La Fiscalía pide para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño Nicolás, seis años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial, de usurpación de funciones públicas y de estafa si bien destaca que "concurre el atenuante de reparación del daño" (según el relato devuelve el dinero al momento de solicitarlo el supuesto estafado).

El juicio en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid se desarrollará entre el martes y el miércoles y se juzgará al Pequeño Nicolás según el relato del auto de procesamiento de la juez Pilar Martínez Gamo y el escrito de acusación del fiscal Alfonso San Román.

Según estos escritos, Nicolás se sienta en el banquillo por convencer con burdas artimañas a un ex alto ejecutivo del Santander, Francisco Javier Martínez de la Hidalga, de que sus activos bancarios iban a ser embargados de forma inminente y, por lo tanto, de que tenía que transferirlos cuanto antes para evitarlo.

Según el relato, el Pequeño Nicolás se hizo pasar por un asesor del Gobierno y produjo oficios falsos de la UDEF en los que se sugería que el empresario estaba siendo investigado por blanqueo. Dio credibilidad a la historia con vehículos de alta gama dotados de lanza destellos de tipo policial que en realidad eran alquilados y utilizó burdos documentos con sellos, anagramas y otros logotipos de Presidencia del Gobierno o de la Casa Real que sacaba de Internet.
A la apariencia contribuía, según el fiscal, las fotografías en las que Nicolás aparecía con personalidades de la política y del mundo empresarial como invitado en eventos de postín, incluido el de la coronación del rey Felipe VI.

Un relato que presenta múltiples inconsistencias

En su escrito de acusación el fiscal San Román afirma que Nicolás "aprovechando la preocupación del Sr. M. de la H. [Martínez de la Hidalga] por un expediente de la Agencia Tributaria" (que afectaba a una empresa en la que participaba llamada Petraxarquia SA), "ideó un plan" para sustraerle más de 500.000 euros, haciéndole creer que iba a sufrir un embargo inminente de sus activos financieros que ascendían a esa cantidad, en razón de dicho expediente y una investigación penal añadida de la UDEF por blanqueo que se inventa y que le prueba con un falso oficio de esa unidad policial que confecciona al efecto.

Así, según este relato, Francisco Nicolás logra convencer, mediante burdos documentos de corta y pega, a todo un ex alto ejecutivo del Santander de que el Gobierno de España le ofrece una solución integral a su problema: le comprará la finca que trata de vender, se le concederá un indulto en caso de ser acusado de blanqueo y, además, en el tiempo que dura el problema, el Gobierno custodiará sus activos financieros en riesgo de embargo a través del Pequeño Nicolás.

Para esta última cuestión, Francisco Nicolás acude el 10 de octubre de 2014 a una sucursal del Banco Santander acompañado de Martínez de la Hidalga, presentándose ante el director como asesor del Gobierno. El empresario pide que se le transfiera todo el dinero y activos de las cuentas de su mujer, algo que según el fiscal es rechazado por el director con largas y excusas. No obstante, el empleado de la sucursal no pudo evitar que Martínez de la Hidalga retirase de la cuenta 25.000 euros con un cheque que le había dado su mujer por esa cantidad y se los entregase al adolescente.

Pero toda esta colorida historia presenta demasiadas inconsistencias para darla por cierta. Por un lado, está el perfil del supuesto estafado: Francisco Javier Martínez de la Hidalga. No se trata de un personaje ingenuo sin conocimientos al que se pudiera engañar con oficios inventados de la UDEF (como era el caso) o burdos documentos corta pega, por mucho que la situación fuera apurada. Se trataba de un ex alto ejecutivo del Banco Santander, que había sido nada menos que consejero en las patrimoniales de los Botín de las que cuelgan sus acciones en el banco. Su mujer era hija del mejor amigo del fundador del banco, el abuelo de Ana Patricia Botín. Además, acumulaba amplios contactos así como larga experiencia en movimiento de capitales (de hecho, estuvo imputado en el caso Sintel si bien Santiago Pedraz archivó para él la causa al igual que para el hermano de Mauricio Casals). 

Por otro lado, el dinero que Martínez de la Hidalga pretendía retirar de la cuenta no era suyo, era de su mujer Rosana Tarrero, quien no le había autorizado semejante movimiento.

Solo hay tres razones por las que un director de sucursal puede negar a una persona el dinero o activos financieros depositados en su sucursal: a) que el solicitante este legalmente incapacitado para disponer de sus bienes, b) que no sea el titular o no esté autorizado por este para disponer de los activos c) que Hacienda o un juzgado tengan dada la orden de prohibición de disposición. Fuera de estos supuestos un director de sucursal no puede negar a una persona que disponga como quiera de su dinero.

