MADRID.- La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad un informe favorable a la intención del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución independentista aprobada este lunes por el Parlamento de Catalunya, han informado fuentes del órgano consultivo.

"Existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional", dice el acuerdo de la Comisión, que ha estado reunida desde la una de esta tarde para estudiar el trabajo realizado por la sección primera del Consejo a partir del expediente que este lunes por la tarde le entregó el Ejecutivo. Tras más de una hora de reunión, el informe favorable ha sido aprobado por unanimidad y remitido al Gobierno.

La Comisión Permanente está presidida por el presidente del órgano consultivo, José Manuel Romay Beccaría, y por los consejeros permanentes, que actualmente son Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Alberto Aza, José Luis Manzanares, María Teresa Fernández de la Vega y Enrique Alonso García.

Uno de ellos, José Luis Manzanares, ha afirmado a los medios de comunicación al terminar el encuentro que el Consejo de Estado está "muy de acuerdo con lo que ha propuesto el Gobierno".

El presidente, Mariano Rajoy, tiene previsto presentar este miércoles el recurso ante el TC, para lo cual reunirá primero a su Consejo de Ministros. Previamente, necesitaba tener este informe del órgano consultivo del Estado, aunque no está obligado a seguir sus indicaciones.

Según ha señalado Rajoy, en el recurso de inconstitucionalidad solicitará "por ser una prerrogativa del Gobierno", la "inmediata suspensión" de esta iniciativa y "de todos sus posibles efectos".

Además, Rajoy ha dejado claro que pedirá al Constitucional que la suspensión de la declaración del Parlament, en caso de ser acordada, sea comunicada "expresamente" a su presidenta, Carme Forcadell, "para que tenga en cuenta que la iniciativa recurrida no tiene ningún valor y no puede tener ninguna consecuencia".

El Gobierno ya apuntó el pasado viernes a Forcadell como primera responsable política y jurídica de lo que ocurra a partir de este lunes.