El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo, a los mandos policiales Constancio Riaño, Enrique García Castaño y Antonio Bonilla en el marco de la pieza ocho de la macrocausa 'Tándem' , que versa sobre los informes de investigación realizados sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano en relación con una disputa económica que mantenía con una vecina. 

La pieza, bautizada como 'Marbella', se abrió con la denuncia que el empresario  Gómez Zotano interpuso contra Villarejo en noviembre de 2017. Ahora, el magistrado concluye la instrucción considerando que existen indicios para juzgar a Villarejo, Redondo y al abogado David Macías por delito de cohecho pasivo; a Marzena Katarzina --la mujer que reclamaba a Gómez Zotano una cantidad económica-- por cohecho activo; así como a Riaño, García Castaño, Bonilla y Redondo, por delito de descubrimiento y revelación de secretos.

García-Castellón acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto a Eugenio Pino, ex director adjunto Operativo (DAO), los policías Juan José Díaz Álvarez y José Maria Serrano Ydígoras, así como de Juan Carlos Escribano Cárcel. 

El juez explica que Marzena Katarzina entró en contacto con el bufete Stuart&MCkenzie, propiedad  de Villarejo, en el verano de 2015 para iniciar una estrategia conjunta de tipo civil y penal frente a Gómez Zotano con el objeto de que éste le restituyese las cantidades que ella le había entregado a cuenta de una relación inmobiliaria entre ambos. 

Según figura en el sumario de 'Marbella', al que ha podido acceder Público, el empresario marbellí acusa al comisario jubilado Villarejo de  "extorsionarle" para "sustentar una querella" que en julio de 2015 había interpuesto contra él Marzena Katarzina, su vecina e inquilina, por "apropiación indebida" de 700.000 euros que ella le había entregado en 2008; es decir, que dicha "apropiación indebida" se habría producido siete años antes de la fecha de interposición de dicha querella. 

En diciembre de 2015, Marzena Katarzina amplió su querella inicial con la acusación de "fraude fiscal", apoyándose en un dossier de Villarejo sobre las empresas de Gómez Zotano. 

Dicho informe fue elaborado por el Grupo Cenyt, gestionado por el comisario jubilado, y contenía documentación patrimonial y personal sobre el empresario marbellí, y, según el magistrado, el dossier plasmaba "indicios de la existencia de fraude fiscal y blanqueo de bienes en su actuación". Según el auto de la Audiencia Nacional, para la confección de ese informe "se acudió a bases de datos y a registros que no son accesibles al público"  y a los que pudo acceder por la intervención de los responsables policiales investigados. Dicho informe  fue presentado por Marzena Katarzina en las causas judiciales que tuvo contra el empresario.

La versión del empresario

En conversación telefónica con Público, en enero de 2020, Felipe Gómez Zotano explicó que Marzena Katarzina, la querellante, es una señora de origen polaco a la que había alquilado un chalé contiguo al suyo y con la que en 2008 llegó a un acuerdo por el cual ella podía adquirir la vivienda entregando 700.000 euros de señal pero comprometiéndose a subrogarse la hipoteca que tenía la vivienda en un plazo determinado. 

De no cumplir con el plazo para la subrogación (y, según el empresario, Katarzina no cumplió), la adquisición del chalé no se materializaría y Gómez Zotano se quedaría con los 700.000 euros adelantados. Éste afirma que su vecina siguió ocupando la vivienda y dejó de pagar el alquiler durante nueve años; asegura no haber instado un desahucio porque "su inquilina tiene un hijo pequeño y él es un hombre de familia". 

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 destaca que cuando se llevaron a cabo los hechos José Manuel Villarejo era comisario de Policía en activo y que "no existía ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de datos de Felipe Gómez Zotano".

En relación con la investigación del delito de extorsión, el magistrado lo descarta toda vez que no se aprecia ningún acto de violencia ni de intimidación preordenados a que el empresario realizase ni omitiese un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.