El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un discurso lleno de referencias veladas a Artur Mas y a Podemos, ha afirmado que el Ejecutivo actúa con firmeza contra la corrupción, y que está dispuesto a 'dialogar tanto como haga falta, pero siempre dentro de la ley', reiterando el discurso marcado por Mariano Rajoy respecto a la independencia catalana.

El ministro ha advertido lo 'inquietante' que le parece 'regresar a planteamientos que comprometen derechos y libertades de los españoles movilizando a las masas en la calle para confundirlas'. 'Hay quien quiere utilizar la fuerza de los hechos para eliminar el proceso democrático', ha asegurado.

Ante la pregunta de si el gobierno se ha encontrado paralizado ante la corrupción y ha tardado demasiado en reaccionar, Rafael Catalá se ha mostrado tajante: 'no hemos tardado en reaccionar', ha contestado. 'La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal lleva más de un año en el congreso, si no han avanzado es por el esfuerzo en la búsqueda de consensos que está llevando a cabo este gobierno'. Catalá ha reconocido que el gobierno aprobará 'unilateralmente' estas reformas si el proceso de acuerdos pusiera en peligro aprobarlas antes del final de la legislatura.

Acerca de la sobrecarga de los juzgados en España, Catalá ha asegurado que con los nuevos módulos que suben el límite de casos que puede admitir un juzgado, esta sobrecarga bajará. El ministro ha reconocido la dificultad de conocer la situación real de carga de trabajo de la justicia, y ha apostado por el 'contacto permanente' entre las autonomías y el  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para saber dónde es necesario asignar más recursos. 'Hay medios suficientes para estar razonablemente satisfechos por cómo funciona la justicia', ha concluído.

Catalá ha asegurado que la decisión de Mercè Pigem de dimitir de su puesto en el CGPJ al ser pillada sacando dinero de Andorra la pasada semana  no ha tenido que ver con el proceso catalán, frente a la evidencia de lo dicho por la propia magistrada, y lo ha considerado una 'decisión estrictamente personal'. A colación del tema de la corrupcion, Catalá ha afirmado que le parece 'desorbitado' que la imputación lleve consigo incompatibilidad para desempeñar funciones públicas. El ministro se ha encontrado arropado por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el Fiscal General Eduardo Torres Dulce, la ministra de Fomento Ana Pastor y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, entre otros,  en un acto que ha resultado une exhibición de sintonía con el gobierno, su partido y el Fiscal General.

En referencia directa, esta vez sí, a Catalunya, ha restado importancia a la participación ciudadana, poniendo en duda la verosimilitud de los datos ofrecidos por la Generalitat. 'Una de cada tres personas que tenía el derecho a voto en esa consulta se manifestaron a favor de la independencia, pero el gobierno debe gobernar para todos los españoles', ha sentenciado. 'Dentro de la ley tenemos la mejor disposición para trabajar con Catalunya', ha afirmado, señalando que la 'consolidacion democráctica tiene lugar dentro de la Constitución'.

Sobre la posible sustitución del juez Ruz al frente de la instrucción del caso Gürtel, el ministro ha contestado que se trata de una cuestión del CGPJ. 'El modo de cobertura de las plazas no debe generar desconfianza sobre el funcionamiento de la institución', ha asegurado, afirmando que 'no entendería' una 'crítica feroz' a la sustitución de Ruz de su puesto. 'Hay que dar una imagen de normalidad, tanto si es adecuado que siga como si no'.