El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica este lunes un decreto, aprobado antes por el Gobierno, por el que se regula la "oficina de los expresidentes y expresidentas" autonómicos, que entrará en vigor el próximo 18 de febrero.

En él, se recoge que estos tendrán derecho hasta los 75 años, si así lo solicitan, a una "vocalía asesora", a elegir por el expresidente; también al uso de "un automóvil con dos conductores" y una "dotación" que sufrague los "gastos para el sostenimiento de la oficina", que se ubicará preferentemente en el Parlamento de Andalucía. También, los expresidentes dispondrán del servicio de seguridad o escolta que se determine.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) estima que el coste anual de esa oficina será de 223.843,78 euros, cantidad resultante de los recursos humanos que pone a su disposición, cuyo coste cifra en 194.163,78 euros, así como otros 29.680 euros para gastos de funcionamiento, según recoge Europa Press.

El decreto se apoya en una escueta –de apenas cuatro artículos– ley andaluza del año 2005, cuando gobernaba el PSOE de Manuel Chaves, que regula el Estatuto de los expresidentes de la Junta de Andalucía, en la que ya se recogía la creación de esta oficina.

Cinco expresidentes

El portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido que "no se crea nada que no exista ya" ni supone ningún aumento del presupuesto. Además, ha asegurado que por el momento, la única que se ha acogido ha sido la expresidenta Susana Díaz, hoy senadora, según recoge Europa Press. Cuando deje el cargo, Moreno también podría, en su caso, acogerse a la norma.

El Gobierno andaluz ha tenido cinco expresidentes: Rafael Escuredo (1979-1984); José Rodríguez de la Borbolla (1984-1990); Manuel Chaves (1990-2009); José Antonio Griñán (2009-2013); y Susana Díaz (2013-2019). Todos, excepto Díaz, tienen más de 75 años. Chaves y Griñán, además, tienen condenas de inhabilitación por los ERE.

Sin embargo, hasta ahora ningún Gobierno había regulado al detalle la oficina, que ha sido criticada por la izquierda. En el decreto, el Gobierno de Moreno expone que "el prestigio que le corresponde, aconsejan garantizar al titular de presidencia de la Junta de Andalucía, al término de su mandato, la preeminencia y dignidad de su cargo".

Luego, añade: "Debido al tiempo transcurrido desde la aprobación de la [ley de 2005] y la ausencia hasta el momento de un desarrollo reglamentario, procede determinar los medios personales y materiales necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas de los expresidentes y expresidentas de la Junta de Andalucía".