En el caso de Martínez de la Hidalga se daba el segundo supuesto: no era titular ni estaba autorizado por su mujer para realizar ese movimiento bancario. La única autorización con la que contaba el empresario de su mujer ese día, tal y como verificó la investigación y reconoce el fiscal en su escrito, fue un cheque firmado por ella el día anterior para retirar 25.000 euros. Una operación que efectivamente se produce y, según el relato, el dinero acaba en manos del Pequeño Nicolás.

Si Rosana Tarrero, la mujer de Martínez de la Hidalga, tenía conocimiento de la estrategia de su marido para proteger su patrimonio y estaba de acuerdo con ella, tal y como relata el fiscal, lo lógico habría sido que fuera ella quien acudiera a la sucursal junto a su marido y el pequeño Nicolás.

La venta de la finca es una escenificación

En sus dos primeras declaraciones Francisco Nicolás no explicó su interacción con Martínez de la Hidalga y el cobro de los 25.000 euros como un adelanto razonable en razón de un encargo para buscar compradores para la finca, un trabajo que nada tenía de delictivo, tuviera éxito o no. En lugar de ello, explica su relación como acciones para ayudarle a resolver un tema fiscal por indicación de un controvertido personaje por entonces habitual en la vida del joven: José Luis Balbás.

Hay que señalar también que no existe mandato de venta por escrito a favor del Pequeño Nicolás que recogiera las condiciones y comisiones, como hubiera sido lo lógico si la relación entre ambos fuera la de intermediación en una venta.

En cuanto a la finca, sobre ella pesaban cargas hipotecarias por mucho más dinero de lo que podría sacarse por su venta en el mejor de los escenarios. Es más, la finca era el único activo de una sociedad que no tenía más actividad que su posesión y que se encontraba en causa técnica de disolución casi desde su creación. De hecho, y desde 2006, la empresa eludía su disolución año tras año con el viejo truco de incluir una nota en la memoria depositada en el registro mercantil en la que se decía que la empresa no se disolvía porque la finca estaba "en venta" y se esperaba con ello reestablecer el equilibrio patrimonial.

Para afianzar esta nota, cada año se colgaban en internet supuestos anuncios de venta de la finca (eso sí, por una cantidad fuera de mercado). En septiembre de 2014 el yerno y abogado de Martínez de la Hidalga, Javier de la Peña, invita incluso al presidente del BBVA a visitar la finca. El objetivo de ese viaje es que este evalúe la posible compra de la finca, como ya informó Público en exclusiva. No cabe duda de que la invitación (que figura en un mail del informe pericial de Price Waterhouse incluido en la pieza BBVA del caso Villarejo) contribuía a dar solidez a la nota de la memoria que año tras años evitaba la disolución de la empresa dueña de la finca.

Por otro lado, si se acude al registro de la propiedad o se analizan las cuentas de la empresa desde su creación, se perciben sólidos indicios de que la sociedad y la finca de la que es propietaria funcionan en realidad como un túnel de capitales. La disolución de la compañía habría significado el final de ese túnel y el riesgo de una investigación del registro mercantil.

En esos indicios profundizó la comisión judicial del caso del Pequeño Nicolás y de la grabación ilegal a miembros del CNI. Todos ellos fueron recogidos en un largo y minucioso informe que la comisión entregó en julio de 2017 a la nueva juez del caso, Pilar Martínez Gamo, y que costó a esta comisión judicial su disolución, la expulsión de sus miembros de la Unidad de Asuntos Internos, la degradación de funciones de estos y, además, una imputación en falso para ellos por parte de la juez, ante la indiferencia del fiscal del caso Alfonso San Román.

El informe final del caso Nicolás con la verdadera historia de "Hacienda La Alamedilla SL"

El informe de la comisión judicial que tanto la juez de instrucción Pilar Martínez Gamo como el fiscal despreciaron, bucea en la historia de la finca y en la de la empresa bajo la que se colocó en 1997.

Esta investigación trató de esclarecer los motivos por los que el Pequeño Nicolás interactúa con Martínez de la Hidalga. Pero también trató de averiguar si el hecho de que fuera esta finca el motivo de la detención del Pequeño Nicolás fue la razón por la que Villarejo decidió arriesgarlo todo y grabar subrepticiamente la reunión de agentes del CNI con los investigadores del caso con el fin de saber qué se investigaba exactamente y hasta donde se sabía.

Y es que resulta que la finca y la empresa escondían una trama de protección contra embargos, y también, indiciariamente, para el trasvase y blanqueo de capitales que se remontaba, nada más y nada menos, que al caso Banesto y Mario Conde. Una trama en el que había participado Adrián de la Joya, el empresario que era uña y carne de Villarejo cuando el Pequeño Nicolás es detenido.

Así, la investigación de la comisión judicial desvela que la sociedad Hacienda La Alamedilla SL, se constituye en mayo de 1997 por varios accionistas, entre ellos el tándem conformado por el cuñado de Mario Conde, Rafael Martín Sanz, y el empresario Adrián de la Joya. La empresa se creó para proteger de embargos a la finca Hacienda La Alamedilla, sita en Argés, Toledo.

