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Control parlamentario al Gobierno, una práctica en peligro de extinción

Un reglamento anticuado y la perversidad de la mayoría absoluta hacen muy difícil llevar a cabo la esencia de una sociedad democrática

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Legislatura tras legislatura, de forma reiterada, se denuncia el paulatino anquilosamiento de los mecanismos parlamentarios en las dos cámaras, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Son denuncias razonadas y, sobre todo, contrastadas en la práctica del día a día; las carencias son especialmente llamativas en lo que constituye la esencia del parlamentarismo: el control al Gobierno de turno. Este estado de cosas se agrava cuando existe una mayoría absoluta, como en la actual legislatura.

'Para el parlamentarismo, no cabe duda, que las épocas de mayorías absolutas dan menos posibilidades de movimientos que cuando no las hay'. Son las palabras del presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, en una de las respuestas de la entrevista publicada en Público el pasado día 29 de diciembre. En la misma conversación Posada, persona de larga experiencia parlamentaria, reconocía la necesidad de cambiar el reglamento del Congreso ( la norma que regula la actividad parlamentaria hasta sus últimos detalles), pero lo consideraba difícil. Una iniciativa en la que fracasó estrepitosamente uno de sus predecesores, el socialista Manuel Marín.

Con todo, esta situación se agrava cuando se trata de que el poder parlamentario aborde un asunto de importancia marcado por la actualidad. Sin ir más lejos, las sospechas de financiación irregular que se ciernen sobre las cuentas del PP y que abarcan a la cúpula de la formación conservadora, incluido el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas, el gerente-tesorero del partido entre 1989 y 2009.

La incapacidad de las dos cámaras para asumir con diligencia debates que están en boca de la ciudadanía y en los medios de comunicación, independientemente de los contenidos, es sin duda el punto más débil de la actual pauta de trabajo del parlamentarismo español. En privado, diputados de todo el arco parlamentario reconocen esta evidencia. Incluso algunos, desde la llegada de la crisis económica, admiten que tienen serias dificultades para justificar su trabajo ante los ciudadanos en sus circunscripciones o incluso entre sus correligionarios.  

En las últimas legislaturas los ejemplos acumulados son incontables. Pero incluso cuando hay cuestiones candentes, como los desahucios por impagos de hipotecas, la iniciativa política más voluntarista se estrella contra la pesada mecánica parlamentaria que fija el reglamento: elaboración de la iniciativa, búsqueda de alianzas, firmas de portavoces, convocatoria de la mesa de la comisión correspondiente, fijación del calendario de tramitación, plazos para enmiendas, ampliación de esos plazos, petición de dictámenes, etcétera, un largo etcétera.

Ese pesado camino llega a ser exasperante cuando cualquier trámite tropieza con los huecos de actividad parlamentaria - un proceso electoral en una comunidad como las recientes en Galicia, Euskadi o Cataluña, paraliza el Congreso durante una semana - o las llamadas vacaciones parlamentarias. La Constitución establece que los periodos de sesiones se celebrarán entre febrero y junio y entre septiembre y diciembre; esto hace que los meses de enero, julio y agosto sean considerados inhábiles para la actividad cotidiana de ambas cámaras.

En la legislatura anterior y en esta, marcadas por la crisis y la presión social, los meses de enero y julio, incluso agosto, se han 'rellenado' con comisiones y plenos de carácter extraordinario con el fin de dar sensación de continuidad al trabajo parlamentario. Pese a ello, entre la sesión de control del último pleno antes de fin de año, el 19 de diciembre, y el próximo ordinario, el 13 de febrero, transcurrirán 54 días. En medio, apenas un pleno con sesión de control - decidida a última hora por razones estéticas antes que políticas -, el pasado miércoles día 30. Aún así, pasaron 40 días entre el de diciembre y este último.

