Después de una legislatura en la que le ha costado redefinir su estrategia –como buena parte del independentismo–, la CUP afronta las elecciones del 14 de febrero con la aspiración de superar ampliamente los cuatro diputados obtenidos en los comicios del 21 de diciembre de 2017.

Prácticamente todas las encuestas lo dan por hecho y mayoritariamente sitúan la formación de la izquierda independentista en una horquilla de entre seis y ocho escaños. Pero más allá del número de representantes, la intención de la CUP es recuperar la influencia perdida en la política catalana, y volver a marcar –o al menos a condicionar– la agenda política catalana. En este sentido, la formación plantea los comicios como el inicio de un "nuevo ciclo", después de dar por terminado el que tuvo como momento culminante el otoño del 2017.

La gran novedad de la candidatura es la persona que la encabeza, la exalcaldesa de Badalona Dolors Sabater, fruto del acuerdo sellado con Guanyem, organización que aglutina diversas confluencias municipalistas. A partir de aquí, la lista combina nombres conocidos a nivel catalán, como el diputado Carles Riera y la exparlamentaria y exconcejal Eulàlia Reguant –números dos y tres en Barcelona–, con dirigentes con experiencia municipal –la número uno de Tarragona es la concejala Laia Estrada, en Lleida la lista la lidera el exconcejal en la Paeria (nombre con que se conoce popularmente al Ayuntamiento de Lleida) Paz Juvillà y en Girona lo hace el alcalde de Celrà, Dani Cornellà–.

Muy crítica con la actuación del Govern de ERC y JxCat, la CUP arranca la campaña con cierta tensión interna, después de que algunas asambleas locales hayan cuestionado –con el apoyo del Consell Polític cupaire– la apuesta por "asumir responsabilidades de Govern" después del 14F, verbalizada por Sabater. En una entrevista en –que se publicará en unas horas–, sin embargo, la cabeza de lista ha matizado que en ningún caso se plantean entrar en un ejecutivo "como el actual", sino que solo lo harían si realmente fuera "rupturista", tanto en la cuestión nacional, como en la social y económica.

Democratizar la economía

Más allá de la reivindicación de la amnistía para los presos, exiliados y represaliados políticos, la gran propuesta de la CUP para resolver el conflicto con el Estado es la celebración de un nuevo referéndum –esta vez vinculante– antes del 2025, después de poner en marcha un nuevo ciclo de movilización popular, desobediencia civil e institucional y sumar apoyos y alianzas internacionales y también en el Estado español.

En su propio programa, sin embargo, los cupaires admiten que ahora mismo no es posible conseguir un referéndum pactado, por lo que el reto de los próximos años para la formación será forzar su convocatoria y que sea vinculante, con o sin acuerdo con el Estado.

Como ocurre con otras formaciones, el contexto social y económico marcado por la crisis desencadenada por la pandemia de covid-19 puede generar una corriente de apoyo hacia las propuestas de los anticapitalistas, que en general han ganado presencia social en los últimos años, con independencia de que las hayan capitalizado o no políticamente. Hablamos de cuestiones como regular los precios del alquiler o remunicipalizar –o desprivatizar si se quiere– los servicios públicos.

En esta ocasión, la CUP habla de conseguir un "control democrático de la economía" para ponerla "al servicio de las personas". En resumen, esto implica unos servicios públicos que sean realmente "100% públicos en titularidad, gestión y provisión de servicios a la ciudadanía", además de llevar a cabo nacionalizaciones de los sectores "esenciales" y de aquellos considerados estratégicos. Por ejemplo, estos días ya han planteado la creación de una farmacéutica pública para evitar la dependencia de las privadas que, entre otras cuestiones, no están cumpliendo los acuerdos de entrega de vacunas.

Plan de rescate social

A corto plazo, sin embargo, el acento cupaire se pone en el llamado "rescate social", que consideran que beneficiaría a las personas más impactadas por la crisis y revertiría el crecimiento de las desigualdades. Una de sus patas principales sería el establecimiento de una renta básica universal de 735€ mensuales por adulto, que se financiaría mediante una reforma fiscal progresista. Los cambios fiscales también implicarían subir los tipos impositivos a las rentas más altas o crear nuevos tributos para grabar, precisamente, la riqueza y facilitar la redistribución.

Otras propuestas del plan de rescate son el establecimiento de un salario mínimo de 1.200€ y la desprivatización de los servicios públicos, mientras que a nivel económico también plantea la creación de una banca pública o suspender el pago de la deuda. A largo plazo, el programa de máximos habla de superar el modelo capitalista para ir hacia una "economía plural transformadora", donde sectores como la economía social y solidaria, las actividades comunitarias o el sector público ganen peso en detrimento de la actual modelo de economía financierizada y dominada por las grandes empresas. El 14F sabremos qué apoyo obtiene la CUP y si se acerca a la fuerza que tuvo en el Parlament entre el 2015 y el 2017, cuando contó con diez diputados.