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Las cloacas de Interior Martín-Blas: "El caso Nicolás es la clave que desvela las maniobras de Pino y Villarejo"

El comisario que fue jefe de Asuntos Internos de la Policía cuando el exministro Fernández Díaz montó la 'brigada política' que dirigía el director adjunto operativo, Eugenio Pino, rompe por primera vez su silencio y habla sin ambages sobre todos los secretos de las cloacas de Interior. Y afirma que para proteger al 'pequeño Nicolás' se han cometido delitos gravísimos.

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El comisario Marcelino Martín-Blas, durante la entrevista que concedió para el documental 'Las cloacas de Interior'.

Casi todos le culpan de la mayor parte de las maniobras ilegales ejecutadas desde el Ministerio del Interior –incluso de las que se cometieron cuando él ya no estaba allí–, pero hasta ahora el comisario Marcelino Martín-Blas no había dicho ni una palabra en público. Hoy rompe su silencio a través de esta entrevista exclusiva con Público y da la cara también en el documental cinematográfico Las cloacas de Interior que esta noche estrena Mediapro con una premiere en Barcelona.

Ahora todo el mundo habla de él, especialmente tras la campaña de entrevistas con las que ha tratado de contrarrestar ese documental el comisario José Manuel Villarejo Pérez, el miembro más truculento de la brigada política que se montó en Interior con el exministro Jorge Fernádez Díaz y que dirigió el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino. Pero pocos conocen de verdad su trayectoria, incomparable con la del autodenominado "agente encubierto" y empresario multimillonario, Villarejo.

Martín-Blas, quien se acaba de jubilar al cumplir 65 años en abril, ascendió a comisario en 1990. Su primer destino fue dirigir la seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, donde obtuvo el primer gran éxito de su carrera. Así que fue nombrado secretario general de la Comisaría General de Información y a continuación Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada. Pero tres años después fue cesado por enfrentarse a los intereses de grupos financieros que controlan las empresas de seguridad y fue enviado a la comisaría de Chamberí.

Cuatro años más tarde ascendió a jefe de la Unidad Provincial de Policía Científica en Madrid. Y fue destituido de nuevo, en 2004, porque comunicó directamente al juez –en vista de que ese magistrado del Juzgado Nº6 así lo había pedido– unas circunstancias concretas sobre los atentados del 11-M, y eso no gustó nada a sus superiores. Fue relegado a la comisaría de Retiro hasta ganarse de nuevo el ascenso como jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, la que se ocupa de perseguir a los agentes corruptos. Pero a finales de marzo del 2015 volvió a ser cesado, esta vez por haberse atrevido a investigar las actividades del pequeño Nicolás y a sus protectores. Tres ceses en una carrera de 27 años de comisario.

¿Por qué es tan importante en toda la trama de las cloacas de Interior el caso del pequeño Nicolás?

Porque es en este procedimiento en el que se cometen las mayores irregularidades policiales que yo haya visto en toda mi carrera, desde presiones al magistrado encargado del caso hasta maniobras de obstrucción de la Justicia, pasando por campañas mediáticas para destruir reputaciones de investigadores judiciales y hasta amenazas a un inspector encargado del caso. De hecho, la ofensiva de Pino, [José Ángel] Fuentes Gago [jefe de gabinete del DAO] y Villarejo para impedir que se investigasen las andanzas del jovencito son las que acaban por sacar a la luz las maniobras de esa cúpula policial.

¿Cómo fueron las presiones al juez del caso, Arturo Zamarriego?

Marcelino Martín-Blas.

El juez del caso Nicolás se ve obligado a constituir una comisión judicial porque desde el día siguiente de la detención empieza una campaña mediática contra su instrucción. El magistrado no reacciona a lo que dice la prensa, pero lo primero que le ocurre es que le visita Villarejo para decirle que nos aparte de la investigación a los que estamos en Asuntos Internos. Después, aparece Fuentes Gago con otro comisario ofreciendo a cualquier unidad de la Policía para continuar con esa investigación, pero que no sea Asuntos Internos. Así que el juez se alarma. Se pregunta: "Pero, bueno, ¿aquí qué pasa? Primero viene uno a denunciar, pero no denuncia, luego vienen dos y me ofrecen cualquier unidad de la Policía y yo les digo que estoy contento con esta investigación y aun así lo siguiente que hacen es cesar al jefe de la Unidad". Que vayan a ver al juez a esas alturas de la investigación para que la corrija y ponga a otros investigadores al frente, no es normal. Así que al final se ve obligado a constituir una comisión judicial, algo nada habitual, incluyéndonos a los que estaban tratando de apartar del caso. Tan raro lo ve todo el juez, que en su providencia de constitución de la comisión judicial, a finales de marzo de 2015, Zamarriego nos prohíbe hablar con cualquier autoridad o funcionario del Ministerio del Interior: solamente debemos comunicarnos con él. Eso, en otro país, o se va el ministro del Interior o se cargan al juez.

