"Europa y el Reino Unido han aceptado las exigencias que había marcado España. Por lo tanto, España levantará el veto y votará mañana a favor del Brexit,” ha anunciado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. “Una vez que se produzca la retirada de Reino Unido de la Unión Europea, la relación de Gibraltar con la Unión Europea, policíaca jurídica e incluso geográfica, pasaran por España,” ha asegurado Sánchez.

El acuerdo se centra en cuatro documentos. El primero, una declaración del Gobierno británico que establece la interpretación del ya famoso artículo 184 que se refería a la negociación sobre la relación futura y que España rechazó por no especificar que cualquier decisión que afectase a Gibraltar, debía pasar antes por Madrid, tal y como las directrices de negociación de los 27 establecía.

Según la interpretación del artículo a la que tanto la UE como Reino Unido se acogerá, el 184 “no impone ninguna obligación sobre el alcance geográfico de esos acuerdos [los de la relación futura]; y así, ninguna obligación o presunción de que estos acuerdos tendrá el mismo alcance geográfico que el que prevé el artículo 3 del acuerdo de salida”. Dicho artículo hacía referencia a Gibraltar, de manera independiente al Reino Unido. De ahí la importancia de la aclaración.

El Gobierno asegurado que esta declaración por parte de los británicos resulta “trascendental”, aunque no queda claro que este documento sea legalmente vinculante.

Sí lo sería el compromiso de la Comisión Europea, como guardiana de los tratados de la UE, es hacer la misma interpretación ya que, según Sanchez, estará incluida en el acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE. “Por primera vez y de manera histórica, hemos logrado una declaración conjunta de la Comisión Europea en el marco del acuerdo de retirada que descartan que el artículo 184 sea aplicable al contenido de la relación futura,” ha subrayado el presidente del gobierno.

Además, España también habría conseguido que el asunto se incluyera en la declaración política sobre las relaciones futuras. “El Consejo y la Comisión Europea refuerzan la posición de España, como nunca había estado, de cara a las negociaciones más trascendentales que vamos a tener porque vamos a tener que hablar de la co-soveranía y de otras muchas cosas con Reino Unido,” ha anunciado Sánchez. Según el presidente, los acuerdos futuros que afecten a Gibraltar “no solo se deberán contar con el acuerdo de España, sino que deberán ser acuerdos separados a los que se concluyan con el Reino Unido por parte de la UE”.

España habría cerrado además una carta en la que los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ratifican las exigencias de España. “España logra un triple blindaje histórico por el que puede negociar directamente con Reino Unido el futuro de Gibraltar para los próximos años,” ha asegurado Sánchez.

Pedro Sánchez ha insistido en que la cuestión de Gibraltar es “capital para España” ya que “la cuestión de la soberanía y la integridad territorial son elementos presentes en la identidad de nuestro país”. El Gobierno aspira a desarrollar en el futuro una relación “fructífera, estrecha y ambiciosa que favorezca que el desarrollo equilibrado que favorezca al Gibraltar y al Campo de Gibraltar”. La prosperidad del Campo de Gibraltar, ha insistido, “también es un tema de estado”.

Fin del temido veto

España anunció a principios de esta misma semana su intención de bloquear la consecución del acuerdo, tras la introducción “de la noche a la mañana” del artículo 184 que sentaba las bases de la negociación futura con los británicos, sin aclarar que cualquier acuerdo que afectara a Gibraltar tendría que pasar por Madrid. Algo que el Gobierno de Mariano Rajoy había conseguido que el resto de Estados miembro aceptaran y que formaba parte de las conocidas directivas de negociación que los 27 facilitaron al jefe negociador de la Comisión Europea, Michel Barnier.

El problema surgió cuando, tras el estancamiento de las negociaciones durante meses, la task force del Brexit pidió a los 27 cierto margen de maniobra para ponder concluir el acuerdo. Este proceso que en la jerga de Bruselas se ha calificado como “túnel” permitió dar lugar un texto que, en principio, tanto Londres como Bruselas podrían aceptar. Sin embargo, el documento fue enviado a Dawning Street y logró la luz verde del gobierno de Theresa May antes de que los Estados miembros pudieran siquiera ojearlo. Esto resultó en cierto malestar entre algunos países que consideraron que Barnier se había excedido en sus competencias. España, en particular, denunció la introducción de este artículo que, entienden, ponían en riesgo el poder de veto de Moncloa sobre cualquier acuerdo que afecte a Gibraltar.

En Bruselas, sin embargo, no ha sentado demasiado bien la actitud del Gobierno socialista. Por un lado, tanto los colegas europeos como las instituciones entienden la sensibilidad del asunto de Gibraltar y la importancia que tiene para España. Pero por eso mismo no acaban de entender que Pedro Sánchez no se haya implicado directamente en las negociaciones, cuando Theresa May, sin embargo, ha estado viviendo regularmente a Bruselas al aparecer nubes en el horizonte.

El Gobierno español ha jugado su carta de veto hasta el final, amenazando incluso con no aparecer en la cumbre del próximo domingo si el asunto de Gibraltar no se zanjaba. El artículo 50, que establece las normas que un país debe seguir en caso de abandonar la UE, establece que el acuerdo de salida debe ser aprobado por el Consejo por mayoría cualificada. Es decir, España, por sí sola, no tendría poder para frenarlo. Pero hay un matiz. La convocatoria de un Consejo Europeo para dar luz verde al acuerdo abre la puerta al poder de veto de España. ¿Por qué? Porque las decisiones en las cumbres se toman por unanimidad, siempre. Que una decisión con el acuerdo sobre el Brexit, cuando Bruselas ha insistido en la importancia de la unidad de los 27 en este asunto, se tomara a pesar del malestar en Madrid habría sido impensable.

Además, España jugaba con otra carta. Cualquier acuerdo, en la forma que sea, sobre las relaciones futuras entre Reino Unido y la Unión Europea, debe ser ratificado no ya por el Consejo y el Parlamento europeos sino también pos los 27 estados miembros individualmente y hasta por algunas cámaras regionales. Aquí, la posición de España será de nuevo fuerte. El Brexit ha abierto una oportunidad para mejorar la colaboración en materia de los derechos de los trabajadores, la lucha contra la evasión de impuestos y otros asuntos pendientes con Gibraltar. Y el gobierno lo sabe.

La cumbre, y por tanto el acuerdo entre Reino Unido y la UE, ha estado verdaderamente en el aire hasta que Sánchez ha dado el visto bueno. El futuro de las relaciones, sin embargo, está aún por determinar.