Publicado: 24.04.2015 14:45 |Actualizado: 24.04.2015 14:56

Más de 100.000 firmas en sólo un mes contra la privatización del Registro Civil

La ciudadanía se ha volcado para sumarse a la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa Comisiones Obreras en contra de traspasar la custodia de los datos legales de los españoles a manos de registradores de la propiedad

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Trabajadores del Registro Civil protestan contra la privatización del organismo. EFE

Trabajadores del Registro Civil protestan contra la privatización del organismo. EFE

MADRID.- Más de 100.000 personas han firmado en sólo un mes su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa Comisiones Obreras en contra de la privatización del Registro Civil y que ha llevado al Gobierno a echar el freno a sus intenciones.

El sindicato califica de “espectacular” la acogida que ha tenido la iniciativa para solicitar a las Cortes Generales que el Registro Civil no pase a manos de los registradores de la propiedad. En sólo un mes, más de 100.000 personas entre funcionarios, trabajadores, asociaciones cívicas, personas anónimas y hasta periodistas ha suscrito el documento que reclama a las Cortes Generales que impida este traspaso.

El Registro Civil custodia todos los datos legales de los españoles, como su nacimiento, matrimonio, incapacidades o fallecimiento. En estos momentos, los registros civiles dependen de los jueces, pero el Gobierno quería traspasarlo a los registradores que son funcionarios públicos pero que gestionan los registros como empresas privadas con sus empleados.



Para CCOO, este vuelco de la ciudadanía en el apoyo a la ILP contra la privatización del Registro Civil y que éste siga siendo un servicio público cercano a la ciudadanía, gratuito y servido por funcionarios de la Administración de Justicia, es una nueva demostración del rechazo de la ciudadanía a la política de privatizaciones que el Gobierno del Partido Popular ha llevado desde su entrada en el Gobierno.

La ILP pide que el Registro Civil siga siendo un servicio público gratuito integrado en la Administración de Justicia y que los datos de las personas estén sujetos a la confidencialidad y la privacidad que garantiza su tratamiento por funcionarios y funcionarias de la Administración Pública.

El Gobierno del PSOE impulsó un cambio legal en 2011 para desjudicializar el registro civil. Los planes iniciales eran que fueran llevados por los secretarios judiciales, que sí son funcionarios públicos.

Sin embargo, tras gastar 129 millones de euros en la digitalización de los documentos desde 1871, el PP aprobó sin consenso la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que atribuye la gestión de los Registros Civiles a los Registradores a partir de julio de 2015.

El Gobierno anunció que sería gratuito, pero han trascendido documentos sobre las negociaciones entre el Gobierno y los registradores de la propiedad y mercantiles para implantar nuevos aranceles.