El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado en una entrevista que quiere proponer una reforma de la ley de indulto de 1870 para excluir de esta medida a los corruptos. Pero basta con que él no proponga un indulto para lograr su propósito. No en vano, quien realiza la propuesta de indulto es el ministro de Justicia, que lo eleva al rey previa deliberación del Consejo de Ministros.

El indulto es una medida de gracia que ya lo piden los tribunales en sus sentencias cuando aprecian que la condena es demasiado dura para un caso concreto, por ejemplo, para una persona que ya se ha rehabilitado, ha iniciado una nueva vida y se ve obligada a entrar en prisión. Sin embargo, todos los gobiernos han recurrido al indulto para eludir la condena de los juzgados y tribunales, de tal manera que desde 1996 se llevan concedidos casi 10.500 indultos.

Es el único expediente que se tramitaba hasta ahora sin aportar siquiera una razón por la cual se concedía un indulto. La presión popular ha provocado una reducción en la concesión de esta medida de gracia desde que dimitió el antecesor de Catalá, Alberto Ruiz-Gallardón.

El propio Tribunal Supremo anuló en noviembre de 2013 el famoso indulto al kamikaze de Valencia, Ramón Jorge Ríos Salgado, quien había sido condenado a 13 años de prisión por causar la muerte de un joven de 25 años.  La razón: el Gobierno no aportó las "razones de justicia, equidad o utilidad pública" que exige la ley de indulto.

Este indulto fue promovido ante el ministerio de Justicia por un hermano del diputado del PP Ignacio Astarloa, del despacho Uría y Menéndez, donde también trabajaba un hijo del propio Gallardón.

Ahora, el actual ministro de Justicia reconoce que está trabajando en la reforma de esa ley para regular en la normativa lo que, a efectos prácticos, ya se está haciendo: no conceder indultos por corrupción y excluir también aquellos delitos que más rechazo social producen.

Eso sí, reconoce que no hay tiempo legislativo para abordar esta reforma de la ley de 1870 antes de las elecciones generales, aunque ese sea su deseo. Por lo que quedará tal como está, por ahora.

Transparencia y exclusión

En una entrevista concedida a Efe, Catalá explica que los ejes de lo que podría ser una reforma de la ley que regula la medida de gracia, que se remonta al 1870, son la transparencia en el proceso de concesión de indultos y la exclusión por ley de una serie de delitos sobre los que no se podrá aplicar, según el ministro.

Justicia quiere que se haga «un ejercicio riguroso y limitado» del indulto, y que se abran «puertas y ventas» para que «la sociedad sepa que los indultos que el Gobierno concede no son caprichosos». «Excluir del indulto los delitos de corrupción, delitos fiscales, los delitos asociados con la pederastia, el maltrato, los delitos contra la seguridad vial, este tipo de cuestiones... esos son los ejes por los que se podría avanzar», explica.

El Gobierno ya se ha comprometido a informar periódicamente del ejercicio de la medida de gracia («ni el 1 % de las solicitudes que se plantean son concedidas», apunta), y hacerlo siempre con los informes favorables de los tribunales y de las fiscalías que han conocido los casos. «Todos esos tipos de grupos de materias a las que me he referido están excluidos absolutamente de nuestro ejercicio del derecho de gracia. Por lo tanto, llevar a un ámbito normativo lo que hoy ya hacemos en la práctica me parecería muy natural», asegura.

Pero «los tiempos de esta legislatura están prácticamente culminándose» y hay ya «un problema de calendario, no un problema de fondo», dice Catalá, tras recordar el compromiso de comparecencia periódica de Justicia en el Congreso para informar de lo que se está haciendo en materia de indulto.

Aunque el Gobierno quiere una reforma, el ministro reconoce que «no hay tiempo material para aprobar en esta legislatura una ley sobre el indulto». «A mitad de abril que estamos, si pusiéramos en marcha una proceso para presentar una ley no llegaríamos a tiempo», añade, porque requiere un periodo mínimo de tres o cuatro meses para los informes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado.

Listas sin imputados

El titular de Justicia considera «legítimo» que los candidatos electorales opten por no llevar imputados en las listas, ante la «hipersensibilidad que existe hacia la corrupción», aunque también lo ha califica de «excesivo e injustificado», porque «cuántas denuncias y querellas acaban archivándose».

Catalá también abre la puerta a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su tramitación parlamentaria, para que el juez pueda prorrogar de oficio la instrucción en las causas sencillas y que esta función no sea exclusiva de la Fiscalía. «No es bueno ni que uno tenga la exclusiva, pero tampoco que la tenga el otro», dice sobre lo que, en su opinión, debe ser «un sistema de colaboración entre juez y fiscal».

Al respecto, señala que el cambio en el modelo de instrucción para que sea el fiscal y no el juez el que instruya la causa «es una cuestión muy compleja», pero que tendrá que abordarse en la próxima legislatura. «La mayoría de la doctrina es muy cercana a ese esquema y prácticamente en todos los países de Europa ese es el modelo», recuerda.

El ejemplo del fiscal francés del accidente aéreo

Catalá utiliza el ejemplo del fiscal del caso que investiga el accidente aéreo de Germanwings, que ofreció a los dos días una rueda de prensa para desvelar los detalles del siniestro, para demostrar «que una Fiscalía instructora dotada de los medios y funciones adecuados es un sistema que funciona con mucha eficacia».

Asimismo, asegura que quien haya visto una maniobra política en la salida del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional está equivocado, como ha demostrado el impacto que tuvieron sus autos, que han afectado a la anterior ministra de Sanidad y al PP en «la consideración de que pueda haber cometido un delito fiscal».

«Si después de todo eso, que el juez lo ha dictado en el ejercicio de sus funciones, alguien ha podido considerar que el Gobierno ha tenido alguna capacidad de influencia, yo creo que es absolutamente de política ficción», dice.

Destaca también que Ruz ha tenido «todo el apoyo que ha podido solicitar» al Gobierno, y tiene «todo el reconocimiento a una labor de dedicación y de trabajo en el esclarecimiento de delitos que son muy complejos».