El juez central de instrucción 3, Javier Gómez Bermúdez, ha dictado un auto en el que amplía la responsabilidad civil en la comercialización de las cuotas participativas al Banco Sabadell. El escándalo ha dejado tirados a 55.000 afectados, que invirtieron un total de 292 millones de euros en cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la Caja Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Estos productos financieros complejos comenzaron a cotizar un 22 de julio de 2008. Un 65,5% de las mismas se colocaron entre minoritarios. Un informe del Banco de España sostiene que la contabilidad de la caja de ahorros fue falsificada, por lo que no obedecían a su valor real en las ventas de los años 2010 a 2011.

Un 65,5% de estos productos financieros complejos se colocaron entre accionistas minoritariosLa CAM fue intervenida en julio de 2011 por el Banco de España y vendida por un euro al Banco de Sabadell cinco meses después. Previamente, la entidad exigió una recapitalización de 5.249 millones de euros de ayuda. La inyección de capital fue pagada por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos, cajas y cooperativas. Y el patrimonio de la caja se redujo a cero para hacer frente a las deudas.

Ahora, Gómez Bermúdez ha estimado los argumentos planteados por la Fundación CAM -heredera de la CAM-, para que la responsabilidad civil sobre estos 55.000 inversores que se han quedado colgados con casi 300 millones pueda ser asumida también por el Banco de Sabadell.

El magistrado acoge la petición del abogado de la Fundación CAM, quien mantiene que es la entidad catalana, heredera del negocio financiero de la CAM, la que se ha beneficiado de la comercialización de los títulos.

El Sabadell ofreció soluciones a los dueños de participaciones preferentes, pero no a los de las cuotas participativas porque consideró que era una inversión que se había quedado en el seno de la caja CAM, y no del banco CAM que habían adquirido.

La Fundación CAM llevó a cero el valor de estas cuotas participativas el pasado 28 de marzo, después de que hayan estado casi tres años suspendidas en Bolsa y tras ser requerida para que tomase una decisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El auto, avanzado este viernes por la Cadena Ser, ha sido ya comunicado a las partes. La resolución puede ser recurrida.