La Fiscalía de Madrid ha confirmado este jueves que "el único pacto de conformidad" en la investigación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es el propuesto por el abogado del propio investigado al fiscal el pasado 2 de febrero de 2024.

Según informa la Fiscalía de Madrid a través de un comunicado, este es el único acuerdo, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, "que ha existido hasta la fecha". 

La Fiscalía ha querido aclarar así su actuación en relación a la denuncia interpuesta contra González Amador por los presuntos delitos de fraude a Hacienda y falsedad documental. 

En su nota, la Fiscalía Provincial de Madrid también señala que el día 23 de enero de 2024 la Sección de Delitos Económicos abrió unas diligencias de investigación penal tras recibir una denuncia de la Agencia Tributaria en la que aseguraba que la pareja de Ayuso podría haber cometido esos dos delitos.

El día 2 de febrero de 2024 el abogado defensor de González Amador se puso en contacto con la Fiscalía "para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal", añade la nota.

Las contradicciones de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido públicamente a su pareja ante las acusaciones de la Fiscalía. En concreto, este pasado martes alegó durante su estancia en Castelldefels (Barcelona) que González Amador está en estos momentos siendo sometido a una "inspección fiscal salvaje" y declaró que Hacienda debe a su pareja casi 600.000 euros.  

Su novio lleva meses bajo la lupa de esta entidad por el presunto fraude de 350.951 euros entre 2020 y 2021 en una supuesta trama de facturas falsas durante la pandemia. El enriquecimiento repentino de González Amador durante los meses de la Covid-19 motivó que Hacienda comenzara una inspección rigurosa de sus cuentas.

Tras llevarse a cabo una investigación, se pudo averiguar que González Amador generó 15 facturas falsas por gastos inexistentes valorados en 1,7 millones de euros a través de varias empresas pantalla. Según el PP, los cargos que se le atribuyen a la pareja de Ayuso por fraude fiscal no tienen nada que ver con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ayuso ya ha cargado contra el Gobierno de Sánchez, a quien acusa de "hinchar" el caso y contactar a los medios de comunicación para que la supuesta trama adquiera notoriedad pública.