Bueno... intentaron cargarse al juez, ¿no?

Todo lo que se ha hecho por parte de Interior y de la Fiscalía en este caso ha sido irregular. Para empezar, nada más ponerse en marcha la comisión judicial, Eugenio Pino me pide por escrito que le revelemos si estamos investigando a Villarejo, pese a que se encontraba bajo el secreto del sumario. Me lo pide por escrito en dos ocasiones. Además, Villarejo se presenta como testigo de la defensa de Nicolás, sin que se lo haya pedido nadie. Se persona de motu propio un comisario de policía como testigo de la defensa de un encausado de poca monta, acusado de estafa, suplantación, falsificación de documentos de la seguridad del Estado... Esto no tiene precedentes.

¿Hubo también amenazas?

"Al inspector de la comisión judicial le amenazaron con expulsarle de la Policía si seguía involucrando a Villarejo en el caso del pequeño Nicolás"

Pues sí. Después de las primeras presiones al magistrado se produce una reunión, el 17 de diciembre de 2014, a la que asisten Gago, Pino, Villarejo y [el comisario Enrique] García Castaño, con Rubén Eladio López [el inspector que pocos meses después participará en la comisión judicial por decisión del juez], en la que –según declara éste último– le amenazan con expulsarle de la Policía y le conminan a que no le diga nada a Martín-Blas de la existencia de esa reunión. Y ¡todo eso está en el sumario! El propio Villarejo admite que esa reunión se produjo. Más todavía, después de su comparecencia como testigo de la defensa de Nicolás, Villarejo le pone una querella criminal al juez. A continuación, presenta una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Ambas las ha perdido, pero presenta reiteradamente peticiones de disolución de la comisión judicial hasta que en tres ocasiones consecutivas la Audiencia Provincial debe pronunciarse dictaminando que la comisión debe seguir. Y en su último pronunciamento, la Audiencia advierte al fiscal de que vale ya; que si sigue uniéndose a las posiciones de la defensa de Nicolás y de Villarejo podría generar una dilación indebida del procedimiento.

Todo esto parece una conspiración... o como se llame legalmente eso.

Por supuesto. En el informe que entregamos sobre la investigación que hemos hecho bajo la dirección del juez, sostenemos que es preciso continuar con la investigación y que para ello hay que efectuar el registro de la casa de Villarejo. Y pedimos su detención porque argumentamos que existe una organización criminal para impedir la investigación, para obstruir la acción de la Justicia, un gravísimo delito cuando lo están cometiendo altos cargos de las propias fuerzas de seguridad. Y lo hacen mediante la grabación que nos hicieron, y después su difusión pública, y más tarde intentando cargarse la comisión judicial. Sobre todo esto, la Audiencia Provincial les ha dado hasta en el cielo del paladar una y otra vez, no es sólo lo que nosotros hemos concluido y sostenido con pruebas obtenidas legalmente, sino lo que dictaminan los jueces de la Audiencia.

"Lo último que ha hecho el fiscal va contra mis garantías constitucionales y contra varios artículos del Código Penal"

Yo pedí marcharme de la comisión por dos razones: una, porque si era yo el problema para que continuara su investigación, pues yo me voy para aliviar el procedimiento, y la otra porque se me acababa el tiempo ya que me llegaba la jubilación. Pero, claro, si el objeto de la investigación es que me han grabado a mí, en mi despacho, y no se ha personado ni la Fiscalía, ni la Policía, ni el CNI ni nadie, pues yo tengo que procurar que continúe el procedimiento y me persono como acusación particular. Y entonces el fiscal se opone; el mismo que lleva un año intentando echarme de la comisión porque dice que soy víctima del delito ahora se opone a que yo me persone como víctima. Eso es muy grave, porque va contra mis garantías constitucionales y quiebra varios artículos del Código Penal. ¿Qué impulsa al fiscal a tomar esa postura claramente ilegal?

¿Cómo fue lo de la grabación ilegal, en su propio despacho de Asuntos Internos, de su reunión con agentes del servicio secreto?

