Publicado: 17.10.2016 17:17 |Actualizado: 17.10.2016 17:17

Matas se sentará en el banquillo por contratar a 'dedo' a Calatrava para un proyecto de ópera por 1,2 millones

El juez Castro aprecia que existen "racionales indicios" contra el expresident balear de la comisión de prevaricación y tráfico de influencias. El fiscal pide un año y tres meses de cárcel. El edificio nunca llegó a construirse.

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Jaume Matas en una reunión con el arquitecto Santiago Calatrava.

Jaume Matas en una reunión con el arquitecto Santiago Calatrava.

PALMA.- El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha abierto juicio oral al expresidente del Govern balear Jaume Matas por prevaricación y tráfico de influencias en el caso Ópera, después de que la Fiscalía haya formulado acusación contra él y la Abogacía de la comunidad se haya adherido a ella.

En un auto dictado hoy, Castro ha abierto juicio oral contra Matas como único acusado por la pieza número 3 del llamado caso Palma Arena, por la contratación de un anteproyecto para construir una infraestructura para albergar artes escénicas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.



Castro aprecia que existen "racionales indicios" contra Matas de la comisión de prevaricación y tráfico de influencias, que tienen "entidad suficiente" para que el acusado tenga que enfrentarse a un juicio oral que "esclarezca definitivamente la verdad de lo acontecido".

El magistrado ha acordado además reclamar a Matas una fianza de 160.000 euros como medida cautelar, al objeto de asegurar las responsabilidades civiles que se postulan en esta causa contra él.

Después de que la Abogacía de la comunidad autónoma pidiera el archivo de esta causa en marzo de 2015, y volviera a solicitarlo el pasado 19 de septiembre, Castro ha aceptado ahora que la representación legal de la comunidad se haya adherido al escrito de acusación de la Fiscalía.

Castro admite la adhesión de los letrados de la comunidad por entender que no añade nueva calificación delictiva "ni pena más gravosa" contra Matas, por lo que no implica indefensión alguna. Además ha detallado en el auto que la Abogacía de la comunidad autónoma nunca ha renunciado a ejercer acciones civiles en esta pieza.

El desestimiento de la Abogacía de acusar a Matas en el caso Ópera y en el referido a la adquisición del llamado "palacete" del expresidente generó una polémica política que derivó en la destitución del director general del departamento jurídico de la administración autonómica, Lluís Segura.

El Govern balear instó la semana pasada a la Abogacía a estudiar volver a personarse como acusación contra el expresidente en el caso de la ópera.

El fiscal pide 15 meses de cárcel

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach presentó el pasado viernes su escrito de acusación en esta causa, pidiendo 1 año y 3 meses de prisión para Matas por contratar de forma arbitraria en abril de 2007 al arquitecto Santiago Calatrava un anteproyecto para construir un palacio de la ópera en la bahía de Palma que no se llevó a cabo.

Lo acusa de tráfico de influencias y prevaricación y, además de la pena de prisión, pide para él una multa de 120.000 euros por el primer delito y a 10 años de inhabilitación para cargo público por el segundo, y que pague 120.000 euros de responsabilidad civil a la comunidad autónoma de Baleares.

Según el fiscal, Matas decidió a principios de 2007 "de forma unilateral" que durante la siguiente campaña electoral para las elecciones autonómicas previstas en mayo presentaría un gran proyecto de obra para Palma, con el objetivo de "favorecer sus intereses propios como candidato a la presidencia del Govern".

Matas era consciente de "la imposibilidad material y económica del proyecto", del que no existe ningún estudio económico, de viabilidad ni de ubicación y para llevarlo a la práctica contactó con Calatrava y alcanzó con él "un acuerdo verbal" para que presentara un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio destinado a ópera y artes escénicas, por 1,2 millones de euros.

Posteriormente emprendió actuaciones para otorgar apariencia de legalidad a la decisión, así como para ocultar su participación en la misma y simular la existencia de "interés exclusivamente público" en la contratación de Calatrava. La presentación del proyecto fue suspendido por la Junta Electoral ante una denuncia del Partido Socialista.