimonio Mundial de la Unesco”.

La Junta de Andalucía rechazó fundamentalmente dar la autorización al proyecto Marismas Oriental porque este preveía nuevas construcciones que entraban “en contradicción con los criterios objetivos de conservación”, según resume la sentencia.

Naturgy tiene planteado otro contencioso en los tribunales que está por resolverse. En él, la compañía reclama al Gobierno andaluz 358 millones de euros por el veto a la ampliación de las estructuras gasísticas.