La vicepresidenta y el ministro de Justicia han presentado este viernes la reforma procesal con una ley de Enjuiciamiento Criminal que, por primera vez, contempla la limitación de la instrucción judicial en las causas de corrupción. 'Para que no haya ninguna sensación de impunidad ni tampoco sospechas prolongadas e indefinidas en el tiempo', justificó Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo ha optado por poner plazos a los sumarios: 6, 18 y hasta 36 meses (tres años) para las macrocausas por delitos relacionados con la corrupción.

Excepcionalmente, sin embargo y a instancias del fiscal por concurrir razones que lo justifiquen o de oficio por el juez, la instrucción podrá ampliarse más allá de los plazos citados, según señala literalmente el texto de la ley.

Por otro lado, la número dos del Gobierno ha señalado la relevancia de otra de las novedades de la reforma procesal: la posibilidad de que los bienes sustraídos por los corruptos sean recuperados. Sáenz de Santamaría ha informado del decomiso autónomo incluido en la norma y destinado a que se recuperen 'aquellos bienes que el corrupto o el sentenciado ha podido detraer del dinero público o beneficiarse de su actividad delictiva'.

Por su parte, Rafael Catalá ha subrayado la necesidad de reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, aunque los plazos señalados para su aprobación definitiva sean muy ajustados. El ministro de Justicia ha informado de que confía en recibir los informes de los órganos consultivos sobre este proyecto del Gobierno no más tarde del mes de febrero de 2015, para posteriormente, remitir el texto al Congreso de los Diputados, donde se inicie el trámite parlamentario que culmine en la luz verde a la ley a lo largo de 2015, un año señalado por las convocatorias electorales de autonómicas y municipales en mayo y de generales en noviembre.

Catalá ha subrayado la intención del Ejecutivo de que en la instrucción de los sumarios de casos de corrupción se fije 'un límite temporal infranqueable en el que el sumario haya de concluir' en todo caso. La intención, ha explicado el sucesor de Alberto Ruiz-Gallardón, parte de fijar un plazo ordinario de seis meses de instrucción, ampliable a 18 meses en causas complejas y con prórrogas previstas de hasta 36 meses máximo como 'límite infranqueable'. No obstante, el fiscal podrá solicitar debidamente justificada una ampliación de la instrucción.

El texto del Gobierno considera 'causas complejas' aquéllas que recaigan sobre grupos organizados, terrorismo, con numerosos hechos punibles o con muchos imputados (sujetos pasivos) o/y víctimas. Asimismo, se incluyen en esta clasificación las causas con numerosa documentación analítica, actuaciones en el extranjero o revisión de la gestión de las personas jurídico privadas o públicas.

Precisamente, el caso Gürtel-Bárcenas cumple todos los requisitos para poder clasificarse como causa compleja y sobre el juez que lo instruye, Pablo Ruz, ha sido preguntado el ministro Catalá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Teniendo en cuenta que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe decidir el día 9 si Ruz continúa en la Audiencia Nacional como sustituto que trabaja en comisión de servicios, al titular de Justicia se le ha planteado la cuestión de si retirar al instructor del caso Gürtel-Bárcenas y trasladar éste al juez que obtenga la plaza que ocupa Ruz ahora es 'agilizar' los procesos, como pretende el Ejecutivo.

Catalá ha tratado de imprimir normalidad al supuesto de que Ruz salga de la Audiencia Nacional, asegurando que 'lo que no es normal es tener plazas en comisión de servicios cuando hay vacantes'. El titular de Justicia cree que el CGPJ tomará la decisión 'más acertada', aunque ateniéndose a criterios generales y no a 'casos concretos'. En el Gobierno, la salida de Ruz se da prácticamente por hecha, aunque se alargue 'más o menos' semanas.