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La dirección del PSC trata de marcar distancias con el derecho a decidir

Los socialistas catalanes exigen en su propuesta de reforma constitucional que se puedan celebrar consultas "de carácter territorializado" que sólo pueda convocar el Estado. Contemplan modificar "el privilegio foral"

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Los socialistas catalanes ya han puesto negro sobre sobre blanco su interpretación del derecho a decidir, la principal discrepancia que les ha diferenciado de sus socios del PSOE desde que estallara el auge independentista en Catalunya. Lo han hecho en la propuesta de reforma constitucional que ha elaborado la principal fundación del PSC, la Rafael Campalans. Pero el PSC ha viajado este miércoles a Madrid para remarcar que ese asunto, el de la consulta soberanista, no es el que ha motivado su borrador, ni mucho menos es ya un asunto prioritario de su afán renovador. 

El documento de trabajo, de 40 páginas, tan sólo hace una referencia de ocho líneas a este tema. Reclama 'la clarificación de las competencias autonómicas en materia de referéndum y consultas', pero contempla el mantenimiento del artículo 149 de la Constitución tal y como está. Este precepto es el que establece que el Estado tiene 'competencia exclusiva' para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. El PSC siempre ha insistido que cualquier consulta debería entrar dentro de la legalidad, y para ello propone que se asuma 'claramente la posibilidad de consultas de carácter territorializado, modificando a ese respecto el actual artículo 92 de la Constitución'. 

Los socialistas catalanes asumen esos plebiscitos pero, según han reconocido fuentes del PSC en un encuentro con periodistas, en el caso de los asuntos que tengan que ver con la autodeterminación, esas consultas nunca podrían ser unilaterales. En el caso de que el resultado fuera favorable a la independencia, debería iniciarse así una negociación con el Gobierno de turno. 'Pero que nadie piense que al día siguiente Catalunya sería independiente', indican los socialistas catalanes centrándose de lleno en su propio territorio. 

La dirección del partido ha tratado hoy de restar importancia a su clara apuesta por el derecho a decidir de los últimos meses. 'El derecho a decidir no tiene traducción y no es una figura que se reconozca a nivel internacional', han reconocido esas mismas fuentes. El propio Pere Navarro, primer secretario del PSC, ha evitado pronunciar 'derecho a decidir' durante el acto de presentación oficial del documento de trabajo que, insisten los socialistas catalanes, 'está abierto' a la discusión y a las aportaciones que lleguen desde fuera del partido.

Sobre la posibilidad de Catalunya decida sobre su futuro 'hay muchas maneras de hacerlo', ha reacalcado el líder socialista. 'A través de consultas, votando constituciones y estatutos o reformas legales', ha insistido. Todo ello dentro de la legalidad porque 'fuera de la ley, no hay democracia'. El PSC abre la puerta incluso a que el próximo mes de julio este asunto no protagonice el encuentro ideado por el PSOE, precisamente, para limar esas asperezas con sus socios catalanes. Estos últimos se conforman con que en el Comité Territorial de ese mes se pueda aprobar un documento de mínimos que constate la necesidad de reformar la Constitución en clave federal, que reconozca el carácter plurinacional del Estado.

Respecto a las diferentes propuestas presentadas por distintas federaciones socialistas sobre la modificación de la Carta Magna, el PSC se felicita de que haya 'un 80% de coincidencias' con todas ellas. 'Hay un consenso entre el PSOE y el PSC y es que el Estado de las autonomías necesita una reforma', reconocen los socialistas catalanes. 

Al margen del asunto estrictamente territorial el documento elaborado por la Fundació Rafael Campalans y en el que han colaborado, entre otros, la exministra de Defensa Carme Chacón o el viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, contempla la elaboración de una nueva Constitución que reconozca a España como un Estado federal y que contemple su pluralidad nacional. Los socialistas catalanes aceptan que 'España es una nación de naciones' y por ello exigen una definición 'precisa' de las competencias del Estado en la propia Carta Magna. 

Se trata de establecer de una vez y para siempre qué debe corresponder a una u otra administración, si bien se debe mantener 'la asimetría' entre comunidades autónomas en función de 'hechos diferenciales y de los derechos históricos'. El PSC, así, sí aboga por mantener el 'privilegio foral' de Euskadi y Navarra, si bien reclama 'una corrección solidaria' en el cupo. Es decir, que a la hora de financiarse, esas comunidades también deban aportar al conjunto del Estado.

Otro de los elementos importantes del borrador de los socialistas catalanes es la descentralización del Poder Judicial. El PSC pretende que el Tribunal Supremo tan sólo se limite a la unificación de doctrina, y que los Tribunales Superiores de Justucia (TSJ) pasen a conformarse en las últimas instancias judiciales. El Consejo General del Poder Judicial se reduciría a un órgano técnico y asumirían más protagonismo las Salas de Gobierno de los TSJ. 

La propuesta para el Senado equipararía la Cámara Alta al Bundesrat alemán, de manera que fueran los gobiernos autonómicos los que estuvieran allí representados y no los senadores por votación directa, como hasta ahora.