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El juez Andreu procesa a la cúpula militar ruandesa por genocidio

Ordena la detención de 40 militares por el genocidio de cuatro millones de personas

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu procesó ayer por genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo a 40 militares del Gobierno ruandés por el asesinato y desaparición de más de cuatro millones de personas dentro de un plan de exterminio por razones étnicas o políticas desarrollado en la década de los noventa.

El auto, de 182 páginas, ordena librar órdenes internacionales de detención contra todos ellos, de forma que puedan ser arrestados si abandonan su país en algún momento, como ocurrió con el dictador chileno Augusto Pinochet durante un viaje que realizó a Londres.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 no ha actuado contra el actual presidente de Ruanda y comandante en jefe del Ejército, Paul Kagame, porque goza de inmunidad por su condición de jefe de Estado, aunque admite en la resolución que existen indicios racionales de criminalidad contra él, gracias a un miembro de su guardia personal, ahora testigo protegido.

En un estadio y en escuelas

El exterminio se fraguó a mediados de los ochenta, a partir de los ruandeses tutsi refugiados en Ruanda que crearon la National Resistance Army y después el Front Patriotique Rwandais, con el objetivo de eliminar al mayor número de hutus y conseguir el poder por la fuerza. De ahí surgió el primer Ejército ruandés, cuyos miembros se procesa ahora: el Arme Patriotique Rwandiase (APR). Con el apoyo del gobierno ruandés, iniciaron la eliminación sistemática de destacados representantes de la etnia tutsi.

En 1991 comenzaron los ataques a localidades y los atentados terroristas para atemorizar a la población. Así, masacraron a 40.000 personas en Ruhengeri y provocaron la huida de un millón más.
El entonces presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, creó sus propias milicias para atacar a los tutsi, lo que fue aprovechado por el APR para sembrar el caos y la confusión con más atentados.

Pero para matar a cuatro millones de personas hacen falta muchos episodios de violencia. Uno de ellos ocurrió en el campo de fútbol de Byumba, en abril de 1994. Allí concentraron a 2.500 personas, a las que se obligó a tumbarse en el suelo. Después les lanzaron granadas y les ametrallaron. Unos días después ocurrió algo similar con 1.500 personas a las que se reunió a la fuerza en las escuelas infantiles de cinco localidades.

Nueve españoles asesinados

Entre 1994 y 2000 fueron asesinados nueve españoles, seis religiosos y tres civiles. Todos ellos trabajaban en campos de refugiados y denunciaban los abusos que sufrían los desplazados por la guerra.

Uno de ellos fue el padre Joaquín Vallmajó, quien denunció que “los tutsi habían lanzado una campaña mundial de desinformación para hacer creer que los asesinos son las víctimas y las víctimas los asesinos”. Lo apresaron miembros del APR y su cuerpo nunca apareció.

El padre Servando García y otros tres religiosos vivían en un campo con 30.000 refugiados administrado por la Cruz Roja bajo el patrocinio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR), que en 1996 decidió suspender la ayuda que prestaba. Los cuatro fueron torturados y aparecieron muertos.

El asesinato de tres miembros de Médicos del Mundo ocurrió en enero de 1997. Su delito: haber presenciado cómo se mataba a 50 personas en Kabere. Los 22 testigos que declararon ante el juez explicaron que para asesinar a personas blancas se necesitaba la autorización de altos cargos militares.

El papel de ACNUR

El auto no deja en muy buen lugar el papel desarrollado por ACNUR, al contar cómo a partir de 1996 decidió poner en marcha un programa de repatriación forzosa de los refugiados que se encontraban en Zaire. Les obligó a subir a camiones bajo la amenaza de que, si no, vendrían soldados de Kabila. Muchos prefirieron suicidarse antes de volver a su país. Además, como era imposible que encontraran a todos los hutus ofrecieron a los zaireños 10 dólares por todo refugiado que entregaran.

Un año después, una alta comisaria de Naciones Unidas ofreció a los refugiados del campo Tingi-Tingi ayuda humanitaria para los que quisieran volver. Unos días después el APR arrasó el campo. Los cuerpos fueron quemados o enterrados en fosas comunes, muchas de ellas en las reservas naturales.