Publicado: 06.09.2015 13:48 |Actualizado: 06.09.2015 13:48

Archivada la denuncia contra la Generalitat por la moneda de la República Catalana

La Fiscalía cree que no existen indicios suficientes de que se haya cometido un delito de falsificación tras haber recibido un informe del Banco de España. 

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Diseño de la moneda de la República Catalana. Imagen tomada de la página de Facebook 'Primeres Monedas de Prova per a la República Catalana 2014'.

Diseño de la moneda de la República Catalana. Imagen tomada de la página de Facebook 'Primeres Monedas de Prova per a la República Catalana 2014'.

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación que abrió en noviembre de 2014 contra la Generalitat de Catalunya por encargar la fabricación de 45.000 monedas para una supuesta "república catalana", informaron fuentes jurídicas.

El departamento dirigido por Javier Zaragoza ha acordado sobreseer las actuaciones sin presentar ninguna querella por estos hechos ante uno de los seis juzgados centrales de instrucción, al considerar que no existen indicios consistentes de que los autores de esta iniciativa hayan podido cometer un delito de falsificación de la moneda, cuya persecución corresponde a la Audiencia Nacional.



El Ministerio Público, que ha tomado esta decisión tras recibir un informe de la Brigada de Información del Banco de España, abrió la investigación tras recibir una denuncia del Ministerio de Economía que advertía de la posibilidad de que la Administración catalana estuviese acuñando moneda con motivo del tricentenario de la Diada.

Las monedas, que fueron fabricadas en China y llegaron al puerto de Barcelona a finales de agosto de 2014, según publicó el diario El Mundo, forman parte de un proyecto impulsado por la Generalitat de Catalunya y el Gremi de Filatèlia y Numismática para conmemorar el 300 aniversario de la Diada Nacional de Catalunya.

Menos de 2.000 euros

El convenio entre ambas partes fue suscrito por el secretario general de Presidencia de la Generalitat, Jordi Vilajoana, y el representante del Gremi, Alejandro Serrat. En un escrito remitido a la Fiscalía, el representante del Gobierno catalán aseguró que el encargo había supuesto un coste de menos de 2.000 euros y que las monedas se habían fabricado a modo de prueba.

El artículo 386 del Código Penal establece penas de ocho a 12 años de cárcel para "el que altere la moneda o fabrique moneda falsa, el que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada y el que transporte, expenda o distribuya, en connivencia con el falsificador, alterador, introductor o exportador, moneda falsa o alterada".