La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, sigue generando miles de sanciones y la recaudación de millones de euros, mientras el Congreso de los Diputados afronta muy lentamente la reforma de un texto que, en su casi totalidad, acaba de ser avalado por el Tribunal Constitucional.

Desde su entrada en vigor en julio de 2015, con el Gobierno de Mariano Rajoy, y hasta el 31 de diciembre de 2019, ya con uno de Pedro Sánchez, se han impuesto con esta norma un total de 1.009.729 multas con una cuantía global de 563,3 millones de euros, sin contar las que hayan podido imponer los cuerpos de seguridad autonómicos de Euskadi, Catalunya y Navarra, que no están recogidas en las estadísticas del Ministerio del Interior.

El consumo o tenencia de drogas en la vía pública, considerado una infracción grave en el artículo 36.16 de esta ley, ha motivado 704.604 sanciones, el 70% de todas las que se han impuesto con esta norma desde su implantación, según los anuarios estadísticos de Interior. Estas infracciones son sancionadas con multas que van desde un mínimo de 601 euros hasta un máximo de 30.000, unas cantidades que vienen determinadas por el grado mínimo, medio o máximo que aplique la administración sancionadora en función de la denuncia interpuesta por las fuerzas y cuerpos de seguridad y teniendo en cuenta principalmente la reincidencia del infractor.

Las estadísticas reflejan que, aparte de por consumo o tenencia, se imponen multas relacionadas con las drogas, en un número muy inferior, por cultivo de plantas, fundamentalmente de cannabis, y por tolerancia del consumo en locales o establecimientos públicos.

El segundo lugar en número de sanciones lo ocupan las relacionadas con la seguridad ciudadana (manifestaciones y concentraciones, respeto y colaboración con las fuerzas de seguridad, documentos de identificación, vandalismo y ocupación de inmuebles) que suman 197.288 en los cinco primeros años de vigencia de la Ley Mordaza, el 19,5% del total. Entre las infracciones de estos preceptos más sancionadas se encuentran la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas por la autoridad por razones de seguridad pública; la desobediencia o la resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, la negativa a identificarse y las faltas de respeto y consideración hacia un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando estas conductas no son constitutivas de infracción penal.

Y en tercer lugar se sitúan las multas por incumplimiento del articulado que se refiere a la tenencia, fabricación o transporte de armas o explosivos cuando ese hecho no constituya por su gravedad un delito penal, que suman 107.837 infracciones desde la entrada en vigor de la ley, el 10,5% del total.

Estabilización de las cifras en el último año

La última estadística del Ministerio de Interior publicada, la de 2019, refleja, sin embargo, una estabilización del número de sanciones impuestas tras la subida continua de las multas que se había registrado en los años anteriores. Según el informe, el pasado año, el primero completo de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno, las multas de la Ley Mordaza experimentaron un leve descenso del 2% con respecto a las tramitadas en 2018, lo que supuso en consecuencia una bajada de 3,5 millones de euros en la cuantía recaudada.

En el caso de las infracciones por consumo de drogas en la vía pública, las sanciones bajaron apenas un 0,8% en 2019 y superaron las 175.000 multas, con una cuantía total por encima de los 115 millones de euros, lo que supone una media de 481 multas por día. Interior destaca, además, en su informe estadístico que España ha experimentado un incremento del 305% de las incautaciones de plantas de cannabis en los últimos cinco años, en los que se han llevado a cabo 3.416 detenciones por tráfico y cultivo, el mayor número en Cádiz y Barcelona (más del 32% del total), seguidas de Granada, Valencia y Almería.

En cuanto a multas por asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, el año pasado sobresalieron las 18.687 por faltas de respeto a los agentes de las fuerzas de seguridad contempladas en el artículo 37.04, y las 12.645 impuestas por desobediencia o resistencia a la autoridad estipuladas en el artículo 36.06.

A falta de los datos de los cuerpos de seguridad de Cataluña, Euskadi y Navarra, las comunidades autónomas que en 2019 volvieron a registrar un mayor número de sanciones de la Ley Mordaza fueron las de Andalucía, muy por encima del resto con 81.703, Comunitat Valenciana (26.596), Canarias (24.695), Castilla-La Mancha (17.417) Castilla y León (17.352) y Aragón (15.639).

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy fue uno de los asuntos que quedó pendiente de la anterior legislatura cuando ya estaba bastante avanzada una ponencia para modificar parte de su articulado con el acuerdo de fuerzas de izquierdas y nacionalistas, fundamentalmente. Una vez reanudada la actividad parlamentaria, el pasado mes de septiembre, el Congreso admitió a trámite debatir la propuesta de reforma de la ley presentada por el PNV, pese a los votos en contra de PP y Vox.

La supresión de las sanciones por grabar imágenes de los cuerpos de seguridad del Estado o acotar el término de seguridad ciudadana para evitar dar pie a ambigüedades son algunos de los aspectos principales que se plantean en la propuesta de reforma, ya que la mayoría de los grupos parlamentarios consideran la indefinición del articulado de la ley como uno de sus mayores defectos.

La otra pata que quedaba pendiente en torno a esta polémica norma ya se aclaró la semana pasada, cuando El Tribunal Constitucional comunicó su fallo favorable a la casi totalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana, incluidas las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera. El Pleno del Constitucional aprobó la sentencia por mayoría de sus miembros, resolviendo así, cinco años después, el recurso que presentaron diputados de PSOE, IU, Compromís, Coalición Canaria, Geroa Bai y UPyD por supuesta vulneración de una docena de artículos de la Constitución española, fundamentalmente los de tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión.

El único precepto de la Ley Mordaza que no avala el Constitucional es el que se refiere a las grabaciones de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En ese caso, el Tribunal declara la inconstitucionalidad del artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sanciona "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".