Esa reunión tuvo lugar tras la detención de Nicolás, el día 14 de octubre de 2014. Es el CNI [Centro Nacional de Inteligencia] el que nos da noticia de las conductas irregulares de Nicolás y yo me pongo en contacto con el CNI por orden del DAO. Es Eugenio Pino quien me transmite la denuncia que la Vicepresidencia del Gobierno y la Oficina Económica del Gobierno remiten al secretario de Estado de Seguridad [Francisco Martínez, número dos del ministro Fernández Díaz], quien se la pasa al DAO. Es también Pino quien me indica en una tarjeta el nombre y número de un agente del CNI para que me ponga en contacto con él. Pero es ese agente el que me llama a mí primero, pues yo había estado ocupado en otras cosas. Me propone que nos reunamos y así lo hacemos. Pero esa conversación, en mi despacho oficial, no sólo es grabada ilegalmente en sede policial, sino que después se difunde en medios de comunicación y hasta se le entrega al propio imputado, con la evidente finalidad de dar al traste con toda la investigación. Algo que además afecta a la propia seguridad del Estado: durante la reunión llamó a mi teléfono Carlos Mier, el periodista que trabajaba en Información Sensible, quien está ahora investigado en la pieza separada sobre esa grabación ilegal, junto a Villarejo y a su mujer, que dirige esa página web.

¿De qué tiene que hablar con los agentes del CNI?

En el seguimiento de Nicolás descubrimos que está haciendo copias de documentos falsificados con membretes del CNI, y firmados por su director [Félix Sanz], y que va a dirigirlos a Javier de la Hidalga para intentar cometer una estafa haciéndose pasar por enlace entre la Vicepresidencia y la Casa Real. En vista de lo cual le detenemos y es en el interrogatorio cuando él empieza a hablar del comisario Villarejo y de algún otro policía. Además, en el registro de su domicilio se encuentran documentos relacionados con Villarejo, así como el número de móvil del comisario en una agenda de Nicolás. Por tanto, nos disponemos a investigar también a Villarejo, y eso no es nada extraordinario para una Unidad de Asuntos Internos, puesto que entra dentro de la normalidad de nuestras operaciones. Lo que hago es informar de ello al DAO, que es mi jefe inmediato, y éste me dice que informe también al secretario de Estado, cosa que hago.

¿Qué le lleva a sospechar que hay un entramado de la cúpula policial, dirigido por Villarejo, para proteger al pequeño Nicolás?

"¿Cómo pueden seguir acusándome de hechos que ocurrieron cuando yo no estaba ya en Interior?"

Pues que al día siguiente de la detención de Nicolás se emprende una campaña de prensa contra esa diligencia, ordenada por un juez, contra un chaval que al principio parecía un mero delincuente común de poca monta. Y la ofensiva mediática se dirige hasta contra el método de la investigación sobre las correrías de ese veinteañero. Pero, sobre todo, la campaña comienza en una publicación digital que empieza a revelar todo lo que estamos haciendo como si supiera tanto como nosotros mismos. Empezamos a averiguar, puesto que es inusitado que el periodista que publica esas informaciones conozca los hechos con el mismo detalle que nosotros, y miramos qué es Información Sensible. Descubrimos que es una página web de una empresa que se oculta en un largo entramado empresarial que culmina en CENYT, y que CENYT pertenece al comisario Villarejo. De esto informo otra vez al DAO y al secretario de Estado y constato frialdad e indiferencia por su parte. Al cabo de muy poco empiezo a percibir una animosidad personal directa contra mí por su parte… hasta que me cesan por anticipado: señalando esa misma publicación el día concreto en que me van a destituir. Preguntó cómo es posible que salga eso publicado y su respuesta es presionarme para que me vaya de vacaciones y aparte la atención del caso Nicolás. Pero yo continúo con el caso, hasta que a finales de marzo del 2015 me destituyen para destinarme al Consejo Asesor. Enseguida, el juez Zamarriego me reclama para la comisión judicial que acaba de crear y a partir de abril me aparta por completo de Interior. ¿Cómo pueden seguir acusándome de hechos que ocurrieron cuando yo ya no estaba en Interior? Me he querellado contra todos esos que me acusan de graves delitos, como de haberme llevado "un camión de material" cuando me destituyeron, y esa querella ha sido aceptada a trámite, por lo que ahora están ellos imputados –bueno, Pino también lo está por el pendrive fantasma de los Pujol que también intentaron colocarme a mí–, incluidos periodistas al servicio de Villarejo como Eduardo Inda.

También le acusan de haber obtenido y después filtrado las grabaciones del ministro del Interior que dio 'Público' en exclusiva...

¡Claro! Villarejo, Pino, Gago y sus compinches me acusan a mí de todo lo que ellos han cometido, incluso de lo que es evidente que no pude haber hecho, como eso. En Interior saben que es imposible que yo lo hiciera, puesto que se grabaron justo en el momento en que también me grabaron a mí sin mi conocimiento y cuando la cúpula ya no tenía confianza en mí. Nunca tuve acceso a esas grabaciones y además me apartaron inmediatamente. ¿Me las iba a dar el mismo que pretendía destituirme pocos meses después? En cambio, unos periodistas que están en la misma trama de Nicolás y Villarejo, y a los que la comisión judicial del caso propone que se les investigue, son precisamente los que están difundiendo esas noticias. Parece mentira que alguien se las crea... o que los medios se crean una sola palabra de lo que dice Villarejo. Él está acusándome a mí, y a todos los que intentan pararle los pies, de los actos ilícitos que precisamente él siempre ha cometido.

