El Gobierno aprobó este viernes en el Consejo de Ministros una serie de medidas contra la corrupción entre las que incluye la prohibición del uso de las tarjetas de crédito con cargo a los ministerios para pagar los gastos de representación y evitar así 'ningún género de duda' sobre el uso de estos fondos. Los gastos de representación serán exclusivamente para los usos que fije la ley, de manera que los gastos reembolsables serán siempre con presentación de los justificantes.

Además, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la línea con una norma de ámbito internacional para luchar contra el blanqueo de capitales, se ampliará el número de altos cargos cuya actividad estará sometida a un 'control reforzado' y cualquier movimiento 'llamativo' en las cuentas corrientes que controlen estas personas con responsabilidad pública será comunicado.

El Gobierno busca igualmente aclarar y unificar toda la normativa que existe relativa a los cargos públicos, que es dispersa, que lleva 'muchas veces' a los ciudadanos a pensar que estos cargos tienen 'una serie de derechos que no son tales'.

El paquete de medidas aprobado por el Gobierno incluye también la reforma del Código Penal, para endurecer la respuesta de la ley contra los corruptos.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que este informe, redactado por una comisión de expertos y que  que conlleva la modificación de diez leyes, incluye la creación de un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de los partidos o el endurecimiento de las penas por corrupción, además de la prohibición del uso de tarjetas de crédito en los gastos de representación.

El informe de hoy va más allá e incluye unas 40 propuestas para un refuerzo del control de la actividad económica y financiera de los partidos, una mejor regulación del ejercicio del cargo público y medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, se regulará la figura del responsable económico y financiero de los partidos, que tendrán que comparecer anualmente en el Parlamento, y también se establecerá la obligatoriedad de todos ellos de enviar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, reciban o no subvenciones.

Según la vicepresidenta, para dar una mejor respuesta penal contra la corrupción, el Gobierno quiere consensuar con los partidos un bloque de medidas de tipo penal y procesal. Por ejemplo, un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos o la revisión de distintos tipos penales, como la prevaricación o el cohecho.