La Guardia Civil analiza los correos electrónicos y documentos incautados en la operación del caso 3% en vísperas del juicio por el 9-N, una coincidencia tras la que el expresidente catalán Artur Mas ve un "montaje escandaloso" de la Fiscalía para "hacer daño".

A lo largo de este viernes, la Guardia Civil ha estado interrogando a ocho de los 18 detenidos que han pasado la noche en la comandancia de Tarragona, la mayoría de los cuales se ha negado a declarar, al tiempo que analiza la numerosa documentación sobre adjudicaciones públicas intervenida ayer, en 24 registros que se prolongaron hasta el anochecer.

La nueva fase del llamado caso 3% sobre supuesta financiación ilegal de CDC se centra ahora principalmente en la adjudicación de obra pública en el Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa del convergente Xavier Trias en el gobierno de la ciudad, por lo que fueron detenidos su exconcejal Antoni Vives y el exgerente municipal Constantí Serrallonga, ahora presidente de Fira de Barcelona.

Los agentes también mantuvieron detenido al presidente del Puerto, Sixte Cambra, del entorno personal de Artur Mas, durante las cerca de 12 horas que duró el registro de su despacho, donde los agentes intervinieron expedientes sobre las dos principales obras portuarias bajo sospecha: el dique este y la ampliación del muelle sur. Entre los correos electrónicos, agendas y documentación incautada en los registros la Guardia Civil busca el rastro de posibles amaños y acuerdos para convocar concursos de adjudicación a medida, a cambio de mordidas de empresarios en varios proyectos, entre ellos el túnel de la plaza de les Glòries de Barcelona.

Después de intentar sin éxito interrogarlos, dado que ambos se han acogido a su derecho a no declarar, la Guardia Civil ha dejado hoy en libertad al tesorero de CDC, Andreu Viloca, y al responsable jurídico del partido, Francesc Sánchez, a la espera de que los cite como investigados el titular del Juzgado de instrucción numero 1 de El Vendrell (Tarragona), que dirige el caso. También han quedado en libertad, tras pasar la noche en la comandancia de la Guardia Civil, el directivo de la constructora Oproler Josep Maria Bassols y el empresario Fèlix Pasquina, quienes se han acogido igualmente a su derecho a no prestar declaración.

La coincidencia temporal entre la operación policial y el juicio del 9-N, que arranca el próximo lunes, ha llevado a Mas a expresar su indignación por lo que considera un intento de la Fiscalía de perjudicar al soberanismo, que ha convocado concentraciones de apoyo a las puertas del Palau de Justicia. De hecho, Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega designaron para el 9-N a los abogados particulares Xavier Melero, Jordi Pina y Rafael Entrena, habituales en casos de presunta corrupción de CDC y de Unió y que, precisamente, llevan la defensa de varios de los detenidos en el caso del 3%.

No ha tardado en llegar la respuesta del Gobierno ante esas acusaciones: el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afeado a Mas su "poca calidad democrática", y el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha afirmado: "Aquí no se persigue a nadie por sus ideas". También el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha acusado hoy al PDeCAT de esconderse detrás de banderas independentistas y el referéndum en Catalunya para no asumir ninguna responsabilidad por los reiterados casos de presunta corrupción en su partido.