Vale, pero usted sí participó en la denominada 'Operación Cataluña', ¿verdad?

"Hay testigos de lo que le dijimos al fiscal del caso Palau, como Fernando Bermejo. Por qué no le preguntan a él?"

Vamos a ver, lo que sucede es que, antes de todo lo que he relatado hasta aquí, el propio Pino me envía a Barcelona para hablar con el fiscal [Emilio] Sánchez Ulled, y yo voy de mil amores. A mí me parece bien el encargo. Lo que no me parece bien es que venga [José Luis] Olivera [entonces, jefe de la UDEF e íntimo de Villarejo] conmigo. Pero bueno, lo acepto. Eso fue todo: ir a decirle a un fiscal: “Mire usted, a mi juicio se podría continuar la investigación del caso Palau por el sucesor de Carles Torrent [como tesorero del CDC], que es Daniel Osácar". Nada más. "Si usted la quiere continuar, hágalo, y si no, no lo haga. Pero su deber es promover la acción de la Justicia y yo creo que debe hacerlo". Nada más. Allí no se habló de registros en Convergència ni de nada. Además, hay testigos. Porque con Sánchez Ulled estaba [el fiscal anticorrupción] Fernando Bermejo y puede ratificarlo si se lo preguntan. Que le pregunten a él si dijimos algo más que expresar nuestra opinión de que se podía continuar con la investigación. Nada más. Y como resultas de esa investigación se ha destapado finalmente todo lo del caso Palau. Así que no era tan descabellado lo que fuimos a decirles, ¿no?

Pero también estuvo usted en los contactos con los propietarios de la Banca Privada d'Andorra para conseguir las cuentas de los Pujol...

Sí, claro. Después de que se reactivara la investigación judicial del caso Palau… ¿qué se buscaba? Pues dónde podía estar el dinero del caso Palau… y ¿por qué no iba a estar en Andorra? ¿Es tan descabellado pensar que a lo mejor está en Andorra el dinero del Palau? Es por eso que viene Pino a hablarme de la BPA y me dice: “Oye, hay un empleado infiel que a lo mejor te da información”. Y todo lo demás es de sobra conocido. Pero ni yo amenacé a los [hermanos] Cierco [propietarios de la BPA] ni mucho menos fabriqué pruebas contra políticos y partidos catalanes. De todo eso se encargaba Villarejo, como él mismo ha reconocido al declararse autor, ante notario, de las notas informativas internas irregulares, sin membrete, ni firma, ni número de agente, en las que se acusaba a los Pujol de tener ¡hasta 1.800 millones de euros! en Andorra. Un delirio. ¡Pero si Joan Pau Miquel [director general de la BPA] sólo me enseñó un papelito informal con una cantidad sin gran relevancia!, de menos de dos millones de euros, creo recordar. Y ahora Villarejo admite haber cometido falsedad documental, en esas notas internas apócrifas e irregulares, sólo para ayudar a los Cierco en su demanda de las supuestas amenazas, que denuncian sólo para salvar los muebles de su banco. Vamos, todo esto es tan pueril que no se lo cree ni un niño.

Pero, ¿se han cometido acciones ilegales en el Ministerio del Interior durante el mandato de Fernández Díaz?

Claro que se cometieron irregularidades. Pero lo fundamental de todo esto es lo que ha pasado con la investigación del caso Nicolás. Y luego fíjate hasta dónde se ha llegado en ese caso aparentemente menor: hasta la fortuna de Mario Conde, de [su socio y testaferro Arturo Romaní] y de todos ellos. Allí están todos, empezando por Adrián de la Joya [multimillonario investigado en el caso Lezo], en la finca de La Alamedilla, que no es una finca, sino una sociedad. Y todo esto está en el sumario. Además de que ya suman en torno a los 20 años de cárcel las peticiones contra Nicolás de los tres procedimientos, al margen de las estafas…

En resumen, lo que sostiene Marcelino Martín-Blas es que lo más grave de todo el entramado de corrupción policial de la etapa de Fernández Díaz es lo que se ha hecho desde la cúpula de Interior y desde la Fiscalía para impedir el avance de la investigación del caso Nicolás. Las más altas instancias del Ejecutivo han intentado descaradamente, casi públicamente, impedir la acción de la Justicia. Y, asegura: "¡Eso no había pasado nunca!"