 'La tarea de control al Gobierno, el que sea, se convierte en un trabajo arduo, cuesta arriba', admite una parlamentaria con varias legislaturas a cuestas. La respuesta a una sencilla pregunta por escrito al Gobierno formulada por un diputado suele postergarse más allá del plazo establecido. Otros trámites son extraordinariamente complejos: por ejemplo, los relacionados con asuntos considerados sensibles o los llamados secretos de Estado. La convocatoria de la comisión correspondiente 'se hace de higos a brevas', en palabras de otro parlamentario con conocimiento de causa.

Desde la legislatura constituyente, en 1977, hasta hoy en día ha habido 14 comisiones de investigación, una modalidad que levanta ampollas en el Gobierno de turno y el grupo parlamentario que le da soporte. La última fue la que investigó los atentados del 11-M de 2004; la anterior, sobre Gescartera, en 2001. En la pasada legislatura no hubo ninguna comisión de investigación. El periodo más prolífico para esta modalidad fue en la V Legislatura cuando en menos de dos años, entre 1994 y 1996, hubo tres comisiones de investigación: Roldán, Mariano Rubio (ambas llegaron a coincidir brevemente) e Interhorce. En la actual legislatura el grupo parlamentario popular ya se ha opuesto frontalmente a varias peticiones.

De cualquier modo, el déficit de control parlamentario más grave se da en el modo en que se supervisa la gestión de los miembros del Gobierno, especialmente al presidente. Las preguntas de los miércoles, tres al mes, han de presentarse previamente la semana anterior; solo puede cambiarse una pregunta (el lunes anterior a la sesión de control)  si hace referencia a un asunto decidido en la reunión del Consejo de Ministros de ese viernes. De esa manera Rajoy y sus ministros disponen entre cuatro y cinco días para que sus asesores les preparen las respuestas.

Es impensable plantear una pregunta o formular una interpelación urgente - otra de las modalidades cuyo formato es más amplio que el de las preguntas - en 'caliente'. 'Es como jugar con las cartas marcadas', comenta irónicamente un parlamentario de un grupo minoritario, cuyo turno para preguntar al presidente del Gobierno o a un ministro tarda varios meses. El reparto de preguntas al jefe del Ejecutivo o los ministros se hace por riguroso orden de importancia numérica de los diferentes grupos parlamentarios. Cada miércoles, el número de preguntas o interpelaciones están tasadas, hay 'numerus clausus'.

Otro de los aspectos que resta frescura a los debates de control es la rigidez de los tiempos. Las preguntas de los miércoles están tasadas al segundo. Pregunta y respuesta suman cinco minutos,  dos y medio para cada uno de los dos intervinientes que los pueden repartir en dos turnos: pregunta, respuesta, réplica y contra réplica. El Gobierno es quien termina, claro. En el Senado este trámite se alarga hasta los siete minutos por interviniente.

'Es un corsé que acartona los debates, se tiende más a trasladar una frase para los titulares de prensa que hacer una crítica consistente a una gestión determinada', razona otra parlamentaria, ahora en la oposición pero que sabe lo que es apoyar a un Gobierno. 'Es un círculo vicioso del que nadie quiere salir', añade. El ex presidente de la Cámara baja Manuel Marín, con referentes europeos, intentó modernizar la mecánica parlamentaria y los usos y costumbres, pero no lo logró. Al final no hubo compromiso serio por parte de su bancada, la socialista, y la de la oposición, los populares que hoy están en el poder.

En el fondo, la reforma del reglamento que propuso no era de ningún modo revolucionaria pero suponía la entrada de aire fresco. El reglamento vigente, con modificaciones puntuales, data de comienzos de 1982. Acaba de cumplir, pues, 31 años. Al menos, Marín logró sustituir el telegrama por el mensaje de texto y el correo electrónico para enviar las convocatorias de reuniones, comisiones y plenos a sus señorías. No es cosa menor, el telegrama estuvo vigente casi siglo y medio.