Publicado: 04.04.2014 16:26 |Actualizado: 04.04.2014 16:26

El Gobierno blinda a la reina y los príncipes en la nueva ley del poder judicial

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Aforado: "que goza de fuero", es decir, de "privilegios y exenciones" y de una "competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo". Esta es la definición que la Real Academia Española hace del nuevo título que el Gobierno acaba de otorgar a la reina y a los príncipes de Asturias. Un título que ya pertenecía al rey -cuya inviolabilidad está recogida en la Constitución- y que ahora se extiende a buena parte de la familia real porque "era una disfunción que carecía de sentido" que no fuera así. Así se ha expresado hoy el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha incluido en la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada hoy por el Consejo de Ministros la normativa por la que Sofía, Felipe y Letizia quedarán blindados respecto a las actuaciones del Tribunal Supremo.

No obstante, Gallardón no considera esta condición un "privilegio". "El aforamiento no es un privilegio en beneficio del aforado, sino un instrumento para aumentar la seguridad jurídica sobre ciertas personas que el legislador entiende que debe ser objeto de tutela por las funciones de Estado que desempeñan", se ha excusado el ministro. Incluso ha llegado a calificar tal título como "casi un perjuicio en algunos casos", en alusión a la ampliación -plasmada en la nueva ley- del recurso de casación. "Ahora -ha explicado Gallardón- cualquier ciudadano podrá recurrir al Supremo, excepto si es aforado del Tribunal", justificó.

Preguntado sobre el por qué ha elegido este momento para blindar a la reina y a los príncipes, especialmente, cuando el Gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a desarrollar una ley que regule todos los aspectos relacionados con la familia real, el ministro zanjó rápido la cuestión: "Porque es ahora cuando estamos regulando la Ley del Poder Judicial". Y, de nuevo, volvió a excusarse: "No tenía ningún sentido que un ministro sea aforado y el príncipe y la reina, no". "Es una disfunción que carecía de sentido", recalcó. Y concluyó: "Hay algunos aforamientos en la propia Constitución, otros en los Estatutos de Autonómia y otros que sólo pueden estar en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Una ley que incluye, según detalló Gallardón en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el refuerzo del papel del Tribunal Supremo, del recurso de casación, del de amparo al Consejo General del Poder Judicial y el "aumento de garantías de la autonomía del Poder Judicial". Sin embargo, una de las medidas más polémicas ha sido la de crear "instrucciones colegiadas" para casos "con elevado número de imputados, con una excesiva instrucción, con un extraordinario número de volúmenes y con una extraordinaria complejidad técnica". Es decir, que casos como los de Gürtel o los ERE -según ejemplificó el propio ministro- serán juzgados, a partir de ahora, por tres jueces en lugar de por uno solo. ¿El objetivo? "Agilizar el sistema", aseguró. Aunque su nueva ley ya provocó durante su tramitación la dimisión de varios vocales del CGPJ y el recurso de la oposición al Tribunal Constitucional.