Publicado: 31.07.2016 20:33 |Actualizado: 31.07.2016 20:44

Familiares de presos vascos salen a las playas para denunciar la "sed de venganza" del PP

Casi seis años después del final de la violencia de ETA, el gobierno de Rajoy mantiene el “estado de excepción” contra los reclusos abertzales: la mayoría sigue en prisiones situadas a cientos de kilómetros de Euskadi. Tampoco acepta liberar a presos gravemente enfermos.

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Familiares de presos en la zona turística de Plentzia (Bizkaia). DA

Familiares de presos en la zona turística de Plentzia (Bizkaia). DA

@danialri

PLENTZIA (BIZKAIA).- Sonia Polo acaba de volver de Algeciras. Entre ida y vuelta, 2.400 kilómetros. Dionisio Orbe saldrá dentro de unos días rumbo a Cádiz. Otros 1.000 kilómetros por trayecto. Este domingo, ambos coincidieron en la ría de Plentzia (Bizkaia). ¿Vacaciones? No precisamente. Orbe tiene a su hijo preso. Sonia, a su hermano. “Tanto nuestros familiares como nosotros seguimos sufriendo la dispersión”, coincidieron en señalar a Público mientras participaban en una protesta contra la política penitenciaria del gobierno. Una política penitenciaria que aún hoy, cinco años y nueve meses después de que ETA terminase con la violencia, mantiene una legislación de excepción contra los condenados por terrorismo.

Ante esa situación, Etxerat -colectivo de familiares de presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale- ha decidido mantener su ya tradicional calendario veraniego: este domingo bajaron a Plentzia, y dentro de siete días estarán en otras 12 playas de Bizkaia y Gipuzkoa. Quieren que los turistas, sean de donde sean, conozcan que el gobierno español –y también el de Francia, donde hay cerca de 80 presos en 24 cárceles- sigue sin dar el brazo a torcer.

Las cifras hablan por sí solas. Según el último “mapa de la dispersión” elaborado por Etxerat, en la actualidad hay 371 presos políticos vascos dispersados en 70 cárceles. De ellos, solo tres están en prisiones de Euskadi. La mayoría de los reclusos cumplen sus penas alejados de sus lugares de origen: de acuerdo a este reporte –correspondiente al mes de junio-, el 83% se encuentra a distancias que oscilan entre los 400 y los 1.100 kilómetros. Son, a día de hoy, los únicos presos contra los que se aplica esta medida de excepción.

"Con estos actos queremos denunciar las consecuencias de la política de dispersión, tanto sobre nuestras familiares presos como sobre nosotros mismos"

“Precisamente por eso, con estos actos queremos denunciar las consecuencias de la política de dispersión, tanto sobre nuestras familiares presos como sobre nosotros mismos”, comentó a Público Nagore Mujika, coordinadora de Etxerat en Bizkaia. De hecho, las movilizaciones de este agosto son calcadas a las de otros años, cuando ETA mantenía su actividad y, por consiguiente, el Estado utilizaba ese argumento para mantener a los presos abertzales alejados de sus lugares de residencia.

“Las cosas siguen igual de mal. Es verdad que estamos ante un escenario político nuevo, pero los familiares tenemos que seguir hablando en pasado: fin de semana tras fin de semana, continuamos recorriendo miles de kilómetros, simplemente porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestros vínculos familiares y de amistad con las personas que están presas”, indicó Mujika poco antes de que comenzara la movilización de Plentzia, en las que varios familiares de reclusos portaban fotos de sus seres queridos. Otros llevaban banderolas con el mapa de Euskal Herria en negro y el lema que resume sus reclamos: “Euskal presoak, etxera” (Los presos vascos, a casa).



2.000 kilómetros para 40 minutos

Dionisio Orbe, cuyo hijo está encarcelado en Puerto de Santa María (Cádiz), era una de las tantas personas que portaba ese cartel. “Mi mujer y yo vamos una vez al mes. Recorremos, entre ida y vuelta, 2.040 kilómetros para estar cuarenta minutos con él”, relató. Ante esa situación, este hombre no duda de la motivación del gobierno español para mantener el actual sistema penitenciario. “La dispersión, además de suponer un desgaste físico y económico, es la venganza y el castigo que mantienen contra nosotros, los familiares de los presos”, afirmó a este periódico.

El “castigo” del que habla Orbe también afecta a los reclusos que se encuentran gravemente enfermos: de acuerdo a los datos que maneja Etxerat, diez presos con problemas de salud continúan en prisión, a pesar de que legalmente les correspondería estar en otra situación. “El caso más sangrante es el de Ibon Iparragirre, quien sufre una enfermedad grave y continúa en la cárcel de Alcalá, a pesar de que ya debería estar fuera”, comentó Mujika. Hace algunos días, los familiares de Iparraguirre –enfermo de sida- denunciaron que había sufrido una nueva agresión por parte de un funcionario de la prisión.

Familiares de presos en la zona turística de Plentzia (Bizkaia). DA

Familiares de presos en la zona turística de Plentzia (Bizkaia). DA

“Decían que todo esto iba a cambiar cuando callaran las armas. Nosotros también lo creíamos, pero nada de eso ha ocurrido. A día de hoy no ha habido ningún acercamiento, y continúan adelante con su política de castigo”, reflexiona Sonia Polo, quien acaba de llegar a Plentzia tras realizar la visita de cuarenta minutos a su hermano Sergio en la cárcel de Algeciras, una de las más lejanas de Euskadi. “Pensábamos que la respuesta de las administraciones (tras el cese de la violencia por parte de ETA) iba a ser inmediata, pero todo sigue igual”, lamentó.

Los conductores de las furgonetas Mirentxin son un buen ejemplo de ese “no cambio” del Estado en materia penitenciaria. A día de hoy, 800 voluntarios vascos trasladan en furgonetas a los familiares de personas presas hasta distintas cárceles. “Organizamos ‘Mirentxin’ porque la dispersión supone un coste muy grande para los familiares. No podemos olvidar que 16 personas perdieron la vida en la carretera, mientras iban o volvían de realizar una visita”, recordó a Público Iker Legarra, uno de los conductores voluntarios que este domingo aparcó la furgoneta para participar en la movilización de Plentzia.

Dossier para Urkullu

Las denuncias de los familiares llegarán este lunes a manos del lehendakari, Iñigo Urkullu. Según ha adelantado Etxerat, integrantes de este colectivo se acercarán a la basílica de Loiola –donde se celebrará el tradicional acto oficial por la festividad de San Ignacio- para entregarle un dossier al mandatario vasco. El documento estará centrado en “los menores que padecen las consecuencias de la actual política penitenciaria”. Como ejemplo, otro número: sólo en la provincia de Bizkaia, cada fin de semana 331 niñas y niños realizan largos viajes hasta diferentes cárceles. Son, como dice el informe que entregarán al lehendakari, “el lado más oscuro de la dispersión”.