La finca fue adquirida originariamente por el expresidente de Banesto Mario Conde y su mano derecha en el banco, Arturo Romaní. La operación se realizó a través de la sociedad Inversiones Rondonópolis SL, mediante arrendamiento financiero (1989) y posterior ejecución de la opción de compra (agosto de 1994). A esto siguió la constitución de tres hipotecas como escudo contra embargo, en una operación que tiene lugar mes y medio después de que Conde sea condenado por el caso Argentia Trust y ocho días después de que la Fiscalía presente su querella por el caso Banesto.

De esta manera comenzó una estrategia de constitución sucesiva de hipotecas superpuestas en garantía de préstamos bancarios que nunca se cancelan para ocultar y proteger el activo de embargos judiciales. Este plan proseguirá y se ampliará con un trasvase de capitales asociado cuando la finca se reubica en 1997 bajo la nueva sociedad Hacienda La Alamedilla SL.

Como esta empresa no tenía actividad económica, solo financiera, acumulaba pérdidas contables cada año. Desde 2006 la sociedad se encontraba en causa obligada de disolución, algo que se esquiva año tras año, como se ha contado anteriormente, simulando la venta de la finca.

En la operativa de trasvase de capitales, Hacienda La Alamedilla SL es la boca de entrada y la de salida son otras dos empresas que se constituyen en el mismo espacio temporal con sede en Mallorca, Marina de Son Veri SL y su filial Son Veri Nou SL, y los proveedores de ambas.

En Hacienda Alamedilla SL se colocaron cuatro sociedades como accionistas, siendo una de ellas Servicios Empresariales Integrados SL (Seint) propiedad de Adrián de la Joya y su sempiterno socio Rafael Martín Sanz (el cuñado de Mario Conde).

Al otro lado del túnel, en Marina de Son Veri SL, se situó un personaje del círculo de amigos del rey emérito, Antonio Eraso Campuzano, un empresario vinculado de antiguo a De la Joya y Martín Sanz en la red de empresas que dio origen al caso Construcciones Atocha. También es el hermano de Eduardo Eraso Campuzano, imputado en Gürtel por su implicación en trasvases de capitales.

Antonio Eraso Campuzano aflora como accionista de Marina de Son Veri SL, cuando De la Joya y Martín Sanz ponen distancia con Hacienda La Alamedilla SL tras el recurso que, en el tiempo de descuento del periodo de instrucción del caso Banesto, puso un nuevo fiscal (bajo también un nuevo juez) para que se investigase la operación de Telson que había quedado fuera del procedimiento gracias a una serie de argucias procesales.

Otra historia parapeto que deja una trama con indicios de blanqueo sin investigar

Como suele ocurrir con los juicios en donde se acaban juzgado historias ficción, el Pequeño Nicolás tiene muchas posibilidades de salir con bien de este procedimiento. Por un lado, porque para demostrar que hubo estafa hay que probar primero que se da "engaño bastante" cosa que es bien difícil considerando la formación y trayectoria de Martínez de la Hidalga y lo burdo de toda la actuación. Por otra parte, el fiscal San Román hace constar ya de entrada que "concurre en el delito de estafa la atenuante de reparación del daño" ya que Martínez de la Hidalga, el supuesto perjudicado, que nunca denunció, declaró que Francisco Nicolás le devolvió los 25.000 euros en cuanto se los pidió.

Se trata pues, según los indicios, de otra historia parapeto donde la verdadera está sin investigar, como vienen ocurriendo con todas aquellas en las que aparecen por la escena Villarejo y/o sus cómplices. 

En esta ocasión tanto la juez instructora Pilar Martínez Gamo como el fiscal San Román despreciaron el largo y minucioso informe entregado por la comisión judicial del caso Nicolás en julio de 2017. Se trata de la comisión judicial que el primer juez del caso, Arturo Zamarriego, tuvo que conformar en marzo de 2015 bajo el mando del inspector Rubén Eladio López para proteger la investigación de las injerencias de la cúpula corrupta policial y que Martínez Gamo disolvió y castigó (junto a la cúpula policial corrupta) tras la presentación de este informe.

Este será el cuarto juicio para el Pequeño Nicolás. En 2018 fue juzgado y absuelto de un delito de injurias y calumnias al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en una sentencia que confirmó la audiencia provincial, y en 2021 fue juzgado y condenado por hacerse pasar por un cargo relacionado con la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real en un viaje a Ribadeo (Lugo) y por falsificar un DNI para que un amigo se hiciese pasar por él en la prueba de selectividad de 2012.  Por ahora está condenado a tres años de cárcel y a un año y nueve meses, respectivamente, aunque ha recurrido ambos fallos.