Pedro Alexandre Veiga es un empresario de origen portugués que divide su actividad entre Lisboa, Madrid e Eivissa (Ibiza). De hecho, una de sus empresas, Goas Link SL, se presenta como una sociedad especializada en la "identificación, compra, reforma, venta y en diferentes casos de alquileres de pisos de lujo en Madrid, Ibiza, y Lisboa".

De las tres zonas en las que centra su actividad, Eivissa es el lugar donde cuenta con una mejor red de contactos. Veiga es la pareja de María Fajarnés, política del PP que actualmente desempeña el cargo de consejera del Consell d'Eivissa de Promoción Económica y Empresarial y que hasta 2019 fue concejala en el Ayuntamiento de la ciudad isleña. Su suegro es el exalcalde de Eivissa Enrique Fajarnés, que también fue diputado del PP en el Congreso entre 2004 y 2016.

Pero Veiga no sólo mantiene buenas relaciones con el PP de la isla a través de contactos familiares. En Eivissa dirige una empresa, Diegabel SL, que gestiona una tienda de ropa de bebés del centro. María Fajarnés también ha estado vinculada a esta sociedad, tal y como aparecía en su declaración de bienes cuando era concejala. Pero en el origen de este negocio se encuentran dos parejas, una de mexicanos y otra compuesta por una americana y un ibicenco. Esta última es la conformada por la estadounidense Linda Scaperotto y su marido, Abel Matutes, el hijo del exministro y exalcalde de Eivissa Abel Matutes Juan.

Esos lazos con políticos y personajes influyentes de Eivissa han posicionado muy bien en la zona a este empresario con raíces familiares en la isla de Madeira. Pero una de las inversiones que ha llevado a cabo en Marina Botafoch, una de las áreas más lujosas de la llamada Isla Blanca, no ha acabado bien y ha dejado una deuda de más de 300.000 euros a casi 700 inversores.

Hace ahora tres años, Pedro Veiga puso en marcha un proyecto inmobiliario a través de la plataforma de financiación colectiva Housers. Solicitó a 693 inversores un préstamo de 500.000 euros para la compra, reforma y otros gastos relacionados con una vivienda de lujo de 150 metros cuadrados situada en la calle Sant Francesc de Formentera, 19. La idea de este proyecto, tal y como se presentó a los inversores, era reformar el inmueble y venderlo por un precio superior al de compra.

El préstamo vencía a mediados de 2021. Entonces, este empresario portugués envió una carta a los inversores explicando que había conseguido un comprador y que en el mes de julio firmaría un contrato de arras en el que cuantificaba el precio en 800.000 euros.

A partir de aquí la historia de este préstamo se complica entre engaños y compra-ventas no declaradas y los inversores sólo han recibido 200.000 euros del medio millón que dieron a Veiga.

Reestructuraciones financieras, avales que no se cumplieron y un posible pago en B

A finales de julio de 2021, Pedro Veiga se reunió con los prestamistas para informarles de que había hipotecado el inmueble del proyecto, algo totalmente prohibido por el contrato de préstamo. Los inversores aceptaron este incumplimiento y también la solicitud por parte del empresario de que se reestructurara la deuda. La propuesta de Veiga era devolver 200.000 euros cuando los casi 700 prestamistas aceptaran esa reestructuración y el resto, seis meses después gracias a los ingresos conseguidos con la venta del inmueble. Los 200.000 euros se devolvieron, pero el dinero restante nunca ha regresado a los bolsillos de los inversores. Mucho menos los intereses.

Cuando venció el plazo de la reestructuración, Housers, la empresa que gestionó el crowdfunding, detectó que Veiga había vendido el inmueble meses antes pero que no había devuelto el dinero a los inversores. En ese momento, el empresario explicó que efectivamente había vendido el inmueble, pero que lo había hecho por debajo de lo que se había firmado en el contrato de arras.

Público ha accedido a ese contrato de arras. En él se estipula que el comprador, un ciudadano italiano, paga a la sociedad de Veiga 300.000 euros –de los 800.000 del valor de la vivienda– en el momento de la firma de ese documento. Este dinero sirve como bloqueo de la venta y en ese acuerdo se establece una penalización para ambas partes en caso de que cualquiera de ellos se eche atrás. Si el vendedor no entrega la vivienda, tendrá que abonar al comprador el doble de ese dinero depositado. Sin embargo, si es el comprador el que se retira, entonces Veiga se quedaría con los 300.000 euros depositados.

A pesar de la existencia de este documento, Veiga aceptó vender el inmueble por 650.000 euros y no por los 800.000 establecidos en ese contrato. Es decir, pudiendo forzar al comprador, aceptó una rebaja de 150.000 euros sobre el precio de venta. "Sinceramente, no me lo creo. Nos han engañado", se lamenta Iván, uno de los inversores del proyecto que metió parte de sus ahorros en este proyecto.

Agentes inmobiliarios con larga experiencia en la compra-venta de inmuebles han afirmado a este diario que esto puede verse en operaciones en las que no se declara completamente el importe que el vendedor recibe. Es decir, hablan de la posibilidad de la existencia de un pago en B.

Una vez que Veiga reconoció la venta, solicitó a los inversores una nueva reestructuración de la deuda. Para garantizar los pagos estableció la venta de otro inmueble del que era titular en Madrid, en concreto, en la calle Santo Tomé, número 6.

Los prestamistas aceptaron, otra vez, una reestructuración. Pero, nuevamente, el empresario vendió el inmueble sin avisar a los inversores. Housers descubrió a finales de septiembre que Veiga se había deshecho un mes antes de la vivienda sin haber satisfecho los pagos que adeudaba. "La sensación que me da es que son unos sinvergüenzas. En este proyecto ha habido un cúmulo de acciones que ha realizado este individuo que, no soy experto, no sé qué delito es, pero no es legal", sentencia Iván en conversación con este medio.

Ahora, los casi 700 inversores han recurrido a una empresa especializada en recobros para intentar conseguir que este empresario muy bien posicionado en Eivissa liquide su deuda. "Esto va a suponer que perdamos casi un 15% del dinero que nos queda por recuperar, pero ahora nos conformamos con recibir algo de todo lo que hemos invertido", afirma Iván con resignación. 

Público se ha puesto en contacto con Pedro Veiga pero al cierre de esta información el empresario no ha respondido a las preguntas planteadas por este medio.