Publicado: 19.08.2016 07:58 |Actualizado: 29.08.2016 10:34

ExclusivaLas cloacas de interior

Accionistas de la banca andorrana denuncian amenazas de la Policía española mientras la UDEF mantiene muerta la investigación sobre blanqueo

Los hermanos Higini y Ramón Cierco, accionistas mayoritarios de la entidad investigada por blanqueo de capitales y en la estaba depositado el dinero que, según confesión propia, defraudó Jordi Pujol, denuncian amenazas del ex comisario de Asuntos Internos para conseguir información sobre políticos catalanes.

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Ramón Cierco, Higini Cierco y Joan Pau Miquel.

Ramón Cierco, Higini Cierco y Joan Pau Miquel.

MADRID.- Los hermanos Higini y Ramón Cierco han denunciado ante la juez que investiga uno de los casos que les apuntan directamente como facilitadores de blanqueo de capitales, que se vieron amenazados y extorsionados cuando la Policía les preguntó por el ex president de la Generalitat y la herencia de su padre.

Las grabaciones a las que tuvo acceso Público sobre reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, corroboran que el actual juez y los accionistas mayoritarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA) se conocían, al igual que al ministro, y que las relaciones eran estrechas. Tanto que coincidieron en una boda de la familia Fuster Fabra, amigos de los andorranos, de Daniel de Alfonso y de altos mandos policiales como el ex Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino; su ex jefe de gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago o el ex comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

Sin embargo, y a pesar de llevar casi dos años imputados por las presuntas operaciones de blanqueo de capitales que se pudieran haber llevado a cabo a través de BPA y de su filial Banco Madrid –de las que alertaron las autoridades estadounidenses-, ahora se han animado a contarle a la juez, Canòlic Mingorance, que el ex comisario de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, amenazó al director de la entidad bancaria, Joan Pau Miquel, y que éste “no denunció entonces los hechos, en junio de 2014, porque Martín Blas le advirtió que, de hacerlo, el FinCEN americano (organismo del Departamento del Tesoro) intervendría en quince días”.



Fuentes policiales consultadas por Público han confirmado este encuentro, en el que estaba presente el ex director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, “debido a que fue algo fortuito”, en una boda de la familia Fuster Fabra, “en la que coincidieron Pino y Martín Blas en la misma mesa que uno de los hermanos Cierco. Ambos comisarios le preguntaron por la familia Pujol y otras familias catalanas, pero la respuesta fue que debían hablar con el director de la entidad, Joan Pau Miquel”.

Fue después, según estas fuentes, cuando los Cierco propiciaron un encuentro con el director del BPA, Joan Pau Miquel, al que el número dos de la Policía decidió enviar también al ex comisario de Asuntos Internos. Se interesaron por políticos catalanes del ámbito soberanista, como Jordi Pujol, Artur Mas, Xavier Trías… pero judicialmente sólo se acreditó la cuenta de la familia del ex president de la Generalitat.

Versión de los Cierco

Fue la Guardia Civil la que estuvo a cargo de la operación en torno a la Banca Privada d’Andorra y los hermanos Cierco y tal como se detalla en los diferentes sumarios sobre blanqueo de capitales en los que está inmersa BPA, fueron las autoridades de Estados Unidos las que pidieron a la policía española que se interesara por los presuntos negocios que podían haber llevado a cabo en Andorra la llamada ‘mafia china’ del empresario Gao Ping o determinados dirigentes venezolanos relacionados con el petróleo. Fuentes policiales consultadas por este diario advierten que “era público y notorio que Estados Unidos buscaba dinero relacionado con la mafia china, Rusia o con el gobierno de Venezuela”.

El grupo Cierco ha difundido un comunicado en el que se afirma que los hechos que denuncian “es necesario enmarcarlos en lo que hoy se conoce como ‘caso Pujol’ o ‘operación Cataluña’ y originados por el intento de las autoridades españolas de poder hacer público el patrimonio del ex – presidente de la Generalitat”.

La sede principal de Banca Privada de Andorra. EFE

La sede principal de Banca Privada de Andorra. EFE

La versión de los hechos difundida por los Cierco coincide con la obtenida por Público aunque difiere en si conocían a los comisarios Eugenio Pino y Martín Blas antes o después de las supuestas amenazas al director de BPA. Según explica Higini Cierco, “coincidió con posterioridad al banquete de una boda con el comisario jefe de Asuntos Internos de la policía española y con el director adjunto operativo del mismo cuerpo, Eugenio Pino. Tuve la percepción de que el foco sobre Banco Madrid y BPA desaparecía".

Pero Higini Cierco explica que "no fue así" y lo achaca a que "la cantidad de dinero depositada en el banco les pareció insuficiente por los indicios que pudieran tener de la operativa bancaria que los Pujol hubieran podido llevar a cabo durante décadas en Andorra". Sería esta frustración de los policias al encontrar menos dinero del ex president del que pensaban lo que les motivó, según la versión de Higini Cierco, para enviar una nota al Tesoro de EEUU con información "errónea, parcial o incompleta".

Pero los investigadores de ambos cuerpos consultados por Público tienen bastantes dudas sobre si la denuncia de los dueños del BPA es cierta. Hasta las autoridades andorranas, tras hacerse público el extracto de la conversación donde el ministro y De Alfonso hablaban de los Cierco, se han planteado si estos no colaboraron con la UDEF tras saber que los Estados Unidos estaban dispuestos a intervenirles.

A pesar del perjuicio causado a los clientes y empleados del banco tras la intervención, vendida a bombo y platillo, la UDEF de la Policía Nacional mantiene casi parada la investigación sobre las acusaciones de blanqueo, que siguen en pie, después de que se hayan trasladado las diligencias de la Audiencia Nacional a los juzgados madrileños. Los accionistas mayoritarios de la BPA, en su comunicado, señalan que Higini Cierco ha informado de los hechos desde marzo de 2015 a diferentes personas. “El Jefe de Gobierno Toni Martí, o los ministros de Finanzas, Jordi Cinca, de Administración Transportes y TeleComunicaciones, Jordi Alcobé y de Asuntos Sociales, Justicia e Interior, Xavier Espot, han sido conocedores de todo lo acontecido”. “Estas comunicaciones – indican- se han ido haciendo de manera gradual y a medida que se han tenido elementos que han permitido ir corroborando todo lo que presumiblemente habría sucedido”. Ahora han puesto esos datos en conocimiento de la juez.