El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha sugerido a la Delegación del Gobierno en Madrid que revoque la sanción a la periodista Mercè Alcocer, por una falta de desobediencia a agentes de la autoridad en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'.

La informadora de tribunales de Catalunya Ràdio, entrevistada por Público el año pasado, fue sancionada con 601 euros por presunta desobediencia a la autoridad cuando cubría en la Audiencia Nacional las declaraciones del expresidente de Cataluña Jordi Pujol.

En una carta dirigida a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), el Defensor del Pueblo indica que en la sanción dictada por esa Delegación del Gobierno "no se hace ningún juicio de proporcionalidad, ni se motiva la constitucionalidad de la sanción impuesta, ni siquiera se considera que pueda existir una limitación o afectación de un derecho fundamental".

Fernández Marugán recuerda que la aplicación del régimen sancionador de esa ley "no puede prescindir de la circunstancia de que la ciudadanía a la que se imputa la infracción está ejerciendo un derecho fundamental", el derecho a la información. Por todo ello, ha sugerido la revocación de la multa.

Según la PDLI, el pronunciamiento del Defensor del Pueblo pone "en evidencia la inconstitucionalidad de las sanciones impuestas a periodistas" en la aplicación de 'ley mordaza', así como "el gran riesgo de dejar en el ámbito administrativo las limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales".

Desde la Plataforma destacan que "no hay suficientes garantías de que la aplicación de esta ley respete requisitos constitucionales básicos".

Precisamente la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana será uno de los temas que la PDLI aborde este miércoles en su encuentro con el Relator Especial sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michel Forst.